Nuestros ayuntamientos e instituciones supramunicipales hablan mucho de sostenibilidad pero no pasan a la acción, cuando las inversiones en este campo están exentas de la restricción de la regla de gasto.
Las desigualdades en nuestra comarca no se combaten suficientemente con medidas de equidad en la distribución de riqueza y cultura. La equidad consiste en que cada cual tenga lo que se merece en función de sus condiciones y méritos, pero sin perjudicar a unos para beneficiar a otros. Sirvan dos ejemplos de municipios con los que tengo una especial relación de nacimiento y residencia. Los vecinos de la plaza Europa de L’Hospitalet, que son los que más impuestos pagan, se están organizando para reivindicar los mismos servicios, algunos básicos, que gozan en otros barrios más pobres. Reclaman al ayuntamiento la equidad que ellos practican fiscalmente.
El otro ejemplo es de materia cultural. La equidad también brilla por su ausencia cuando servicios públicos, como las bibliotecas, cierran en agosto y dejan sin acceso a la cultura a los que no tienen dinero para irse de vacaciones, como ha ocurrido en Torrelles de Llobregat. Al no establecer servicios mínimos, queda barrado el acceso a la cultura a quienes menos tienen. Un impedimento que, por ende, lesiona la igualdad de oportunidades precisamente cuando disponen de más tiempo. Sería deseable que todos los gobiernos, empezando por los municipales, incorporaran en sus medidas cotidianas y planificación análisis de costes-beneficios para afinar mejor la evaluación de sus decisiones y así evitar al máximo perjudicar aún más a los perdedores.
El gasto público supone en nuestro país el 40% del PIB, de modo que las decisiones que toman nuestros responsables políticos son absolutamente decisivas y, cuanto más afinen, mejor irá para todos. Además de tener más sensibilidad en pos de la equidad, también me refiero a mejorar la eficacia del funcionamiento institucional mediante evaluaciones constantes, a que se garantice buenas capacidades gerenciales y a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Para alcanzar tan nobles metas se requiere un pacto, sin tamices ideológicos, con el único objetivo de que el desenvolvimiento de lo público mejore, al tiempo que se ensancha la amplitud de miras y se afina en equidad.
¿Dónde está la inversión medioambiental?
Con el calentamiento global asistimos a un empeoramiento de las catástrofes naturales que llevan asociadas pérdidas económicas e incluso humanas. Un impacto que también afecta directamente a nuestros bolsillos y salud, por ejemplo con el aumento de la factura de la electricidad, ya que muchos son los que mantienen encendido el aire acondicionado, incluso por la noche, para combatir sus tórridos desvelos.
José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), reconocía este verano en un curso sobre fiscalidad sostenible en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que nuestros ayuntamientos no están aprovechando la exención de la restricción de la regla de gasto de la actual normativa española en el caso de las inversiones sostenibles. En el territorio Llobregat las inversiones genuinamente medioambientales son escasas, aunque a los políticos que gobiernan en la práctica totalidad de los ayuntamientos se les llena la boca de palabras como sostenibilidad y medioambiente.
Desde esta modesta tribuna animo a nuestros representantes municipales a que sean capaces de realizar inversiones sostenibles porque, además de mejorar nuestras vidas y procurar una mayor equidad, no computarán a efectos de la regla de gasto. No hay, por tanto, excusa para los ayuntamientos, que pueden embarcarse en este tipo de inversiones sin que la disciplina fiscal les restrinja. En este punto, Escrivá también señala la falta de coordinación y unidad de acción en territorios como el comarcal, que es el que aquí nos ocupa.
Afortunadamente, una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto coto a lo que pueden aprobar los ayuntamientos en sus plenos, y limita los pronunciamientos en plan brindis al sol. El alto tribunal considera que los consistorios deben evitar los asuntos que se escapan de sus competencias territoriales porque “no existe en nuestro derecho ningún espacio franco o libre en el que puedan actuar los poderes públicos”. Una sentencia que va a marcar un antes y un después, al crear jurisprudencia sobre la capacidad política de los ayuntamientos. Por fin los debates en los plenos municipales se centrarán en mociones relacionadas con las cuestiones a las que se tienen que dedicar nuestros políticos. Y hablando de dedicación, viene al caso comentar que aumentarse el sueldo ha sido la primera decisión que han adoptado la mayoría de corporaciones locales de nuestro territorio en el primer pleno tras su toma de posesión a mediados de junio.
Hacer las paces con las frustraciones
Hay quien no entiende el espíritu crítico. Tal vez influenciados por los programas televisivos que se basan en despellejar al prójimo, piensan que ser crítico que se limita a maldecir de los demás. Nada más lejos de la realidad en el caso de los periodistas que me acompañan en esta publicación, ya que para nosotros, además de informar, consideramos una obligación analizar, evaluar y proponerse entender la forma en que mejor nos organizamos como sociedad, buscando la verdad a partir de poner en cuestión opiniones o actuaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Si no desarrollamos un sentido crítico es que renunciamos a hacerlo mejor. De momento, yo lo escribo porque es un modo de hacer las paces con mis frustraciones, con lo que observo que no va bien. Porque queda escribirlo si después de tanto alzarte nada alcanzaste. Pero mejor lo dice Luis Cernuda en el final de su poema Para estar contigo:
No digas que no esperabas
Todo ello en el principio
Y acepta, como si iguales
Lo esperado y lo vivido. III