Es el tercer encuentro del presidente de España Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat —al que gusta simplificadamente asignarse el título de presidente de Cataluña—, y quizás sea el primero de la evidencia de que con estos partenaires no hay acuerdo posible. Sánchez ha venido a Cataluña a resolver el conflicto político. Más que a resolverlo, a explicar que es consciente de que hay un conflicto político que se debería abordar, un conflicto político, es cierto, que quizás entre los independentistas y los federalistas vocacionales —lo que unos llaman unionistas, y otros constitucionalistas, llevándose insensatamente el agua a su molino— no tenga solución.
Es probable que Sánchez lo sepa y que Torra lo intuya —no me atrevo a pensar que Torra sepa demasiadas cosas— y es también probable que convenga dar unos cuantos pasos para sosegar las crispaciones y para conseguir alternativas viables a las afrentas acumuladas. Pero eso no resolverá el conflicto político porque, a mi juicio, ese conflicto político entre el independentismo y el Estado parece irresoluble. Sánchez acaba de poner en manos de Torra un documento de 44 puntos para resolver los problemas, los agravios y las afrentas acumuladas por Cataluña en los últimos años. (Algún día, algún presidente de la Generalitat tendrá que hacer lo propio para resolver los problemas, los agravios y las afrentas acumuladas por los ciudadanos españoles provenientes del independentismo). Pero Torra ya ha dicho que esas medidas no afrontan el conflicto político. Esas medidas afrontan déficits, reconocen negligencias, aceptan maltratos, pero no entran en la esencia del conflicto político que es el derecho de autodeterminación, la soberanía, en definitiva, y los daños colaterales del activismo de los últimos tiempos: la cárcel, la persecución de los huidos y la judicialiación de la política.
El independentismo ya hace tiempo que considera que ha moderado su propuesta. Claman independencia a gritos, pero cuando se trata de negociar ya entienden que eso es un absoluto. A cambio, hacen una propuesta que consideran más soportable: el derecho a la autodeterminación. Y la hacen, en mi opinión, amparándose en un argumento que les da un poco más de oxígeno que el que les da el simple anhelo de la independencia a secas. En los plebiscitos electorales, que són la única medida de la opinión demoscópica, se ha visto bastante claramente que cerca de un 48% de la población es independentista, y no solo soberanista, aunque lo podríamos también discutir. Pero se da por hecho que cerca del 80% de la población es soberanista, es decir proclive a que el Estado reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Yo me permito discutirlo desde la misma evidencia de mi experiencia cercana. Conozco a unos cuantos que han votado a partidos que podrían estar en ese 80% de la masa electoral, pero no son nada favorables al derecho a la autodeterminación. Ese dato es un supuesto generalista que se da por exacto. Hasta el extremo de que Torra reclama el derecho a la autodeterminación ante Sánchez, y no la independencia, porque considera que el 80% de los catalanes quieren eso, frente al 48% que quiere lo otro.
Y ya debiera ser hora de poner los puntos sobre las íes en este extremo. Para saber cuantos catalanes están a favor del derecho a la autodeterminación nada mejor que preguntarlo. Nada mejor que un referéndum, pero no por la independencia, sino por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación que es una forma un tanto pesada de rizar el rizo, porque se trata de un referéndum del referéndum. Y un referéndum del referéndum en realidad no interesa a nadie.
Y con razón. Imaginémonos que la pregunta de ese supuesto referéndum es: ¿Defiende usted el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña? Si, No, No contesta. ¿Quienes tendrían que responder que sí? Pues en puridad, solo aquellos catalanes que quieren un referéndum sobre la independencia. Porque los independentistas tendían que responder, también en puridad, obviamente que no: O quieren el derecho a la autodeterminación, o quieren la independencia a secas. Pensemos que por una cuestión de pragmatismo, la mayoría de independentistas votara que si. Y entre ellos, muchos que estarían realmente a favor de ambas cosas. Esto nos podría dar también un dato falso, porque aparecerían más sies que noes cuando la verdadera diferencia entre los independentistas y los favorables al derecho a la autodeterminación no deben superar, según los propios datos de Torra, el 32% (80%-48%).
Como que no hay datos constatables sobre las opiniones de los catalanes más allá de lo que se expresa votando a los partidos que tienen posiciones incuestionables, la cifra del 80% es una cifra equívoca y por lo tanto usarla para defender el derecho de autodeterminación porque lo apoyan la mayoria de catalanes, como hace Torra, es una trampa. Démosle gracias a los Comunes por ser tan terriblemente equívocos en este punto. Su postura no ha ayudado nada al conflicto, y esto, la historia tendrá que reprochárselo claramente en el futuro.
Pero volvamos al meollo de la cuestión. Sánchez quiere resolver el conflicto político solventando los agravios históricos de Cataluña en el terreno de la legalidad vigente, quizás llevando las soluciones un poco más allá: hacia el federalismo desarrollado como superación tácita del Estado de las Autonomías incluso, si hace falta, reformando la Constitución. Pero esa idea corre paralela —y por lo tanto, sin posibilidad de encuentro— con la idea de la soberanía del pueblo catalán. Dos interlocutores a ambos lados de la mesa, con esas opiniones contrapuestas y sin punto de conexión, no tienen futuro. Para que haya futuro en esa mesa tienen necesariamente que cambiar los interlocutores o alguno de ellos tiene que recular hacia posiciones más prágmáticas y posibilistas. O Sánchez renuncia a la legalidad y acepta un derecho que la Constitución no contempla, o los interlocutores de enfrente renuncian al derecho de autodeterminación y a la independencia, y aceptan dialécticamente la solución federal.
No veo al independentismo actual muy puesto a esas renuncias tan radicales... a menos que se queden sin apoyo electoral suficiente. Entonces quizás tendrían que repensar su estrategia ideológica, justo en el instante mismo en que ya no haría ninguna falta porque al otro lado de la mesa ya no estarían ellos sino otros que se conformarían sin duda con una salida federal, que la Constitución permite como superación ordenada del Estado de las Autonomías actual.
Todo muy complicado, es cierto. ¿Pero acaso la política no se inventó para los contenciosos complicados?