El tributo metropolitano y los pequeños

No puede resultar extraño que un buen número de los municipios de la segunda corona metropolitana, que se incorporaron este año a la integración tarifaria única del transporte público, hayan protestado activamente por la aplicación del tributo a sus ciudadanos. Lo han hecho unos cuantos consistorios y lo han hecho un buen número de ciudadanos de esos mismos municipios, alarmadas por el sigilo con el que se ha llevado el cobro de un impuesto nuevo aplicado sobre una base tan controvertida como es el IBI, sujeto a tantos modelos distintos como ayuntamientos hay.
La razón municipal para mostrarse descontentos se basaba en el incumplimiento manifiesto de las promesas en el momento en que se propuso la integración tarifaria. La razón ciudadana (se centraba), no solo en la ausencia de mejoras perceptibles, también en los desiguales importes en función del municipio y, sobre todo, en la aplicación de un impuesto general cuyos beneficios resultan de facto muy heterogéneos. Es cierto que la división en coronas de los municipios del AMB tiene actualmente muy poca razón de ser, sobre todo porque habría que mirar con lupa qué distingue a unos municipios de otros en el ámbito metropolitano. Incluso, para ser objetivos, habrá que preguntarse a estas alturas quién es capaz de determinar que El Prat sea un municipio metropolitano y no lo sea Martorell, por ejemplo. Las razones para diferenciar unos municipios de otros en relación con Barcelona cada vez son más difusas por cuanto la distancia ya no es un argumento de peso una vez que el continuo urbano mitiga esas diferencias, hasta el punto que el AMB tendrá, con el tiempo, que modificar razonablemente sus límites, a no ser que se revierta la tendencia de mancha de aceite del que han hecho gala sus planificadores territoriales. Cuestión que parece, como es obvio, bastante lejana.
En este contexto, la integración tarifaria de las dos coronas no solo ha sido una necesidad objetiva, sino que resultaba imprescindible para facilitar una de las necesidades más acuciantes de la ciudadanía como es la movilidad. Ahora bien, que las distancias ya no sean lo que fueron no justifica que siga habiendo grandes diferencias en las facilidades de transporte según sean municipios en los corredores de ambos lados del río o en los límites de montaña a ambos lados del Llobregat. En este sentido, municipios de los contrafuertes del Garraf/Ordal como Sant Climent, Torrelles, Cervelló, Vallirana, La Palma o Corbera, no pueden ser considerados, a efectos de movilidad, como los de ambas orillas de la ribera. En general, sus servicios de transporte públicos, alejados de los grandes enlaces centrales, han sido tradicionalmente desatendidos, hasta el punto de que ha sido en esos ámbitos donde más se ha dejado sentir el malestar por el nuevo tributo. Primero, porque sus ciudadanos pagan como el resto de contribuyentes —en virtud de IBI, por lo general, muy elevado en relación con otros municipios mucho más densos— y segundo, porque ni ha habido mejoras perceptibles en el transporte público que directamente les afecta, ni siquiera un esfuerzo del AMB por explicar el tributo, sus beneficios y sus previsibles mejoras de futuro.

¿Estímulo para dejar el vehículo privado?
En realidad, la mayoría de ciudadanos de esos municipios de montaña, alejados de los enlaces centrales —las grandes líneas de autobuses interurbanos, el carrilet, las líneas de metro, el ferrocarril de cercanías, el trambaix— no consideran que el tributo les estimule a abandonar el transporte privado. Piensan, con mucha razón, que van a tener que seguir utilizando sus propios medios de transporte, a la vez que van a contribuir a abaratar el transporte público de quienes ya lo venían usando de manera general porque formaban parte de las líneas centrales de movilidad interurbana.
Es más, cuando algún habitante de esos municipios de montaña tiene que desplazarse a cualquier municipio de los ejes centrales por sus propios medios, lo único que encuentra son inconvenientes: no hay aparcamientos disuasorios intermodales que les permitan aparcar y acceder con facilidad al transporte público y, cada vez más, van a encontrar permanentes obstáculos para poder transitar en estos municipios por causa de las recurrentes alarmas de contaminación. Es decir: su parte del tributo metropolitano no va a beneficiar su movilidad —ya ha habido muchas quejas afirmando que mayoritariamente no usan transporte público— sino la movilidad de los que tienen los mejores servicios.
El AMB es, una vez más, el gobierno de los grandes en beneficio de los mejor situados, como ocurre casi siempre. Los municipios pequeños, alejados de las grandes vías de movilidad, están escasamente representados en el organismo metropolitano y tienen poca fuerza y muy poca voz. Es verdad que organizar servicios de transporte público en núcleos urbanos algo más alejados de los recorridos centrales acostumbra a ser mucho más caro y, por lo tanto, hay que vincular su frecuencia de uso a la racionalidad del coste. Por eso mismo, va a resultar muy complicado eliminar la preeminencia del transporte privado en esos municipios. Lo sensato sería aceptar una parte de transporte privado en esos municipios hasta los intercambiadores intermodales que conectan los grandes ejes. Por lo tanto, facilitar el transporte público en esos municipios no pasa por poner más líneas de autobuses o más frecuentes: pasa, sobre todo, por poner mejores, más amplios y gratuitos aparcamientos públicos en los puntos de enlace de los grandes ejes de interconexión urbana. Y en mejorar esa interconexión no solo radialmente en dirección a Barcelona sino entre los municipios metropolitanos.
Pasa, como siempre, por escuchar y ser sensibles a todas las problemáticas. Pero, como también casi siempre, se ha empezado por lo más fácil: cobrar el impuesto y afirmar, después, que se va a hacer caso a las sugerencias. Tuvieron un año entero para tener en cuenta a los pequeños y este ha sido el resultado. Me temo que solo harían caso si los pequeños dejaran de pagar colectivamente.