El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sostiene que todo el mundo tiene derecho a unas “condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”, si bien no todo el mundo puede disfrutar de ellas todavía. Los trabajadores que ejercían antes de la reforma laboral de 2012 parecen los más afortunados. Les siguen quienes fueron contratados después de ella y, dentro de estos, quienes trabajan para empresas externalizadas o subcontratadas. Las empresas multiservicios, aquellas que prestan servicios auxiliares a las entidades públicas o privadas que se los solicitan, constituyen un claro ejemplo.
El fenómeno se ha generalizado en toda España, y nuestro territorio no supone ninguna excepción. En L’Hospitalet de Llobregat, el sindicato CGT ha sacado a la luz el caso de la empresa CLECE, responsable de limpiar casi un centenar de edificios del Ayuntamiento. Fernando López y Paquita López, miembros del Comité de CLECE-Dependencias Municipales de L’Hospitalet, denuncian el “lamentable estado en que se encuentran los vestuarios y cuartos de almacenaje de productos químicos”. Paquita sostiene que llevan reclamando un trabajo digno por lo menos desde 1984, por lo que, tras muchos intentos fallidos, en 2012 decidieron recurrir a la Inspección de Trabajo.
Esta les dio la razón el 1 de febrero de 2013, cuando una inspectora realizó un requerimiento, tanto a la empresa como al Ayuntamiento, para que se subsanaran las deficiencias existentes en ocho edificios. También obligaba a CLECE a realizar en ese mismo año “la reevaluación de todos los centros de trabajo”. Los informes se han ido sucediendo en el tiempo hasta febrero de este mismo año, algo que los representantes de la CGT califican de un “mero lavado de imagen para mostrar buena fe”. Las representantes de la UGT en el comité de Dependencias, María Carmen Porcel y María Isabel Miguel, comprenden que no resulta fácil acondicionar edificios viejos, pero se muestran esperanzadas tras la colocación de taquillas donde poder dejar sus pertenencias en algunos centros hace un mes.
Desde el Ayuntamiento sostienen que en abril de este año se realizó una visita conjunta entre responsables del Consistorio y de CLECE, y que “a fecha de hoy todas las peticiones que surgieron a raíz de la visita han estado resueltas”. Sin embargo, las deficiencias continúan. La autora de este reportaje ha podido comprobar cómo las empleadas del edificio del Área de Bienestar y Familias del Centre deben acceder a su espacio de trabajo por una escalera estrecha y sin iluminación –bueno, con una linterna-. A través de ella se llega a una sala donde se pueden ver un montón de cables, uno de ellos colgando. La trabajadora ha de cambiarse en un cuarto de menos de un metro de ancho por dos y poco de largo, y cuyo techo desciende a medida que se avanza hacia dentro, a modo de cueva. Carece de taquilla donde dejar sus pertenencias, por lo que estas prenden de varios clavos. Y ha tenido suerte, porque alguien cogió una silla de un despacho y ahora puede cambiarse con más facilidad. Eso sí, justo al lado de los productos de limpieza y sin ningún tipo de ventilación. CLECE se ha negado a dar explicaciones sobre esta y otras situaciones parecidas, a pesar que uno de los eslóganes que cuelga en su web habla de “el valor de las personas”.
A igual trabajo, menos sueldo
Las camareras de piso del Hotel Meliá Tryp Aeroport Barcelona de El Prat se encuentran en una situación similar, ya que trabajan en un hotel, pero para una empresa externa: ISS Outsourcing. Comisiones Obreras ha denunciado la “lamentable situación de explotación laboral” en que se encuentran, ya que trabajan a un ritmo de trabajo que les provoca numerosos trastornos músculo-esqueléticos, hasta el punto de que “el 90% no llega activa a la edad de jubilación sino que pide antes la baja por invalidez”, explica José María Pérez Crespán, de la Agrupación de Hostelería de la Federación de Servicios. Por si esto no fuera suficiente, estas trabajadoras cobran 653,71 euros, dos euros por debajo del salario del salario mínimo interprofesional, situado en 655,20 euros.
Ni el hotel ni la empresa multiservicios han querido dar su versión de los hechos, a pesar de que en internet afirman que “Meliá Hotels International ganó 22,3 millones de euros en el primer trimestre de 2016, un 38% más que en el mismo periodo de 2015” o que “ISS ha obtenido por cuarto año consecutivo la mejor calificación posible en externalización de servicios”. Según los sindicatos, el problema de las externalizaciones es que las empresas no creen en la prevención hasta que se les sanciona o afecta al cliente final, y que su origen se halla en la reforma laboral, que ha priorizado el convenio de empresa por encima del convenio sectorial y a la negociación individual frente a la colectiva, lo que ha dado pie a numerosos abusos. De momento, el Ayuntamiento de Cornellà ha sido uno de los primeros en exigir un salario mínimo de 1.071 euros al mes a las empresas que opten a concursos públicos.
Mientras tanto, tendrá sentido seguir realizando campañas como la que ha puesto en marcha la UGT, donde reclama un derecho también reconocido en la Declaración Universal: “Igual trabajo, igual sueldo”.
Ni más ni menos. III