El acuerdo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Consejo de Ministros extraordinario del sábado de llevar al Senado y, en consecuencia, aprobar el artículo 155 de la Constitución, ha levantado las primeras ampollas, pero no en el seno del Partido Popular, sino del PSOE. Conocidas las primeras medidas que se desarrollarán y tras el apoyo del partido liderado por Pedro Sánchez, miembros del PSC no han tardado en desmarcarse absolutamente en contra lo que apunta a una nueva fractura interna del partido ahora que el mar socialista parecía calmado.
La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, decidió dimitir de la Ejecutiva del partido y presentó un documento firmado junto a tres alcaldes catalanes más: Jordi Ballart, de Terrassa; Josep Mayoral, de Granollers; y Ignasi Giménez, de Castellar del Vallès. Este documento ha sido suscrito, en una segunda ola de apoyos, por el alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, y por el de Esparreguera, Eduard Rivas. También por los líderes locales de Castellbell y el Vilar, Mediona, así como los primeros tenientes de alcalde de Girona y Sant Cugat. Por otro lado, en el territorio, aunque no haya firmado como tal el documento, también se ha mostrado de acuerdo el líder socialista de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, uno de los líderes locales que más activamente apoyó a Núria Parlón durante las primarias del PSC.
El documento expresa su “más radical desacuerdo y rechazo a la aplicación del artículo 155 y a las medidas que se derivan” y pide al PSC que se “oponga frontalmente a esta medida y no la valide”. Según fuentes socialistas consultadas del territorio, entienden que todos los Estados europeos tengan sus mecanismos para asegurar la integridad territorial y que se tenga que aplicar la ley, pero consideran que cesar al presidente de la Generalitat y al Gobierno, entre algunas de las medidas, es totalmente “desproporcionado y no ayuda a solventar el problema”.
Por otro lado, los firmantes instan al Govern de la Generalitat a “no tirar adelante ninguna medida irreversible ni unilateral y que, por tanto, no haga ninguna declaración de independencia”. En este sentido, los líderes socialistas hacen un llamamiento a la negociación y al diálogo como única vía para solucionar el conflicto y piden la retirada del artículo 155 para iniciar un proceso de reforma constitucional.
Peligran los acuerdos con el PSC
Más allá de los distintos puntos de vista que el apoyo al artículo 155 puede generar dentro del PSC, un segundo problema se les viene encima derivado de la complicidad del PSOE con la que el Partido Popular va a contar. Son los acuerdos locales de gobierno.
En varios municipios del Baix Llobregat, el PSC tiene acuerdos de gobierno tanto con el PDeCAT como con ERC, acuerdos que se podrían romper según el devenir de los hechos. Peligran, según hemos podido saber, principalmente los que están ligados al PDeCAT: “Están en un momento en el que tienen que demostrar que son igual o más independentistas que ERC y eso hace que peligren ahora mismo los acuerdos”. En concreto, preocupan las ciudades de Molins de Rei, en donde el líder socialista Xavi Paz, forma parte del gobierno del demócrata Joan Ramon Casals, alcalde de la vila y diputado en el Parlament de Catalunya; y Castelldefels, en donde la alcaldesa de la ciudad, María Miranda, tiene un pacto de gobierno con ambos. En un primer momento, ERC acordó mantener el pacto de gobierno con ellos; sin embargo, la estabilidad no estaría del todo garantizada después de las últimas noticias.
Pendientes de Montilla
El cornellanense es el único senador del PSC con lo que todas las miradas están puestas sobre él. Ayer, echaba más leña al fuego de la incógnita con un divertido tuit: “Artículo 155: doy gracias a los buenos amigos y a los ‘trolls’ por sus consejos. Hace tiempo que sé lo que tengo que hacer. El viernes, en el Senado”.
De esta manera, Montilla no aclaraba su intención de voto, aunque si hoy tuviéramos que apostar, fuentes socialistas del Baix Llobregat consideran que votará en contra. Un indicio puede ser la elección del PSOE de dejarlo fuera de la comisión que debatirá la tramitación de las medidas aprobadas por el Gobierno.