“No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”. Pocas veces en una frase se ha podido transmitir con tanta claridad un concepto. Manuel Azaña la popularizó entre nosotros en alguno de sus discursos. Pero la frase es de Voltaire; prohombre de la Ilustración, cuyo pensamiento inspiró (ya muerto), la Revolución Francesa.
Si tengo que definir con brevedad el concepto de democracia, utilizaría esta frase de Voltaire. Podrá parecer un tanto grandilocuente, sí; pero es excusable si atendemos a que se escribió en el siglo XVIII. Me parece innegable que es precisa: sirve para señalar la esencia del concepto de democracia; nuestro respecto por el igual.
Todo esto viene a cuento de la profunda impresión que me ha causado la noticia conocida la semana pasada, de las conversaciones entre el Ministro del Interior, Sr. Fernandez Díaz y el Director de la Oficina Anti Fraude de Catalunya, Sr. Daniel De Alfonso.
De todo lo oído, me llama la atención la actitud del Sr. Daniel De Alfonso. Por ello no quiero escribir sobre lo revelado por las grabaciones, no. (El contenido de las grabaciones, me parece inadmisible y escandaloso; pero sobre eso, ya se ha dicho y escrito suficiente). Me llama la atención la actitud del protagonista:
Tras las primeras noticias pensé que dimitiría inmediatamente y que, tras el escándalo inicial, las actuaciones judiciales (que seguro, alguien promoverá), quedarían en nada, dado que las grabaciones publicadas se obtuvieron ilegalmente y, por tanto, son pruebas nulas en un procedimiento judicial.
Lejos de mi primera impresión, este señor declaro públicamente que lo grabado era cierto, que lo dijo, y que no consideraba que hubiera incumplido obligación ninguna (menos aun que hubiera cometido delito alguno). Esta actitud es la que me llama la atención:
La prueba de grabación será nula, pero si él mismo ha reconocido como ciertos los hechos que desvelan las grabaciones… no sé cómo terminará una eventual querella que se le interponga. Daniel De Alfonso, ¿no lo sabe? Es magistrado excedente de la sección séptima, sala penal, de la Audiencia de Barcelona; ¿cómo ha valorado su conducta?, ¿cómo puede considerar que ha sido correcta?; ¿cómo puede pretender que la sociedad no le reproche su comportamiento?
El pasado jueves (23.06.16), el magistrado De Alfonso compareció ante el Parlament que lo nombró para dar cuentas de su actuación. Y ante la evidencia de que la mayoría absoluta del Parlament le pedía que dimitiese, se creyó en el derecho de no hacerlo y de anunciar que recurrirá su cese ante los tribunales. Penoso: no entiende que, aunque tuviera razón, basta que quien le nombró (el Parlament) le pida el cese, para que tenga la obligación democrática de dimitir.
En su comparecencia defendió lo indefendible, sustituyendo los argumentos por arrogancia.
Mi impresión es que este magistrado, es pre-borbónico (me refiero a Luis XVI de Francia); probablemente habrá sido un brillante opositor; el Estado le reconoció en 1992 una Magistratura en nuestro sistema judicial (a la que me temo, pedirá en breve la reincorporación). Sí, pero ¿qué conceptos democráticos tiene asimilados este magistrado? En pocos días dejará de ser director de la Oficina Antifraude, bien; pero ¿cómo ha podido; como podrá ejercer como juez? ¿Personajes como Daniel de Alfonso integrados en nuestro sistema judicial velarán por el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales?
President Artur Mas: Vd. propuso al Parlament que Daniel De Alfonso fuese designado para dirigir la Oficina Antifraude, ¿por qué?, ¿quién se lo aconsejó?; ¿cómo se pudo equivocar tanto?
Es triste constatar que en 2016 un magistrado (excedente, si se quiere), director de la Oficina Antifraude, dependiente del Parlament de Catalunya, resuma su disposición con un “a sus órdenes ministro”. Es triste ver como se cree en el derecho de contrariar al Parlament en pleno, como haría un mal juez en su Sala: sustituyendo el respeto a las partes, la paciencia, y los argumentos jurídicos por la arrogancia del “aquí mando yo”. Cada vez que en una sala judicial los abogados consentimos estos comportamientos; cada vez que los políticos conceden espacios de poder a funcionarios sin cultura democrática, estamos cercenando las libertades de nuestra sociedad.
Cada día tenemos encrucijadas para elegir entre la actitud de Voltaire o la de Daniel De Alfonso; usos democráticos o totalitarios.