La Memoria Socioeconómica y Laboral de Catalunya subraya esa situación que provoca una diferencia de los alquileres en torno al 6,5% por encima de la evolución de los precios de la economía y 5,2% más que la renta media de los hogares.
En ese sentido, el caso del Baix Llobregat y L’Hospitalet es paradigmático, al tratarse de un territorio donde el aumento de los precios en el mercado de vivienda se sitúa por encima del crecimiento medio de los sueldos que nutren la renta neta de los hogares. Es por esta razón que el Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya propone al Govern que refuerce las políticas destinadas a la mejora de las condiciones del parque existente y a ampliar la oferta de vivienda a precios asequibles. Igualmente, pide a los ayuntamientos que unifiquen los criterios a la hora de regular el acceso a la vivienda protegida.
A por socios privados
En esa línea, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Barcelona, ambas instituciones presididas por Ada Colau (Comuns) preparan la creación de una empresa metropolitana de capital mixto para construir y explotar edificios destinados a vivienda asequible. Un documento de 59 páginas aprobado en abril por el pleno del AMB marca las directrices de la política metropolitana en materia de vivienda hasta el año 2019, cuando se celebrarán elecciones municipales.
El plan prevé la promoción de 2.800 pisos entre el AMB y el ayuntamiento barcelonés, para destinarlas al alquiler al menos tres cuartas partes, merced a la cesión de suelo por un valor de unos 70 millones de euros. La construcción de ese número de pisos requeriría de una inversión de unos 300 millones de euros. En los 20 últimos años, el AMB y el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol) han construido 5.000 viviendas en 27 ciudades metropolitanas, en su inmensa mayoría ventas bajo la fórmula de la protección oficial. Ahora se trataría de que el nuevo parque se destine al alquiler.
El plan metropolitano que aprobó el pacto de Entesa (Comuns más ICV), PSC y ERC también prevé crear un observatorio metropolitano de la vivienda, impulsar la rehabilitación y crear esa nueva empresa pública mixta, ya que se abre a la iniciativa privada. En un primer paso, parece que se creará una empresa pública cien por cien participada por AMB y Ayuntamiento de Barcelona para luego ampliar el capital y dar entrada a uno o varios socios privados que tomarán el 50% de la compañía mediante un concurso en el que también se dará paso a otros ayuntamientos como socios minoritarios.
Primeros pisos sociales
En tanto el AMB decide la constitución de esa empresa mixta, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que también preside Ada Colau con la dirección ejecutiva a manos de Jordi Cornet (PP), delegado especial del Gobierno en esa institución; ya ha empezado a promocionar viviendas sociales en un giro copernicano de sus políticas, hasta ahora centradas únicamente en la promoción de polígonos industriales, zonas logísticas y edificios de oficinas.
En el último plenario del CZFB celebrado a mediados de julio, los representantes del Gobierno español, de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona y de las principales entidades económicas de la ciudad, como la Cámara de Comercio, el Puerto y las patronales, entre otras, respaldaron por unanimidad dedicar el 52% de los 31,2 millones de euros de inversión prevista para 2018 a la promoción de viviendas en Barcelona, después de que este año dedique la misma proporción y el pasado el 69% de sus inversiones.
El resto del presupuesto se destinará a mejoras en el polígono de la Zona Franca y a la promoción, por primera vez, de naves industriales de alquiler y de última generación para pequeñas y medianas empresas, con superficies de entre 1.200 y 2.400 metros cuadrados. En el proyecto para pymes se invertirá 12 millones de euros.
El alquiler es negocio
Con cerca de 2.000 viviendas, el CZFB es uno de los principales propietarios públicos de suelo programado para pisos en Barcelona. Antes de que acabe el año, sacará a concurso obras para la construcción de 200 viviendas asequibles en el barrio de La Marina y ya tiene en proceso de construcción un edificio para los realojados de los Antiguos Cuarteles de Sant Andreu de Barcelona. Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el CZFB, ha realizado varios llamamientos a la iniciativa privada con la afirmación de que las viviendas con alquileres asequibles «son también un negocio». Y es que Barcelona solo cuenta con un 2% de su parque residencial destinado a viviendas sociales, mientras otras ciudades europeas tienen entre el 20 y el 30%.
El CZFB ganó el año pasado 8,3 millones de euros, un 84% más que en el anterior ejercicio, consolidando la tónica de beneficios por cuarto año consecutivo. Estos resultados son fruto de la reducción de gastos y el recorte de la deuda financiera. El plenario del CZFB aprobó dedicar desde este año el 10% de sus beneficios a ayudas sociales. También han generado beneficios por segunda vez en ocho años la empresa ferial Consorci Internacional SAU, que este año ha duplicado la oferta inmobiliaria de Barcelona Meeting Point (BMP) y el Salón Internacional de la Logística (SIL) con dos ferias más vinculadas a la economía digital, como han sido Inmotecnia Rent y eDelivery. III