En años anteriores las incomodidades generadas por el turismo masivo y el incivismo constituyeron las preocupaciones fundamentales, habiendo sido reemplazados por la creciente inseguridad. En tan solo cuarenta días se produjeron siete muertes violentas en la ciudad, además de peleas callejeras, robos y apuñalamientos.
Las tasas de delincuencia crecen exponencialmente en varios ámbitos, principalmente a través de bandas organizadas de delincuentes extranjeros especializados y de carteristas. Las primeras también están integradas por menores extranjeros no acompañados, conocidos como “menas”, que incrementan notablemente el porcentaje de robos y asaltos.
Para atajar la crisis de inseguridad generada se constituyó la Junta Local de Seguridad, que asumió la intención de coordinar esfuerzos contra la delincuencia, adoptando entre otras medidas el aumento del número de efectivos policiales, lo que ha contribuido a un número mayor de detenciones. No obstante, este organismo exige una mayor contundencia de las autoridades judiciales.
El inconveniente principal radica en que desde junio de 2017 no se castiga la reincidencia de hurtos. Ello se debe a una controvertida Sentencia del Tribunal Supremo que impedía considerar delito la acumulación de tres faltas. Por ello, los reincidentes no acaban en la cárcel, y la justicia impone sanciones económicas de baja cuantía que no tienen problema alguno en pagar.
Incluso los propios comerciantes de calles del centro de Barcelona se organizaron para hacer frente a los ladrones multirreincidentes, que se benefician de las lagunas del sistema legal para aprovecharse de sus negocios y clientes.
Los jueces sostienen que son los políticos quienes deben acometer las reformas en la ley, que les permitan actuar con mayor severidad. Con ello se están generando diferencias entre estamentos, en lugar de alcanzar consensos para lograr la seguridad ciudadana, que es un servicio público esencial.
Resulta lamentable que Barcelona haya sido titular de las noticias periodísticas en países de nuestro entorno y más lejanos, no por aspectos favorables, sino por la inseguridad que se vive en nuestras calles. Esto tiene evidentes repercusiones negativas en la tasa de ingresos de la ciudad por turismo, dado que se trata de un sector muy sensible, que en situaciones alarmantes como las registradas, no duda en desplazarse a otros destinos más seguros.
Se trata por tanto de adoptar medidas eficaces en el ámbito de las administraciones públicas, reformar el Código Penal e implementar a la mayor celeridad posible leyes que endurezcan las penas a los delincuentes multirreincidentes, e incrementar la dotación de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sólo así, podremos recuperar el espacio de libertad que nos permita progresar como ciudad. III