El mundo judicial reclama un Pacto de Estado para poner fin a deficiencias históricas | Los expertos solicitan una mejor organización y más medios para poder ofrecer un servicio público de calidad a todo el mundo
La justicia es la mejor institución que hemos encontrado hasta la fecha para resolver los conflictos de manera pacífica y, sin embargo, se ha convertido en “la cenicienta del Estado, la que no se menciona en los mítines políticos”. Con estas reflexiones comenzaba la mesa redonda organizada por BCN Content Factory en L’Hospitalet de Llobregat, sede de la Ciudad de la Justicia, a propósito de la presentación del capítulo dedicado al poder judicial en el libro Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet.
Los trabajadores de la justicia allí reunidos expusieron sin tapujos algunas de las deficiencias históricas de un “poder judicial que no ha hecho ni la primera transición”, en palabras de la concejala de L’Hospitalet y diputada en el Congreso por el PSC, Mercè Perea. La política y exabogada también mostró su preocupación por la sensación de injusticia que posee la ciudadanía ante los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos, sean del signo que sean, y aseguró que no puede existir “una justicia de dos, tres y hasta cuatro velocidades”, en función de los recursos económicos de los afectados. Es por ello que reivindicó más medios para ofrecer un servicio público y se ofreció a trabajar por un Pacto de Estado: “Nos hemos de poner de acuerdo sí o sí, porque hemos de ser capaces de dar un resultado a la ciudadanía”. Y este acuerdo “pasa por todo el abanico parlamentario”, para que ninguna formación lo recurra y lo convierta en papel mojado.
El juez decano de Esplugues y Sant Just Desvern, Pablo Catalán, mantuvo una línea similar, ya que reconoció la existencia de “deficiencias” que acaban padeciendo los ciudadanos. Así, sostuvo que “no es tolerable que tengamos juzgados de primera y de segunda en función de si están en una capital de provincia o en pueblos”. En su caso, reconoció que los juzgados mixtos –de primera instancia e instrucción- obligan a juez, secretario y funcionarios a saber de todo, lo que les impide especializarse y ofrecer un mejor servicio, frente a bufetes de abogados, fiscales y acusaciones particulares que cuentan con especialistas en cada una de las materias judiciales. Es por ello que aprovechó la presencia de la diputada para solicitar “que se permita especializarse a los jueces desde el primer momento. Si no, no se extrañen de que huyamos en cuanto podamos hacia destinos mejores”. Y así, “ciudades como Esplugues, en mi caso concreto, nunca tendrá jueces, secretarios ni funcionarios expertos”.
Infraestructuras y condiciones laborales precarias
De hecho, uno de los problemas del Baix Llobregat y, algo menos, de L’Hospitalet, se halla en la elevada movilidad de sus ejercientes, ya que se trabaja muchas horas, por un salario menor que en las grandes capitales y en condiciones lamentables. Catalán hizo referencia, por ejemplo, a la ausencia de espacios debidamente acondicionados o la falta de seguridad de su propio juzgado, ubicado en un edificio diseñado para oficinas. Y “si a mí me entra hoy un caso de corrupción, el juzgado se hunde. Y al final el ciudadano es el que sale perjudicado”. Sobre la independencia de los jueces, indicó que no suele recibir presiones, bien porque no ha tenido que juzgar ningún caso mediático, bien porque los magistrados consiguen su puesto a través de oposiciones y, por tanto, “no le deben nada a nadie”.
Por su parte, el delegado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en L’Hospitalet, Jordi Muñoz, manifestó que la justicia “debería ser igual para todos”, pero que en realidad varía “según el juzgado que te cae”. Muñoz puso además en evidencia la organización “poco práctica” de la justicia, pues, por ejemplo, el partido judicial de Martorell presta servicio a una población como Masquefa, que pertenece a la comarca de la Anoia; y los trabajadores del partido judicial de Gavà tienen que trasladarse a Vilanova, y no a Barcelona, para seguir los procesos penales. El abogado también puso en valor el servicio que prestan mediante el turno de oficio, ya que garantiza el derecho de todo el mundo a disponer de un abogado, aunque reconoció que muchas veces parecen “mercenarios”, pues les toca defender tanto a la víctima de violencia de género como al agresor.
Entre los asistentes al acto celebrado en la biblioteca Tecla Sala de L’Hospitalet se hallaba también el representante del colegio de procuradores en L’H, Jordi Xipell, quien consideró que la implantación de las plataformas informáticas había sido un “caos”, hasta el punto de que han pasado “de profesionales jurídicos a profesionales informáticos”. La puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales mereció el calificativo de “fiasco”, sobre todo en Cornellà, donde expulsaron a cuatro funcionarios en el momento de implantarla, justo cuando más los necesitaban. La diputada en el Congreso recogió el guante y reconoció que poco se podía hacer sin recursos, materiales y humanos, y que estos cambios debían realizarse de manera progresiva para evaluar su éxito.
También tomó la palabra un representante de la Asociación de Padres de Familia Separados, para quejarse de la inexistencia de un criterio común entre los jueces para decidir sobre la custodia de los hijos. Catalán expuso que él repartía la responsabilidad entre madre y padre, siempre que no corriera peligro la salud del menor, pero reconoció que otros jueces aplicaban criterios diferentes y, por tanto, tal vez hiciera una mayor precisión legal. La última en participar fue una funcionaria judicial, que sintetizó en gran medida el leit motiv de los allí presentes: “Me encanta lo que hago, pero como ciudadana siento que la justicia es lenta y floja”.
La próxima presentación se centrará en el mundo laboral y se celebrará el 30 de marzo a las 19 horas en la biblioteca de Martorell (Av. Mancomunitats Comarcals, 13).