Hace 24 años el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires llevó a cabo una reparcelación en el polígono industrial Sesrovires. Tres años más tarde, en 1998, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la anuló. Las licencias, no obstante, se habían ido concediendo y uno de los damnificados, la familia Farràs, comenzó un pleito por unos terrenos sobre los cuales se alzan hoy en día las 12 naves amenazadas. La familia denuncia que estos terrenos se inscribieron a nombre de otro propietario y ahora los tribunales le han dado la razón. El 14 de mayo de 2010, el Juzgado Contencioso Administrativo 12 de Barcelona así lo estableció, ordenando a su vez el derribo de estos 12 recintos. Una sentencia que es firme desde mayo de 2013, cuando fue confirmada por el TSJC, que desestimó el recurso de apelación que formuló el consistorio.
Es por esto que ahora mismo hay empresas que, pese a haber edificado sus naves con licencias de obras y la documentación en regla, ven amenazada su actividad en virtud de la sentencia que anula la reparcelación que llevó a cabo el consistorio. De hecho, según un auto judicial de noviembre del 2017, el Ayuntamiento de Sant Esteve ha de prestar un aval de 4,6 millones de euros para garantizar los prejuicios que estos derribos causarán a los terceros de buena fe, esto es, las empresas cuyas naves corren peligro. Ante la propuesta municipal de dilatar el pago del aval, el juzgado ha establecido que, si es necesario, el Pleno aprueba un plan de saneamiento antes del 15 de julio. La pacte denunciante estima que el Ayuntamiento tendrá que pagar más de 15 millones de euros por su responsabilidad patrimonial en la concesión de unas licencias que han acabado siendo declaradas ilegales. Unas cantidades muy altas para el consistorio más endeudado de la comarca.
Fuentes municipales han explicado a El Llobregat que el consistorio está trabajando para evitar el derribo de las naves industriales, "independientemente de los intereses privados que ejerza la familia Farràs a efectos de coaccionar al Ayuntamiento". Actualmente, prosiguen las mismas fuentes, se ha alcanzado la última fase de la urbanización del polígono Sesrovires, que será la culminación de unos trabajos que arrancaron hace siete años "para resolver definitivamente la problemática en este ámbito industrial". También consideran que el auto de mayo, que insta a llevar a cabo un plan de saneamiento municipal para cumplir con el aval, es un "mero trámite".
Por su parte, el abogado de los Farràs, Sergi Aymerich, considera que la familia es la "histórica propietaria" de estos terrenos del polígono Sesrovires y pone sobre la mesa una sentencia judicial de junio del año pasado que reconoce su derecho a ser indemnizada por las tierras de su propiedad que forman parte del polígono en la cantidad de 2,1 millones más intereses. Una sentencia que ha apelado el consistorio, desde donde quieren dejar claro que no hay "ni una sola resolución judicial de condena a indemnizar por parte del Ayuntamiento a la familia Farràs". Ésta, además, ha interpuesto una reclamación millonaria por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.