Imanol Crespo | Miércoles 18 de marzo de 2015
PxC considera que la contratación responde a su militancia socialista, mientras que el gobierno local habla de mera casualidad
El grupo municipal de Plataforma por Catalunya de Sant Boi ha vuelto a levantar el debate tras la última contratación de la que fue número 12 en la candidatura del PSC a las elecciones municipales de 2011, Najat Bensar Benaich. “Este mes nos pasaron las actas de las contrataciones de urgencia y nos dimos cuenta que habían contratado a la número 12 en las listas. Este caso es muy descarado porque es que si ahora dimitiera algún concejal, sería ella la que entrara”, explica el portavoz del grupo municipal, David Parada.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Sant Boi contrató recientemente a seis encuestadoras, entre ellas, Najat Bensar quien además de estar en las listas municipales también fue la número 48 del PSC en las últimas elecciones autonómicas. Se trata de una contratación temporal de un año para la realización de encuestas para el proyecto ‘Sant Boi Ageing Study’ realizado entre el Ayuntamiento y el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. “Podemos entender que alguien se pregunte cómo ha sido el proceso, y más si somos la fuerza de gobierno, pero tenemos la tranquilidad de haberlo hecho bien. Es casualidad”, dice el director del Área de Gobierno y Ciudadanía, Francisco Gutiérrez.
Según la versión oficial del gobierno local, se decidió elegir a 8 personas que ya habían participado previamente en Planes de Ocupación del Ayuntamiento como encuestadoras. “Teniendo en cuenta el perfil concreto que se necesitaba pedimos a la UAPA (Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació) los informes de referencia que respondían a este perfil”, explica Gutiérrez. Según expone el representante de la fuerza de Gobierno de Sant Boi, de entre las 25 encuestadoras que habían participado en antiguos Planes de Ocupación, se eligió, presuntamente, a los ocho mejores informes que fueron presentados a Sant Joan de Déu. Éstos, a través de la empresa Ipsos, fueron los encargados de hacer una entrevista a cada una de las candidatas para evaluar sus perfiles y confirmar su contratación. De hecho, de las ocho personas que la UAPA ofreció de manera preliminar, seis fueron las seleccionadas y dos quedaron como posibles sustitutas: “No se abrió un proceso de plaza pública a nivel abierto para no complicar tampoco la gestión de Sant Joan de Déu”.
Según recoge el informe de Ipsos, Najat Bensar es “licenciada en filología inglesa, domina cinco idiomas y tiene mucha experiencia profesional. En su país (Najat es procedente de Tánger) era funcionaria, y aquí ha trabajado de administrativa, como técnica de inmigración e, incluso, como intérprete para los Mossos d’Esquadra. Ha hecho encuestas para el Ayuntamiento en inmigración, telefónicas sobre atención domiciliaria y sobre calidad de vida”. En cualquier caso, el debate seguirá abierto teniendo en cuenta que el proceso se hizo a través de contrataciones de urgencia para evitar, según el gobierno municipal, una gran convocatoria y un gran proceso para solo seis puestos; y que el Ayuntamiento ofreció, a través de la UAPA, los ocho nombres que luego fueron escogidos y evaluados por Ipsos.
Protección de Datos o Transparencia
El nuevo episodio parte del envío de las actas ‘internas’ en donde se recoge, entre otras cuestiones, las contrataciones de urgencia. Tras pedir, David Parada, una explicación en referencia a Najat Bensar, el gobierno municipal habló, también, de pura casualidad. Sin embargo, la guerra dialéctica y política va camino de llegar al ámbito judicial.
David Parada quiso exponer estos hechos en su artículo de opinión del Viure de Sant Boi, el boletín municipal que publica el Ayuntamiento. Según ha podido confirmar esta cabecera, el Área de Gobierno, área responsable de comunicación, impidió hacer mención de la persona “en coherencia y bajo el criterio de la protección de datos” pese a que se mantenía el contenido. Por su parte, David Parada ha presentado una petición oficial para que el secretario general realice un informe jurídico que argumente, según expone, “la censura totalmente absurda sufrida por este grupo municipal”.