A nadie se le escapa que el tema es de una trascendencia absoluta para los medios de comunicación. Ahora, quizás menos de lo que lo ha sido en los últimos 40 años, porque el papel prensa hace aguas y los medios alternativos han sabido consolidar posiciones en el espacio mediático del presente —y cada vez más del futuro— que es la red, que tiene un proceso de producción mucho más barato y asequible. Contra lo que sería natural, ni la Iglesia ni los partidos ni los sindicatos se han nutrido históricamente de las aportaciones de sus correligionarios, afiliados y militantes, ni tampoco curiosamente los periódicos por la compra de la información por parte de sus lectores o la compra de espacios publicitarios por parte de sus anunciantes.
Y esta inconsecuencia, que debió responder en su día a la lógica democrática y a la del mercado con la misma clamorosa certidumbre, se ha considerado siempre normal del todo, cuando, desde luego, abre muchos interrogantes. Los medios de comunicación, como la Iglesia, los partidos y los sindicatos —por poner unos ejemplos muy socorridos— han sido financiados históricamente en muy buena parte por el Estado a través de diversas fórmulas y lo siguen siendo, no sólo porque si tuvieran que depender de sus fieles y de los lectores y anunciantes no existirían, sino porque su existencia es imprescindible para mantener el status quo. Porque se trata de estructuras de poder al servicio de unos determinados intereses que el Estado trata siempre de proteger.
Aspirar a ser plurales
Esto no es nuevo, ni necesariamente negativo en todos los casos. Hay cuestiones que los poderes públicos deben preservar porque son imprescindibles para la convivencia y tendrían un coste de funcionamiento imposible si sólo se manejaran por las leyes imperativas de la oferta y la demanda. El Estado del bienestar nos ha dado grandes ejemplos al respecto que han hecho avanzar las sociedades y las han hecho más justas e igualitarias. No hay muchas dudas cuando hablamos de la enseñanza, de la sanidad, de los servicios sociales. Y no hay dudas, porque se trata de servicios difícilmente manipulables en la creación de ideología, de opinión. Todo lo contrario de lo que suele ocurrir con los instrumentos anteriores, la prensa entre ellos.
O sea, los medios de comunicación ni son neutros, por lo que se ha dicho, ni pueden ser neutrales, porque la información nunca es objetiva por mucho que los periodistas defendamos la objetividad imposible, como es el caso. A lo que hay que aspirar, en consecuencia, no es a ser objetivos, sino a ser plurales, a permitir que fluyan todas las opiniones, a defender el derecho a que existan y a no dar nunca por buena una información unilateral porque la fuente siempre es juez y parte.
Hay muchas más cuestiones imprescindibles para hacer un buen periodismo, empezando por las propias sociedades editoras: hay que practicar la transparencia y la función social de la información, lo que limita enormemente la capacidad lucrativa de las empresas. El periodismo honesto no suele ser nunca un gran negocio y si lo es, es que algo falla. Como mucho, los grandes editores deben aspirar a vivir de su trabajo y no perder dinero y eso sólo se consigue produciendo mejor, es decir consiguiendo más audiencia —lo que equivale también a mejores contenidos y a mejores profesionales trabajando—, difundiendo más acertadamente y captando los recursos que genera directa e indirectamente la audiencia, esto es, lectores/oyentes/televidentes y, en consecuencia, publicidad.
Pues bien, en este contexto, los ingresos de la publicidad institucional han hecho estragos. Primero, porque se han ignorado abiertamente los principios básicos del rendimiento mediático: mayor utilidad, mejor calidad, mayor difusión… y segundo, porque se ha dirigido, en contrapartida, a comprar voluntades y a emitir ideología.
Los gobiernos, que son quienes aplican los recursos estatales, cada uno en su reservado ámbito territorial, llevan en este país años considerando el dinero público como el baluarte de su poder. Como algo propio que se maneja sin control y arbitrariamente. No es la primera vez que hablo de la patrimonialización del poder. En esto de los recursos públicos, el presupuesto de cada organismo es algo de lo que se dispone discrecionalmente. De ahí que la simpleza sirva para argumentar que, por ejemplo, cada ayuntamiento reparte las subvenciones y los contratos de publicidad como le place, porque no hay nada que les obligue a lo contrario. El pasado 24 de enero se demostró, con argumentación jurídica, que esto no es así. Que no se puede disponer del presupuesto a gusto de cada equipo de gobierno. Que el dinero público es de todos y se debe justificar con qué alegría —o con que disgusto, si hubiera tal caso— se gasta o se reparte.
Dinero público para abrir y cerrar medios
Esta situación es general. Se da en todas partes y con todos los medios de comunicación. Aquí en la comarca, donde siempre han mandado los mismos, el dinero público ha servido tradicionalmente —sirve todavía— para mantener medios y también para cerrarlos. Poco ha importado la función social de la prensa y su papel en la consolidación de la calidad democrática. Ya ni siquiera lo trascendente ha sido intentar destilar ideología próxima. Lo importante ha sido eliminar las voces críticas y sostener, aunque fuera artificialmente, algún instrumento de propaganda que mantuviera las apariencias aunque no tuviera credibilidad alguna. Ahora, que prácticamente no hay voces críticas, ni siquiera se soporta a los medios que predican la máxima pluralidad.
Aquí todos nos conocemos lo suficiente. Hasta ahora ha imperado la impunidad absoluta y la historia será implacable con aquellos que se han vanagloriado de acabar con los medios díscolos. Cada vez lo van a tener más difícil para seguir utilizando el dinero público como si fuera suyo y van a tener cada vez más resistencias para sostener lo que no se sostendría sin su arbitraria ayuda. Charlas como la organizada en enero sirven de acicate para decir que ya está bien y que el dinero de todos debe emplearse al servicio de todos y no sólo de los que mandan. III