Así, éste es un aspecto fundamental que valoran los inversores cuando optan por asentarse en una determinado territorio.
Además de una legislación bien diseñada, la aplicación de la misma en un plazo razonable en caso de conflicto puede resultar esencial para el éxito de las operaciones económicas. Así, en los últimos años el Banco de España ha elaborado diversos informes en los que analiza los datos judiciales y establece su relación con la actividad económica. Como conclusión de los mismos, pone de manifiesto que invertir en Justicia incide de forma directa en la buena evolución de la economía y de los mercados.
Cuestiones como la salud del mercado inmobiliario, la dimensión y crecimiento de las empresas o el tamaño del crédito están fuertemente vinculados al devenir de la Justicia.
Resulta evidente establecer dicha relación, puesto que la eficiencia del funcionamiento de un mercado está determinada tanto por la libertad de contratación entre los agentes que intervienen en el mismo, como de los mecanismos de control que aseguran su cumplimiento.
En la actualidad, los datos apuntan hacia un estancamiento de la eficacia del sistema. No obstante, como causas no solo se encuentran los recursos de que dispone la Administración de Justicia, sino también la demanda de servicios judiciales por parte de las empresas y la ciudadanía.
Por ello, el sistema judicial experimentaría una notable mejoría si se dotara de un mayor impulso presupuestario y mejorara la distribución y organización de los recursos. Asimismo, la evolución también debería basarse en una mayor racionalización del uso de la Justicia por parte de los ciudadanos.
Mayor eficacia judicial, menor morosidad
En este sentido, la elevada litigiosidad tiene un efecto directo en la duración de los procedimientos que resultan más costosos, con el agravante de excluir del sistema a las personas con menos recursos.
Además, el funcionamiento de la Justicia puede tener efectos específicos en el mercado inmobiliario, por ejemplo en cuanto al mercado de alquiler frente al de la propiedad de la vivienda. Así, se debe generar mayor percepción de seguridad jurídica para el propietario al ejecutar una sentencia a su favor, en caso de incumplimiento del contrato por el arrendatario. Por otra parte, en los mercados del crédito, una menor eficacia judicial reduce la disponibilidad de crédito en relación con el PIB local. Y en cuanto a la tasa de morosidad, las provincias con mayor eficacia judicial registran valores más reducidos por dicho concepto.
Finalmente, señalar que el aumento de los presupuestos destinados a la informatización de los organismos judiciales acortaría de forma considerable los procedimientos y mejoraría la productividad del sistema. III