Y el testigo que viene con una cartera repleta de papeles y documentos que despliega en la mesa testifical en el primer minuto, que se esfuerza por responderlo todo ampliando las respuestas documentalmente para demostrar que conoce el terreno donde pisa que es, en apariencia un terreno firme donde ni la Fiscalia, ni la Abogacía del Estado ni mucho menos la acusación popular van a encontrar grietas, ni mentiras ocultas, ni siquiera medias verdades. El primero era el responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, y el segundo, el máximo responsable del Diplocat, Albert Royo.
El primero, al que se le veía una actitud más bien displicente y evasiva, fue el único hasta el momento que llevó al Fiscal a un cierto paroxismo que culminó cuando renunció al interrogatorio para reclamar esa figura jurídica que permite imputar a un testigo por ocultar la verdad, contestar sin recordar nada y entrar en contradicciones aparentes por no entrar en materia. No hay que olvidar que los testigos tienen que declarar obligatoriamente la verdad de lo que sepan al ser preguntados y, si a lo largo del juicio se demuestra que han mentido, pueden ser procesados criminalmente. Jaume Mestre puede ser el primero, por su notable impericia, que alcance tal estatus, porque lo cierto es que ha habido muchos testigos que han asegurado no recordar algunas o muchas cosas, pero la mayoría de ellos lo han hecho con una cierta convicción que es exactamente lo que le ha faltado al tal Mestre.
El otro testigo de la tarde ha sido el secretario general de Diplocat, ese organismo acusado de ser el instrumento de internacionalización del conflicto y de haberse gastado un dineral para traer observadores internacionales durante el 1 de octubre. Pues bien, Royo explicó por activa y por pasiva de qué va el organismo que el ha dirigido y dónde fue a parar el dinero público que se gastó: básicamente para hacer estudios sobre el encaje de Cataluña en España y cosas parecidas. Royo explicó mucho más de lo que se le pedía porque tiene las tablas necesarias y porque su argumentación se basa en los aspectos formales del trabajo que desarrollaba el organismo, puesto que los aspectos de fondo debe demostrarlos la acusación que para eso está: para pensar mal y para ver si acierta.
Estos testigos son dos modelos distintos y distantes: el del profesional de nivel, profesor en la UPF y seguro de si mismo, y el del funcionario fiel, por salario y por ideología, que está convencido de que los malos son los que preguntan y los buenos los que tienen que responder obligatoriamente. No hay suficiente con estar en el bando de los acusados o de los acusadores. El testigo debe ser perspicaz además de parecerlo, de modo que cuanta más apariencia de neutralidad se da, más posibilidades de éxito en un sentido o en el contrario: para demostrar que auxilias a los que sufren la acusación o para echar gasolina en el fuego de los que acusan. Ha habido de todo hasta ahora, y más que habrá. Desde Urkullu, que mostró su exquisitez colaborativa sin mancharse las manos, hasta el grafista que se presentó ante el tribunal con un jersey con una calavera e inscripciones, para demostrar en los gestos que a él no le apabullaba ninguna cohorte de togas con puñetas y mucho menos si le querían acogotar. Se salió por los pelos…
Ahora, a esperar al mayor Trapero por si quiere decir algo y para ver si ese algo que pueda decir sirve para resituarse un poquito más del lado de la judicatura o un poquito más del lado del independentismo. Ese ligero movimiento puede ser trascendental pero si no se mueve del sitio, si mantiene la misma posición que sus adláteres Castellví y Quevedo, por ejemplo, seguirá en tierra de nadie, donde no hay sol que caliente…
Otro sí. Terminado el plazo para sacar esteladas y lazos amarillos de los lugares oficiales, el president Torra le ha dicho a la Junta Electoral que no piensa obedecer porque vulneraría un derecho fundamental: la libertad de expresión. A decir verdad, los lazos y las esteladas no pueden hacer ningún daño al elector porque todo el mundo en Cataluña tiene muy claro que la oficialidad gubernamental solo representa a medio país, el suyo o el de enfrente. Así que mantener los lazos y las esteladas ni presiona ni engaña, pero la Junta Electoral tiene atribuciones legales para determinar lo que le parezca al respecto y desobedecerla es vulnerar de nuevo la legalidad. Tampoco desobedecer no es nada nuevo para el president y su equipo. Lo intentan cada vez que tienen oportunidad, de modo que lo sintomático sería que hicieran caso a algún requerimiento que venga de la estructura del Estado. Se trata de oponerse hasta en sus más nimias cuestiones, en una carrera hacia ninguna parte que se terminará cuando haya un ejecutivo estable. La incógnita está justo ahí: si habrá en algún momento un ejecutivo estable. Ese día se acabarán las dudas y las desobediencias. Y si no, al tiempo.