Los “sabios” ponen números al «hachazo fiscal» de los ayuntamientos durante la crisis con esta figura: si desde 2008 el precio de la vivienda ha bajado un 30%, las valoraciones catastrales, pedidas por los ayuntamientos y efectuadas por Hacienda, han incrementado las referencias de media un 21%. Esa circunstancia ha permitido elevar la recaudación del IBI un 61% desde 2008.
Poder gastar más
Dadas estas circunstancias, los expertos piden al Ejecutivo establecer una unidad de criterio para las valoraciones y que estas dependan más de los precios de mercado y menos de la arbitrariedad de los ayuntamientos. Además, la diferencia entre el precio real de las compra-ventas y los valores catastrales ha provocado la paradoja de que quienes han vendido su vivienda durante la crisis obligados por las circunstancias, han tenido que también pagar el impuesto de plusvalía, que se calcula sobre el valor catastral y no sobre el real de mercado. En vez de aplicar minusvalías, los ayuntamientos no han perdonado y han mantenido la ficción de una plusvalía inexistente con el fin de recaudar más. «Esta dinámica contrasta con la caída de los precios de mercado y el estancamiento de las transacciones y del sector de la construcción», sentencian los expertos.
La Comisión de Expertos para la financiación local también ha pedido al Gobierno que deje gastar más a los ayuntamientos saneados. Así lo contempla el informe que entregaron a finales de julio al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La propuesta que hace el grupo de «sabios» es que el Ministerio permita mayor manga ancha a los ayuntamientos saneados y les suavice la regla de gasto, el corsé al desembolso público que limita el aumento del gasto a una tasa ligada al crecimiento de la economía. Hacienda vigila que el superávit de los ayuntamientos se destine solo a amortizar deuda, al pago a proveedores y a inversiones sostenibles. Este último capítulo es la única válvula de escape para que los municipios puedan invertir el excedente que han generado, si bien está constreñido a gastos financiables a largo plazo y que potencien el crecimiento. Los «sabios» constatan que la utilización de estas inversiones está siendo «escasa» ya que solo ha podido dar salida a un 34,3% del superávit amasado por los consistorios en los últimos dos años. Por ello, abogan por ampliar el catálogo de inversiones que se califican como sostenibles. Y recuerdan que la inversión local entre 2010 y 2015 se ha desplomado un 56%.
Suavizar la regla de gasto
Los expertos, además, proponen suavizar la regla de gasto en casos de incremento de población, subidas de impuestos, aplicación de ciertas leyes o aparición de gastos e ingresos extraordinarios, aún evitando consolidar estos desembolsos. En todo caso, este mayor margen en la regla de gasto se daría en los municipios que cumplen con los objetivos de déficit y deuda, es decir, aquellos que están saneados. Como fuere, los expertos alaban la creación de la regla de gasto: desde 2012 ha permitido que los ayuntamientos salieran de déficit y pasaran a acumular, año a año, superávit público hasta alcanzar los 7.000 millones de euros de colchón récord en 2016. Un excedente que permitió cumplir el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones y compensar el incumplimiento del Estado y las comunidades autónomas.
Millonarias cuentas corrientes
Desde entonces, sin embargo, los conflictos entre Hacienda y los ayuntamientos se han incrementado. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado a Hacienda que relaje este indicador y permita elevar la inversión de los consistorios, ante las protestas de ayuntamientos como Madrid, que lleva varios años incumpliendo la regla de gasto.
La rigidez de la regla de gasto provoca que los ayuntamientos tengan aparcados unos 20.000 millones en depósitos y cuentas bancarias, que Hacienda les impide gastar. Un importe superior al déficit de la Seguridad Social que no ha dejado de crecer desde que la regla de gasto se empezó a aplicar en 2012: si en 2011 tenían 11.078 millones en el primer trimestre de 2017 alcanza los 19.449 millones, según los datos del Banco de España. III