La alcaldesa exigirá un calendario para garantizar la apertura de la línea 10-Sur a su paso por L’H en la comisión bilateral de julio con la Generalitat

Las mociones de los grupos de la oposición han vuelto a ser las protagonistas del pleno del mes de mayo. La línea 10-Sur de metro, las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento y el Plan Director Urbanístico de la Gran Vía han sido los temas que han generado más controversia, aparte de la constante polémica por el uso partidista o no del catalán. Tampoco se ha aprobado la moción que instaba a crear un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno que permita a las entidades y vecinos que lo deseen realizar ruegos y preguntas antes de las doce de la noche, hora en que suele darse por finalizada la sesión.

Miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet y de la Asociación de Vecinos Cinco Calles de Santa Eulàlia han acudido al pleno del 31 de mayo para manifestar su preocupación ante los rumores de que la línea 10-Sur de metro, cuya apertura está prevista para 2017, no efectúe parada en las dos estaciones que pasan por la ciudad (Provençana y Ildefons Cerdà). Ante el cúmulo de folios blancos ondeando en el auditorio con el lema “¡¡¡¡Para que no se nos pase el metro!!!!” y las reiteradas quejas de los vecinos –“¡Dijeron que nos dirían algo!”-, la alcaldesa, Núria Marín, ha explicado que durante las visitas de los diferentes miembros de la Generalitat al municipio les ha dejado constancia de que “no vamos a permitir que en el planteamiento de la L10 se ponga en cuestión la apertura de las dos estaciones”. Es más, “deseo y espero que en la reunión bilateral de julio se facilite un calendario concreto”. La moción ha resultado aprobada, si bien con reticencias del equipo de gobierno (los socialistas más los dos concejales no adscritos) y de Convergència Democrática de Catalunya. De hecho, el PSC ha puesto como condición para votar a favor que se retire la apelación al Ayuntamiento a hacer “todos los esfuerzos económicos”, dejando únicamente los políticos. “Que no nos metan la mano en el bolsillo y paguemos el doble”, se ha oído mascullar a algún vecino.

Cuestiones internas con repercusión pública

El ambiente venía caldeado de antes, cuando más de 40 trabajadores y trabajadoras del Área de Bienestar Social del Consistorio y miembros del Comité Unitario, ataviados con camiseta morada, han asistido al debate de la moción presentada por Canviem (ICV-EUiA-Pirates), PP, ERC, CiU y la CUP-PA, con el fin de denunciar la discriminación salarial por razones de género y exigir que el dinero previsto se distribuya a partes iguales. A lo largo del debate ha quedado de manifiesto que los empleados de esta área, más del 60% de los cuales son mujeres, cobran menos que sus homólogos de otras secciones. Es por ello que piden que los 360.000 euros planificados se repartan entre todos los afectados, y no sólo entre algunos, como prevé la Corporación, para evitar nuevas desigualdades. El PSC ha accedido a lo primero, pero no a lo segundo, con lo que la moción ha sido aprobada parcialmente, ante los gritos y abucheos de los presentes.

Las cuestiones laborales han dado más de sí, ya que también se ha votado y aprobado una moción presentada por todos los grupos de la oposición por la que se insta al Ayuntamiento a crear una relación de puestos de trabajo antes de que acabe 2016, de tal manera que mejore la “organización interna de la Administración, al tiempo que [se] aporta una mejor transparencia”. El documento también obliga a “revisar a la baja de forma significativa” el número de cargos de libre designación, estimado en un 9% del total de puestos.

Otra cuestión interna, pero con importantes consecuencias para el erario público, ha venido de la mano de una nutrida representación de grupos municipales (Ciutadans, Canviem, PP, CiU y la CUP-PA). La mayoría de los partidos se ha quejado por no estar presentes de forma separada en la Comisión Calificadora de Subvenciones, tal y como se acordó en el pleno del 24 de noviembre de 2015. Todo ello en pro de la pluralidad y la transparencia.

