Ha habido tantas intersecciones de las cloacas del Estado en el devenir de los acontecimientos políticos, tanta obsesión por el castigo y tanta parcialidad en algunas decisiones, que esta lacra es real: se desconfía de los informes policiales y de la objetividad de la justicia.
La información que saltó ayer a la actualidad en referencia a la detención de supuestos integrantes de los CDR por preparar explosivos para atentar en octubre, es de las más preocupantes que se han relacionado hasta ahora con el proceso independentista. Preocupante si es cierto que había gente que pensaba en explosivos para resolver el contencioso territorial de Cataluña y preocupante si, como ha ocurrido otras veces, es una operación de los subsuelos malolientes del Estado.
De momento, se sabe poco. Más allá de lo que han anunciado los cuerpos policiales y la Audiencia Nacional que es quien ha ordenado las diligencias. Se afirma que se ha intervenido material químico que podría servir para fabricar explosivos, material informático y documental que se está analizando, y que se han practicado nueve detenciones, algunas de las cuales correspondientes a personas que ya se tenían fichadas por altercados previos. Se sabe que el independentismo militante se ha echado a la calle en algunos sititos y, sobre todo, que se ha lanzado a una batalla en las redes para desacreditar la acción jurídico-policial basándose en el mensaje archiconocido de la represión del Estado y los errores de bulto como el que se cometió no hace tanto con la joven de Viladecans que estuvo confinada un montón de meses sin que se le pudiera probar nada de nada.
Como se sabe poco del caso y en cambio se conoce bastante de la desconfianza que han producido algunas actuaciones policiales, judiciales y políticas, yo soy de los que no se van a pronunciar en un sentido o en otro hasta que los datos no arrojen la luz necesaria. Pero no pronunciarse sobre la cuestión no es óbice para exponer esa preocupación a la que me refería anteriormente. Si verdaderamente los investigadores policiales tiene razón, se habrá llegado a donde tanto nos temíamos algunos: a la violencia política para defender posiciones, sin duda legítimas, siempre que permitan pareceres encontrados. Con explosivos, armas y violencia, lo más fácil es que quien no piensa igual, empiece a tener miedo y, sobre el miedo, es imposible desarrollar una sociedad donde todo el mundo quepa, como teóricamente querían quienes iniciaron este peligroso proceso.
Si, por el contrario, se trata de una sucia maniobra de desprestigio, el olor a podrido del Estado va a ser indisimulable. Si esto es así, el independentismo habrá acumulado una nueva poderosa razón para querer destruir el status quo territorial.
Sin embargo, lo chocante hasta el momento, ha sido la furibunda reacción del independentismo militante que se ha pronunciado como un solo hombre en defensa de los detenidos. ¿Y si se equivocan? ¿Y si es cierto que hay un sector radicalizado del independentismo que pretende resolver el contencioso por la vía de la violencia?
Conociendo la historia nadie podrá decir que esto jamás ha ocurrido. Las voces que se han alzado contra las detenciones, el president Torra a la cabeza, señalan que el independentismo siempre ha sido pacífico. Siempre, desde el 2012, mientras no se demuestre lo contrario. Pero entre los independentistas recalcitrantes los hay —los que ya lo eran desde la Transición— que participaron en su día, por activa o por pasiva, de la violencia organizada. Aquello que fue episódico y resuelto con inteligencia, bien podría repetirse ahora que se dan tantas condiciones objetivas: radicalización del mensaje de represión del Estado, perspectiva de una sentencia a los presos que les va a condenar a unos cuantos años de cárcel, parálisis en la salida política, atomización de la organización de resistencia independentista, ausencia de una estrategia definida, coordinada y de consenso, debilidad de las organizaciones tradicionalmente independentistas para liderar el proceso, contradicciones en las cúpulas de los partidos e institucional, intereses cruzados internacionales, crisis de estabilidad en el gobierno, crisis de confianza en las instituciones, en los poderes del Estado e incluso en la jefatura del Estado, perspectiva de nueva crisis económica europea en un contexto de renovadas tensiones geoestratégicas en el mundo. En fin, vivimos una época de convulsión que solo la estabilidad internacional de los Estados puede controlar. Si los Estados se hunden, se agrietan, se disuelven, las contradicciones estallan y se desencadena la violencia. Quizás después podría existir una República Catalana, pero antes es probable una aguda fase de dolor y crujir de dientes…
Ya digo que se sabe poco sobre lo acontecido y precisamente, porque se sabe poco, sorprende que la propia fiscalía haya hablado tan pronto de terrorismo. Y también sorprende que haya trascendido tan poca cosa cuando, al parecer, la investigación policial tenía vigilados a unos cuantos activistas desde hacía meses. Y, para acabar de enturbiar el paisaje, choca que en unas acusaciones tan serias, los jueces hayan decidido poner en libertad a un par de los detenidos. Si de lo que se trataba era de responder con la persecución policial y judicial a las amenazas de conflicto tras conocerse la sentencia, lo que ha trascendido no puede resultar más chusco. Si todo es mentira, volveremos a estar ante otra catástrofe semejante a la del 1 de octubre cuando la chapuza represiva marcó época. Si por el contrario se demuestra que había voluntad de poner bombas, se habrá sobrepasado un límite que parecía sorprendentemente inteligente, el de permanecer —pese a la frustración— en la senda de la presión pacífica. En cualquier caso, esto de ahora no es la tontería incalificable del caso Tamara. En un sentido o en otro, es un acontecimiento bastante más grave.
Veremos hacia donde nos conduce el 23-S. Desde luego, septiembre no es un buen mes para los catalanes…