La vecina de Sant Boi, en lista de espera para un trasplante de corazón, tiene que dejar su piso de alquiler el próximo 8 de enero; la falta de viviendas de alquiler a un precio asequible y su situación familiar le han llevado a un punto límite que, incluso, pone en riesgo su vida
Si el gran hándicap de los pisos de compra es el desahucio ante un hipotético impago de la hipoteca, en el caso de los pisos de alquiler es la falta de estabilidad y la posibilidad de que el arrendador –legítimamente- no renueve el contrato. Esto es lo que le ha ocurrido a esta vecina de Sant Boi, Elisabeth Montserrat, que ha chocado ahora con la burbuja inmobiliaria actual y la falta de vivienda de alquiler asequible, lo que pone, incluso, en riesgo su vida.
De 39 años y madre de dos hijos menores de edad, Elisabeth ha sufrido dos infartos de miocardio, tiene colocado un desfibrilador automático implantable (DAI), su cuerpo genera piedras en distintos órganos –le han operado de la vesícula, por ejemplo- y está en lista de espera para un trasplante de corazón. Según los informes a los que hemos tenido acceso, la mitad de su corazón no le funciona y su estado de salud cuelga de un hilo, además, con el agravante de su obesidad mórbida. De hecho, en el momento de esta entrevista a su madre, Maria Rosa Delgado, y a su amiga y compañera de piso, Sonia Juanati, Elisabeth se encuentra postrada en una cama debido a su delicado estado de salud.
Con la incapacidad permanente absoluta reconocida, la mujer cobra una pensión de poco más de 635 euros lo que les permitía pagar el actual alquiler de unos 400 euros más 45 de gastos de comunidad. En este contexto y ante la decisión –insistimos- legítima del propietario del inmueble de vender el piso, la familia ha topado con la auténtica realidad del sector de la vivienda: el encarecimiento globalizado de los pisos tanto de compra como de los alquileres y de la falta de pisos de alquileres de titularidad pública y, por tanto, asequibles para situaciones excepcionales como ésta.
Por su parte, según explica la familia, su entorno inmediato tampoco puede ayudar. Elisabeth Montserrat está divorciada de su marido y su madre vive con varias amigas que le están ayudando, también, por su situación personal. Una serie de circunstancias y dramas que convergen, ahora, en una fecha: el 8 de enero, día en el que, según contrato, tendrían que abandonar el piso. “No vemos ahora mismo ninguna salida y no quiero que mi hija se muera”, dice desconsolada su madre, María Rosa. “Solo pedimos a quien sea la posibilidad de alquilar un piso a un precio asequible o un poco de tiempo al propietario. Mi hija no se puede quedar sin techo el 9 de enero”.
A merced del sector privado
Elisabeth Montserrat está en contacto, según la familia, con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Boi, que les ha asistido hasta ahora para poder hacer frente a los servicios básicos. Sin embargo, la vecina de Sant Boi choca con el problema que arrastra este país en relación con la política de viviendas: la falta de pisos de alquiler de titularidad pública.
Así lo decía, recientemente, la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, Carme Trilla, en una ponencia del Cercle d’Infraestructures, organizada con la colaboración de El Llobregat: “El alquiler está, en general, muy poco trabajado. Es cierto que Barcelona tiene altos niveles similares a los de España e Europa, pero es un alquiler que está en un 99% en manos privadas. Es la principal diferencia con Europa: tenemos una oferta de alquiler social de corto volumen. En el área metropolitana hay 20.000 pisos, lo que representa solo un 1,5%”. Sin embargo, las grandes capitales de Europa llegan, en esta estadística, a las dos cifras porcentuales.
Ocupar sin querer
“Nosotros lo queremos hacer todo bien, queremos pagar nuestro alquiler como hasta ahora”, dice Sonia. “No nos gustaría tener que seguir el día 9 de enero en el piso, pero lo tendremos que hacer si no nos queda otra. No nos podemos quedar sin techo tal y como está Elisabeth”. Ante la urgencia de las fechas y a las puertas de las Navidades, es el escenario más factible en estos momentos, aunque, tal y como apunta María Rosa, “sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana”.
De ser así, la situación se complicaría tanto para la familia –que estaría ocupando un inmueble en contra de su voluntad y podrían ser denunciadas por el propietario- como para el mismo arrendador que, necesitado de vender el inmueble, tendrá que acudir a la vía judicial y lo tendrá muy difícil para lograr el desahucio de la familia teniendo en cuenta su situación personal.
Todo, como decimos, debido al encarecimiento constante de la vivienda –de propiedad y de alquiler- en la ‘Gran Barcelona’ y a la falta de pisos de titularidad pública que equilibren el mercado inmobiliario.