La idea pululaba en el ambiente desde hacía tiempo, pero finalmente fue Esquerra Republicana quien se llevó el gato al agua. Sabiendo que las relaciones entre la administración y la ciudadanía se hallan bastante deterioradas, el grupo municipal propuso la creación de un “órgano local independiente que vele específicamente por los derechos de los ciudadanos en las relaciones que mantienen con el Ayuntamiento y los organismos que dependen de él”. La moción se aprobó en el pleno del 28 de julio de 2015, con los votos a favor de ERC, CDC, PSC, ICV-EUiA-Pirates-E y el entonces existente Guanyem. El Partido Popular y la CUP-PA se abstuvieron y Ciutadans votaron en contra.
Más concretamente, en la moción se insta a “promover una comisión formada, dentro del Consejo de Ciudad, por el Gobierno municipal, los grupos políticos municipales y las principales entidades vecinales y sociales de L’Hospitalet para realizar en un periodo máximo de seis meses una propuesta de reglamento del Defensor o Defensora de la Ciudadanía así como una propuesta de proceso participativo para escoger el Defensor o Defensora de la Ciudadanía”. El portavoz del grupo municipal de ERC, Antoni García, ha aclarado que los seis meses han de contarse a partir de la creación del Consejo de Ciudad, cuyo plenario se aprobó en el pleno del mes de febrero, por lo que dicha figura podría estar creada antes de que llegue el verano, esto es, un año después de su aprobación.
Ahora bien, esto no resulta del todo seguro, ya que en el Ayuntamiento también existe una Comisión Especial de Quejas y Sugerencias que, según expuso Ciudadanos en el pleno de julio, desarrollaría “casi” las mismas competencias que se atribuirían al Defensor o Defensora y cuyo presidente sería la alcaldesa o en quien esta delegara, no necesariamente un cargo municipal, según fuentes del Consistorio. Estas también han asegurado que ya se está trabajando en la elaboración del Reglamento de Quejas y Sugerencias de la citada comisión, pero indican que todavía es demasiado pronto para saber cómo se coordinará con la figura del Defensor o defensora de la ciudadanía, del pueblo o Síndic de Greuges, que hay denominaciones para todos los gustos.
Independiente, competente, con recursos y barato
Mientras tanto, parece existir cierto consenso a la hora de establecer los requisitos del candidato o candidata al puesto. La independencia constituye uno de los más apreciados. ERC lo dejó bien claro cuando presentó su moción, pues buscan a una persona “con autonomía propia y no vinculada a ninguna área del gobierno municipal”. Convergència i Unió, por su parte, considera que, además de independiente, ha de ser una persona “válida”, esto es, competente en el tema. En definitiva, como ha sintetizado ICV-EUiA-Pirates-E, se busca a alguien “que haga su función, que esté al alcance de todo el mundo y que preste el servicio que la ciudadanía necesita”.
Partido Popular y Ciutadans, por su parte, han llamado la atención sobre la cuestión económica. No en vano, el PP alegó dudas sobre el coste de la iniciativa para las arcas municipales, hecho que motivó su abstención. Y el partido naranja votó en contra de la moción, precisamente porque consideraban que su creación suponía una “duplicidad innecesaria” ya que, además de la citada Comisión dentro del Ayuntamiento, existe un Síndic de Greuges a nivel de Catalunya y un Defensor del Pueblo de ámbito estatal que también ejercen competencias en el mundo local. El dilema no parece fácil de resolver, ya que dicha figura necesitaría también una dotación económica y personal suficiente para hacer bien su trabajo, como apuntó el portavoz de la CUP-PA, Khristian Giménez y, por tanto, en ningún caso tendrá coste cero, como aseguraron desde las filas del PSC. III