Lo que no se ha aprobado ha sido la propuesta de la CUP-PA de crear un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno, pues el PSC y los concejales no adscritos Rafael Jiménez y Cristina Santón han votado en contra. El objetivo de la formación promotora, como ha explicado su portavoz, Khristian Jiménez, era facilitar la participación de los vecinos y entidades de “manera más activa y directa”, ya que el turno de ruegos y preguntas, situado al final de cada pleno, suele abrirse sobre las once de la noche “o más”. El equipo de gobierno ha alegado que la competencia es de la Junta de Portavoces, a lo que la oposición ha replicado que todavía no se le ha convocado, a pesar del compromiso manifestado y reconocido públicamente por el portavoz y primer teniente de alcalde, Francesc Josep Belver.

El PDU pone al descubierto la necesidad de un Reglamento de Participación

Otro tema que ha generado mucha tensión y que tampoco ha resultado aprobado ha sido la moción presentada por Canviem y la CUP-PA para paralizar el Plan Director Urbanístico de la Gran Vía y abrir el planeamiento urbanístico a la participación ciudadana. La lectura del manifiesto de la plataforma No més blocs-Salvem L’Hospitalet por parte del representante de formación independentista ha generado numerosos aplausos, a los que se ha sumado un vecino con carteles donde se han podido ir leyendo diferentes mensajes, como el de “11 de junio. Mani. Stop PDU”, en alusión a la manifestación convocada dicho día a las 11 horas en el metro de Bellvitge y a las 12 en el Casino del Centro.

Todo lo contrario ha sucedido cuando el portavoz del grupo socialista ha afirmado con contundencia: “Modelo especulativo en esta ciudad no ha habido nunca”. El griterío ha sido tan grande que la alcaldesa ha tenido que llamar al orden. Belver ha defendido el modelo iniciado por el gobierno municipal con la reforma de la plaza de Europa, que “ha permitido afrontar la crisis mucho mejor”. Increpado por algunos asistentes, la alcaldesa ha vuelto a llamar al orden al auditorio. En todo caso, ha quedado claro que la oposición apuesta por tener en cuenta la opinión de los ciudadanos y el portavoz de CDD, Jordi Monrós, ha solicitado la redacción de un Reglamento de Participación Ciudadana que sirva para este y otros casos.

Otras mociones aprobadas

El pleno del 31 de mayo ha aprobado otras mociones como la implementación de medidas para atender a la personas en situación de emergencia habitacional (presentada por Ciudadanos), reconocer el trabajo realizado por los proyectos de Aprendizaje-Servicio de la ciudad (PSC), apoyar la declaración sobre resiliencia urbana de Barcelona (PSC), defender la laicidad de los ayuntamientos (Canviem), construir un camino escolar seguro en las escuelas Josep Janés y Sant Josep del Pi (Canviem), apoyar a las víctimas de accidentes y errores médicos (Canviem), apoyar la iniciativa por un salario digno Anem a mil (ERC), promover el ocio nocturno alternativo entre los jóvenes (ERC), defender la preinscripción por parte del personal de enfermería (CiU) y apoyar la vacunación para prevenir infecciones ya erradicadas (CiU).

Como signo de las diferentes sensibilidades existentes en torno a la identidad catalana se ha aprobado parcialmente la moción que defiende la soberanía del Parlamento de Catalunya y se manifiesta en contra de los ataques a las leyes catalanas, presentada por Esquerra Republicana; y lo mismo ha sucedido con la moción para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la lengua catalana, promovida por Convergència i Unió.

Finalmente, se ha dado el visto bueno a las modificaciones puntuales del Plan general Metropolitano y de algunos créditos, así como la aprobación provisional de un plan especial para implantar clubes y asociaciones de consumidores de sustancias legalmente permitidas que puedan generan dependencia. Todos los detalles de este punto, no así de los primeros, se pueden consultar en la nota de prensa del Ayuntamiento.