El juzgado de primera instancia e instrucción nº3 de Esplugues ha admitido a trámite la querella del todavía concejal demócrata Albert Comellas contra siete miembros de la cúpula del partido local, entre ellos, su presidente, Pere Clota.
De esta manera, los siete denunciados (A saber: Pere Clota, Lidia Morera, Josep Benedico, Mireia Alabart, Carles Coloma, Cristina Castejon y Pedro Rodríguez) serán interrogados por un presunto delito de amenazas y/o coacciones, así como por un presunto delito de proposición y a la malversación pública. La juez entiende que los hechos presentados en la querella por Comellas “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y, de hecho, serán tenidos en consideración, como segunda petición, los documentos aportados por el denunciante.
“Todas las obligaciones, ningún derecho”
Según denuncia Comellas en la querella criminal, todo comienza en febrero de este año cuando, en una reunión previa a la sesión plenaria, los siete denunciados plantean al entonces portavoz del grupo municipal del PDeCAT “el libre acceso del equipo local de Esplugues a la cuenta corriente que contiene el dinero que destina el Ayuntamiento para los gastos del grupo municipal”. Entonces contaban con unos 3.000 euros y aportaban mensualmente 1.410 euros.
Además, según el mismo documento, el partido local habría pedido a Comellas contratar un asesor de comunicación para el partido con el dinero del grupo municipal. El concejal demócrata se negó porque, obviamente, esas propuestas iban en contra del ‘Código de Buen Gobierno y Transparencia del propio Ayuntamiento y del partido’, una negativa que derivó en la advertencia de los denunciados de expulsarle del partido como así se votó meses después en una asamblea de urgencia que está, de hecho, también impugnada por Comellas ante los organismos nacionales del partido.
Según Comellas, “de acuerdo con su obligación legal como cargo electo”, informó de estas propuestas inmediatamente -el 15 de febrero, solo un día después- a la dirección y los órganos disciplinarios del Partido Demòcrata; al gobierno local (18 de febrero) y al secretario municipal (20 de febrero). Los dos concejales del grupo presentaron también una propuesta de denuncia antes de entrarla en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en 20 de marzo y finalmente Comellas formalizó la denuncia a este organismo el 5 de abril por dos propuestas de malversación de caudales públicos, amenazas y coacciones.
Un mes después, la Fiscalía califica los actos como “preparatorios para delinquir” (en el caso de la malversación de caudales públicos) y otros delitos “semi-públicos” suficientemente graves como para interponer querella criminal. Comellas, pues, deja sus responsabilidades de gobierno para no “involucrar al Ayuntamiento” y la presenta el 25 de julio. Una querella que ahora obtiene su admisión desde la Justicia.
En declaraciones a El Llobregat, Albert Comellas valora “muy positivamente el paso porque la juez admite los tres delitos: la propuesta de malversación de caudales públicos, las amenazas y las coacciones”. Tres delitos que podrían generar jurisprudencia y romper así con la desprotección jurídica de los cargos electos ante la presión de estructuras de partido a cometer ilegalidades en beneficio propio: “Los funcionarios y cargos electos tenemos la obligación de denunciar, pero no tenemos ninguna cobertura jurídica. Tenemos todas las obligaciones, pero ningún derecho. En el momento que podamos demostrar que esto es un delito y genere jurisprudencia, quedaremos más cubiertos y la gente no se atreverá a abusar de esta manera de los funcionarios y los cargos electos”.
Romper puentes entre los partidos y los grupos municipales
De hecho, Comellas avisa también a la organización nacional del PDeCAT ante la petición de cese como concejal de la asamblea local: “Tiene que haber un expediente de expulsión del partido y, luego, que te pidan el acta de concejal y no al revés. Yo no dejaré que el partido actúe de esta manera a nivel de concejales y alcaldes que tenemos. No la toleraré, ni tampoco que se hagan amenazas y que se destrocen los estatutos para emprender represalias y atacar la honorabilidad de un concejal. […] Y si el partido, a través de la Comisión Ética y el Consell Nacional, osa expulsarme por este motivo, les caerá una demanda civil que ya está preparada. Espero que no sea el caso y que no se tome como una amenaza. Pero esta manera de funcionar no se puede permitir. Los asociados tenemos unos derechos, hemos fundado un partido nuevo para hacer las cosas bien y los electos merecemos todo el apoyo y toda la jurisdicción y no la maquinaria de un partido”.
En este sentido, el concejal demócrata defiende haber trabajado por romper los puentes entre los cargos electos y la financiación de los partidos locales con varios ejemplos: primero, cuando llegó como líder demócrata, cerró una cuenta que había de un grupo municipal convergente anterior en la que tenía acceso el tesorero del partido: “El dinero es público y del ente municipal. El grupo tiene que dar cuenta directamente al interventor; de hecho, a finales de año, tenemos que justificar en qué nos lo hemos gastado y que lo hemos gastado para el grupo y no para fines electorales. Y si no te lo gasta, se devuelve. Es como una subvención finalista”, dice Comellas.
En segundo lugar, sostiene que él había sido ya “especialmente duro” con el partido nacional de Ciudadanos, que supuestamente habría intentado colocar gente del partido como asesores, en concreto, para un grupo municipal andaluz. Y, por último, Comellas defiende que los partidos se tienen que financiar, en todo caso, de donaciones personales, como la que él hizo a principios de año con 900 euros, una cantidad que se comprometió destinar cada mes y que, tras lo ocurrido, no podrá ser.