La hospitalense Meritxell Borràs ha sido condenada por desobediencia, pero no tendrá que entrar en prisión
El Tribunal Supremo notifica personalmente las penas a los acusados en el juicio del procés. El tribunal presidido por el juez Manuel Marchena ha condenado a los presos independentistas este lunes a varios años de cárcel. Entre los juzgados se encuentran dos políticos de la comarca: Oriol Junqueras, líder de ERC y exalcalde de Sant Vicenç dels Horts, y Meritxell Borràs, de L’Hospitalet y ex consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
Junqueras se queda con la pena más dura de todos los acusados: 13 años de cárcel, y otros 13 de inhabilitación, por sedición y malversación en los años que fue vicepresidente de la Generalitat de Catalunya (2016-2017) y por la organización del referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Otra de las políticas de la comarca, Meritxell Borràs, se ha librado de la cárcel, pero deberá pagar una multa durante 10 meses de 200 euros diarios, un total de 60.000 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La exconsellera ya anticipó en un acto en Girona que pediría el indulto, si al final era condenada.
En lo que respecta al resto de líderes políticos procesados, las penas son de 12 años de prisión para Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull; 11 años y 6 meses para la expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn. No tendrán que entrar en prisión, como Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, que deberán abonar la misma multa que la exconsellera: un total de 60.000 euros durante 10 meses y la inhabilitación especial de 1 año y 8 meses.
Los que presidieran Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez, también tendrán que pasar por prisión, a pesar de no haber tenido ningún cargo político específico durante la celebración de la votación del 1-O. Los ‘Jordis’ son condenados a 9 años de cárcel, tras los hechos ocurridos durante el referéndum, así como los actos llevados a cabo durante el registro, por parte de la Guardia Civil, de la Conselleria d’Economia en 2017. Las condenas, más altas que las que solicitaba la Abogacía del Estado han sido, en su mayoría, por sedición y malversación, pero no por rebelión como solicitaba la Fiscalía.