Vayamos por partes. La T-10, el título de referencia, cuesta ya 10,20€. De media, la tabla de tarifas sube en un 2% (por encima del 1,2% del IPC) y afecta de manera generaliza a todas las zonas y a todos los títulos con la excepción de la T-Jove y la T-Mes Bonificada.
Este incremento acaba con años de contención en la que los precios habían sido congelados e incluso rebajados. Y lo hace justo en el año en el que se empiezan a aplicar medidas de restricción del uso del vehículo privado para intentar ganar usuarios en el transporte público y, con todo, mejorar la calidad del aire. Esta subida no se entiende, ni siquiera para justificar el aumento de frecuencias programado para los días de episodios de contaminación. Tampoco que se aplique la misma política de precios para el turismo. No puede pagar lo mismo un estudiante que necesita el transporte para ir a la universidad o un trabajador para ir a su puesto de trabajo que los turistas que usan el transporte público para visitar la ciudad.
En un momento de éxito del turismo de la ciudad condal y de récords históricos que, de hecho, necesita repensar el modelo, es necesario aplicarles un recargo en el transporte, en favor de los usuarios más desfavorecidos. De la misma manera, no tiene que pagar lo mismo un usuario esporádico que uno asiduo, que tiene que verse bonificado. Por todo, la T-Mobilitat representa una auténtica oportunidad para revolucionar el modelo y que, por tanto, la política de precios sea más justa. A las puertas de su puesta en funcionamiento, la política de precios tendría que haberse mantenido.
Algo parecido ha ocurrido con el agua. A semanas de que el Tribunal Supremo falle sobre el proceso de adjudicación de la gestión de ATLL a Acciona y todavía sin gobierno en Cataluña, es impropio que la Agència Catalana de l’Aigua no espere y suba un 11,8% el agua en alta a las suministradoras de agua, lo que puede derivar en un euro al mes de incremento de un recibo medio. Sube el transporte, sube el agua, sube la luz, el petróleo, el IPC… Un puñado de euros que para las rentas altas no son nada, pero que para la mayoría de ciudadanos del Baix Llobregat y L’Hospitalet es un apretón de cuello más.
La Administración ha perdido el miedo a encarecer los precios de los servicios, imaginamos que con la coartada de la recuperación económica y de los programas que, por ejemplo, en materia de pobreza energética, se han ido implementando. Sea como fuere, es conveniente recordar, a las puertas de una nueva precampaña de las municipales de 2019, que las ayudas para los colectivos desfavorecidos en este sentido son un derecho que tienen como ciudadano y no ningún favor. Con lo que los gobiernos locales que lo practiquen tienen que abandonar cualquier política clientelar de ayudas, a la vez que todos los partidos en la oposición deben comprometerse a mantener dichas ayudas y seguir asistiendo a quien lo necesite.
Dibujar lo que queremos ser
Para definir lo que queremos ser, el Baix Llobregat y L’Hospitalet tiene este 2018 la herramienta clave para marcar las líneas del futuro a medio y largo alcance. Se trata del Plan Director Urbanístico Metropolitano que, a final de año, contará con un documento de avance. El Urbanismo –en su sentido más amplio, pero también el de cirugía fina- representa la gran herramienta para definir las décadas del futuro en el territorio y prueba de ello es el PGM de 1976, todavía vigente. Tras más de 300 reuniones en este 2018, AMB presentará el documento de avance del PDU Metropolitano, que reclama la participación activa de todos los actores primordiales del territorio y que nosotros, como medio, y como ya hacemos en esta edición, seguiremos muy de cerca.