Cambian de opinión permanentemente, en función de intereses o cálculos electorales que pueden ser totalmente contrapuestos dependiendo del municipio.
Así, por ejemplo, mientras en Lleida rechazan ceder espacios municipales para el nuevo simulacro de referéndum anticonstitucional del 1 de octubre, el alcalde de Blanes reconoce en una radio de alcance nacional su apoyo absoluto al referéndum e insinúa que ya tiene previstos subterfugios legales para no evitar que se usen dependencias municipales. Y esto a la vez que el PSC de l’Hospitalet de Llobregat se abstiene mostrando su satisfacción de que ni se rechaza ni se apoya un referéndum secesionista unilateral, anticonstitucional, ilegal y sin garantías y deja la cuestión, según las palabras de la propia alcaldesa Núria Marín, “en el limbo”. Les da igual que Miquel Iceta se esfuerce en dar un mínimo de coherencia y consistencia al proyecto socialista intentando mostrar un compromiso incuestionable con la Constitución, es decir, con el Estado de derecho imprescindible para gozar de las garantías de una democracia real.
Ellos están para sus intereses locales. Si bien en Lleida el PSC sostiene la alcaldía gracias a Cs, en Blanes gobierna con ERC y Convergència y en l’Hospitalet gobiernan en minoría pero priorizando los acuerdos con los independentistas, a los que hacen guiños permanentemente para conseguir tenerlos de su parte. Las consecuencias son votaciones como las del último pleno, donde el PSC, con su alcaldesa al frente, dio oxígeno sin remordimientos a los separatistas. En definitiva, para la amalgama de intereses locales que es el PSC, el marco de convivencia que nos ha permitido disfrutar de 40 años de democracia es una moneda de cambio con la que mercadear para mantenerse en el poder.III