El recibo del agua de 2,87 euros/m3 (OCU 2016) es después de Murcia el más caro de España. Este hecho provocó ya hace 15 años la llamada “Guerra del recibo del agua, 1992-2002”, una lucha que por 10 años movilizó a más de 200.000 personas en un acto de insumisión fiscal contra los impuestos del recibo de agua -el 80% de los 79 tributos autonómicos creados tienen como objeto el agua (Registro de economistas fiscales)-.
La protesta meramente reactiva en su inicio incorporó elementos inéditos de carácter ambiental en su final. El conflicto empezó en octubre de 1991 cuando vecinas de L’Hospitalet, Badalona y Ciudad Badía observaron que el recibo del agua subió entre un 50% y un 100%. Denunciaron el hecho a sus Asociaciones de Vecinos. Al aumento del precio del agua entre 5,2% y el 50,7% se le añadieron un conjunto de cánones y tasas que no figuraban en él. Dos para la Generalitat -red básica del agua y el canon de infraestructuras hidráulicas- más un tercero, la tasa metropolitana de eliminación de residuos sólidos urbanos.
Eran conceptos “extraños” al ciclo del agua. Se constituyó “La mesa contra el precio del agua” y se creo un sistema paralelo de cobros sin tasas y los llamados “fontaneros populares” para manipular las llaves de paso en caso de cortes por impago.
Hubo una manifestación callejera de 30.000 personas en la Plaza San Jaume. Los cobros acumulados sin impuestos alcanzaron los 7,2 millones de euros. Las ciudades con más objetores, según reconoció el PSC, fueron San Feliu 23% y San Boi con un 20%, Badalona 17% y Sta. Coloma 15%; Barcelona, en contraste, solo llegó al 2%.
Finalmente, en una creciente soledad, las Asociaciones de Vecinos aceptaron el final de la protesta vía amnistía encubierta que les concedió descuentos reales entre el 50% y 80%.
Este movimiento atípico interesó al sociólogo marxista Joaquín Sempere, un referente ideológico del PSUC y viudo de Montserrat Roig. En su estudio publicado por el CSIC el catedrático de la Autónoma valora los elementos proactivos de la inicial protesta.
Y sus aportes críticos a la tarifación del agua y aún más a la capacidad de auto-organización del movimiento vecinal con el trabajo voluntario y gratuito de sus dirigentes. Él admira como progresista un movimiento de desobediencia civil exitoso, que va luchando solo y a largo plazo a pesar del abandono de la casta político-sindical. Y muy lejos del ‘espontaneísmo’ ácrata de la guerra civil, por ejemplo.
En la actualidad la pugna y debate por el control del agua sigue en tribunales y con ayuntamientos intervencionistas, como es el caso reciente de Terrassa que, con su compañía mixta -la más antigua (175 años)-, se enfrenta a AGBAR (francesa) y a sus 150 años que está celebrando.
Aunque es posible que en las semanas próximas los desbordamientos sean de otro signo y este gran tema que es la carestía del agua (aumentos previstos del 18,22%), quede en reposo hasta que el Llobregat y lo que deriva de él requiera otra vez la atención suficiente y continuada de consumidores, ayuntamientos y tribunales.