Aun así, la realidad es que las administraciones continúan en una especie de proceso de diagnóstico antes de comenzar a combatir de una manera efectiva la crisis energética de muchas familias de Cataluña.
Para conocer cuáles son todavía los retos de futuro de la pobreza energética y la estrategia de las administraciones ante ella, la plataforma ‘Alcaldes.eu’ ha organizado, en Sant Feliu de Llobregat, un coloquio bajo el título ‘Pobresa energética. L’Impuls del Baix Llobregat’ en el que han estado representados tanto ayuntamientos como Govern de la Generalitat, además de la Agència Catalana de Consum, Àigües de Barcelona i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Un debate transversal del que se extrae la apuesta por reducir el consumo y promover la formación tanto ciudadana como de profesionales de Servicios Sociales como las principales medidas que, a corto plazo, se van a aplicar para combatir esta realidad.
“Desde la Generalitat queremos dedicar acciones y políticas que vayan más allá de la compensación por falta de capacidad para pagar de las familias. Actuaciones de empoderamiento de las familias que permitan reducir el consumo para que éstas mitiguen su dependencia a los suministros”, ha dicho el secretario de Servicios Sociales y Familias de la Generalitat, Francesc Iglesies.
Se refiere a acciones concretas, que requieren de poca burocracia, como acceder al bono social, rebajar la potencia contratada, mejorar el aislamiento térmico de las viviendas o el simple cambio de bombillas por otras más eficientes y de bajo consumo.
Estás serán algunas de las actuaciones más destacadas que estarán incluidas en un nuevo plan integral para abordar y prevenir la pobreza energética.
Estas medidas, en cualquier caso, influyen solo en el consumo y, por tanto, en la parte variable de una factura frente a una parte fija que sigue siendo importante. En este sentido, Iglesies ha reconocido que “el 21% del IVA [competencia del Gobierno del Estado] no se acaba de entender en un servicio básico como éste y que es difícil de justificar desde el punto de vista social”.
Recriminación que también ha puesto sobre la mesa Montserrat Ribera, directora de l’Agència Catalana del Consum.
El dinero que haga falta
Combatir la nueva problemática requiere, evidentemente, de una dotación presupuestaria. Según Iglesies, en 2015, la Generalitat aportó a entes municipales 7 millones de euros para hacer frente a este tipo de situaciones de vulnerabilidad y 4,5 millones en este 2016.
En este sentido, el presidente del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, ha sido contundente: “No tiene que haber una cifra en los presupuestos municipales ni de otras administraciones, sino que tenemos que estar abiertos siempre.
Estamos hablando de lo más básico de la sociedad. Cubrimos, pues, las necesidades y punto. Esto es un país moderno y desarrollado”. Y refuerza: “Lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuánto dinero hace falta? Y se pone”.
Por otro lado, Perpinyà ha querido matizar “que no se trata de pagar facturas. Se trata de que las personas no lleguen a esta situación de pobreza energética o de pobreza, en general. Este es el debate de fondo; no nos perdamos en quien lo afronta”.
Además, a pregunta de El Llobregat, ha reconocido que no conoce los datos de cortes de subministro que se realizan en el territorio y ha defendido una mayor transparencia: “No tenemos datos de los cortes. Dentro de las suministradoras, Agbar está aportando recursos, pero cuesta mucho que lo hagan las eléctricas.
Las compañías también tienen que afrontar esta realidad. Me gustaría que no pasara (que haya cortes del servicio). Ellos dicen que no, pero si tú tienes esta inquietud (señalando al firmante de este reportaje), nosotros también la tenemos. Tenemos que recorrer mucho más camino juntos. Todos tenemos que resolver esto y estar en la mesa y abocar los datos y conocer la realidad”.
Más eficiencia
Las partidas económicas son una parte fundamental, pero no solo desde el punto de vista de su cuantía, sino de cómo se haga la gestión. En el coloquio posterior a las diferentes ponencias, la presidenta del CECBLL, Conxita Sánchez, ha reclamado –en referencia a las conclusiones del congreso ‘El Baix a Debat’- un fondo comarcal que rompa con lo estrictamente local, para poder atender de una mejor manera.
Y prueba de que esto puede ser una buena medida la ha dado, precisamente, el alcalde de Sant Climent, Isidre Sierra, que ha reconocido que como en su municipio hay un 3% menos de paro que de la media, le sobran recursos para luchar frente a la pobreza energética y que, por tanto, los ha cedido al Consell Comarcal.
Es evidente, pues, que haría falta una mejor gestión de la distribución de recursos puesto que se corre el riesgo de que muchos municipios se queden con una partida que, al final, vaya destinada a otros fines.
Desde el punto de vista municipal, el alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, ha sido el encargado de poner voz a las actuaciones que pueden llevar a cabo los gobiernos locales. Como consideración previa, San José ha ligado la pobreza energética con la desigualdad y ésta con el actual modelo económico.
Así, ha apuntado tres causas fundamentales que favorecen la pobreza energética: la menor capacidad económica de muchas familias; las condiciones de la vivienda y el alto coste de la energía; punto en la que ha reconocido que poco pueden hacer los ayuntamientos.
Según el alcalde de la capital de la comarca, Sant Feliu ha podido atender a 160 familias que han pedido ser atendidos en relación con esta problemática. De ellas, se ha podido ofrecer asesoramiento para reducir la factura a 60 familias; se ha revisado la potencia contratada de 73 y se están llevando a cabo ayudas para mejorar las viviendas de otras 13.
Más allá de los números, ha puesto en valor la necesidad de anticiparse a la situación y saber detectar los casos vulnerables: “Es fundamental detectar las situaciones de riesgo, porque atender a alguien al final es llegar tarde y muchas veces insuficiente”.
En este sentido, ha destacado la labor de las escuelas para identificar casos a través de los niños, además de la labor de farmacias y ambulatorios, con las que el Ayuntamiento tiene convenio con el mismo fin. San José ha destacado, especialmente, el papel de la Cruz Roja que “son nuestros ojos para detectar estas situaciones”. A principios del año 2016, El Llobregat publicó un reportaje con la pobreza energética como protagonista. En él, la Alianza contra la Pobreza Energética destacaba la falta de formación de técnicos de Servicios Sociales con los que estos no podían asesorar adecuadamente a las familias.
Un año después, esta cuestión ha vuelto a ponerse sobre la mesa en palabras de Josep Perpinyà: “Servicios Sociales estaban formados para unas funciones muy concretas y ahora les pedimos que sean expertos en energía. La crisis ha reventado todo esto y es cierto que faltan recursos para adecuar estos equipos y afrontar especialidades que no conocen”.
En cualquier caso, según matizaba, Perpinyà ha pedido que este tema se aborde de manera transversal, algo que cuenta con un amplio consenso entre los actores más implicados. III