Una digitalización que alcanza al propio trabajo, con la obligación de tener que convertirnos todos en millennials, aunque peinemos canas. Un intento de volver a un mundo inexistente, donde sentirnos de nuevo cobijados, que también promueven algunos ayuntamientos con el recrudecimiento del discurso de la mal llamada remunicipalización de los servicios públicos.
Las barreras de los peajes de la AP-7 se levantarán el 1 de enero del año que viene en el tramo de Cambrils a Alicante. . Y en el verano de 2021 ya se podrá circular gratis también en el resto de tramos de la AP-7 hasta la frontera francesa, de modo que desaparecerá el histórico peaje de Martorell. Al margen de que el coste de la construcción de la autopista está suficientemente amortizado con lo que hemos pagado sus usuarios en las cuatro décadas de su existencia, la gratuidad provocará un efecto indeseado entre los ciudadanos, ya que recibirán un incentivo para que utilicen más sus vehículos privados y no el transporte público. Y ocurrirá como pasa en la concurrida B-30 o en la primera autopista de España cuya concesión venció en noviembre. Se trata de la AP-1 y en el poco tiempo transcurrido desde que es gratis ya han aparecido las primeras quejas por el incremento del 36% de su tráfico, en su mayoría camiones porque ahora circulan gratis.
Al margen de que el coste del mantenimiento de esa y de todas las autopistas lo pagaremos entre todos de los presupuestos públicos y no solo quienes transitan por esa vía, como ocurre ahora, se producirá un incentivo que será muy negativo para el aire que respiramos en el área metropolitana, ya que el acceso con vehículos privados y de camiones se verá lógicamente incrementado por la desaparición del peaje. Una circunstancia que ocurrirá precisamente cuando se habrán desplegado a partir de enero de 2020 medidas contra la contaminación, como la prohibición de que circulen los vehículos más antiguos y sin etiqueta medioambiental. Amén de la merma en la seguridad vial, puesto que ahora las empresas que explotan las autopistas invierten anualmente 100.000 euros por kilómetro, cuando el Ministerio de Fomento asegura dedicar 60.000 euros al año por cada kilómetro de autovías.
Defensa del pago por uso
Soy un firme partidario del concepto de pago por uso porque me parece injusto que quien no utiliza un servicio tenga también que abonarlo, mediante sus impuestos, a quienes sí lo usan, como es el caso de los transportistas, para quienes España es un verdadero paraíso fiscal porque es el único país europeo donde los camiones no pagan ni un céntimo por circular por nuestras vías de gran capacidad.
Bajando al terreno de lo local, en los últimos tiempos se ha recrudecido el discurso sobre la mal llamada remunicipalización de los servicios públicos. Un concepto que hay que aclarar, de entrada, que es erróneo, ya que en ningún momento los ayuntamientos han abdicado de la titularidad pública de los servicios que prestan en pueblos y ciudades. Cosa bien distinta es el hecho de que las Administraciones puedan optar por gestionar esos servicios públicos directamente, o bien a través del sistema de concesión, por parte de empresas especializadas, y manteniendo siempre la evaluación y el control sobre los concesionarios.
Un fantasma recorre las ciudades ante las elecciones locales: el fantasma de remunicipalizar servicios públicos. Por lo general, a los alcaldes y alcaldesas les mueven las buenas intenciones, pero no tienen la certeza de que los recursos públicos serán eficientemente gestionados. Pero la actitud de remunicipalizarque ha hallado cierto eco en algunos círculos que, tal vez por falta de información suficiente, no han contribuido a esclarecer el verdadero alcance de la cuestión: el criterio de la calidad en la prestación de dichos servicios, que debería presidir la toma de decisiones por los nuevos mandatarios a elegir. Así, de manera perversa se ha substituido el principio básico de lo cualitativo por una retórica populista contra la participación de las empresas privadas en la gestión de servicios municipales.
Pere Macias, presidente de la Fundación Cercle d’Infraestructuras, sostiene que el referido equívoco se ha fomentado para conseguir réditos electorales por parte de algunos grupos políticos que rechazan, irracionalmente, cualquier presencia del sector privado en el ámbito de la prestación delegada de servicios municipales. Amén de ser una puerta de entrada para dar cobijo a los militantes y familiares en empleos estables porque paga el pueblo, como si los ayuntamientos tuvieran una máquina de imprimir dinero y no procedieran sus presupuestos de lo que abonan los ciudadanos a través de los impuestos, tasas y demás tributos municipales.
Criterios de eficiencia y viabilidad económica
De momento, aquí sería deseable que los partidos plantearan unos programas electorales donde las fórmulas de prestación de los servicios municipales respondieran exclusivamente a la voluntad de maximizar la eficiencia y la viabilidad económica, además de garantizar la equidad y su sostenibilidad. En ese contexto, un estudio presentado recientemente recorre la amplia tradición de ese modelo colaborativo en Cataluña en servicios de titularidad pública y reivindica la colaboración público-privada como oportunidad para la administración local.
Ante el recrudecimiento ideológico del discurso remunicipalizador y los retos de aumento del gasto social de las administraciones, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) plantean que la toma de decisiones se base en criterios racionales, de forma que las personas reciban, al menor coste posible, el mejor nivel de calidad en servicios tan básicos como vivienda, agua, residuos, movilidad, tercera edad y la transformación tecnológica en las ciudades.
La cita olímpica de Barcelona en 1992 fue un caso de éxito de ese modelo mixto en el que la colaboración de la iniciativa privada fue decisiva, porque participó con un 43% de la inversión ejecutada. Una cooperación que resulta imprescindible en la construcción y gestión de las infraestructuras y servicios para abundar en el modelo concesional sin perder la titularidad pública. Así será más fácil evaluar cómo se gasta el dinero de todos.