L’Hospitalet iba a ser en febrero una zona neutral en la guerra que libran EEUU y China por el control de la tecnología 5G y se ha convertido en el campo de batalla de esa confrontación, que ha dejado la primera baja del Mobile World Congress con la excusa del coronavirus. También ha influido la denominada tasa Google con la que el Gobierno ha decidido gravar a las empresas de servicios digitales, pues todas son estadounidenses. Y ya se sabe que en el país de las barras y las estrellas son muy patriotas. Consideran ese nuevo impuesto una agresión, junto a las subvenciones a Airbus, y nos han devuelto el contraataque con aranceles del 25% a los productos españolísimos, como el vino o las aceitunas negras.
El dominio del mundo es hoy en día tecnológico y las guerras son comerciales y cibernéticas, de modo que la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad personal, empresarial y de país. La imagen de tanques entrando en territorios para someterlos al control del invasor forma parte del pasado. Ahora los ataques se realizan mediante drones, o mejor, a través de ‘hackers’ que se introducen en los sistemas informáticos de servicios esenciales para un país mientras que también contaminan las mentes de sus habitantes.
Se calcula que a finales de este año habrá más de 20.000 millones de dispositivos de todo tipo y funcionalidad conectados a Internet, lo que supone un campo abonado para los ciberataques. Por ello, el pasado día 27 de junio entró en vigor el nuevo Reglamento sobre Ciberseguridad de la Unión Europea (UE). Esta norma afecta especialmente al internet de las cosas, más conocido como IoT en sus siglas en inglés, tecnología que conecta dispositivos entre sí. Dispositivos que, dotados de inteligencia artificial (IA) realizan todo tipo de funciones y que podrán ser autosuficientes, si así son diseñados. La idea de la UE con este reglamento es crear un nuevo “pasaporte” común en materia de ciberseguridad, un documento que tenga la suficiente flexibilidad para intentar abarcar, sobre una base común, todas las necesidades y especificaciones presentes y futuras en esta materia.
Como ciudadanos también deberíamos dotarnos de un documento que acreditara nuestras habilidades y competencias digitales, no solo para poder desenvolvernos en la vida cotidiana con mayor destreza, sino también para aumentar nuestras posibilidades de mejora en el trabajo o para encontrar empleo. Muchas empresas subrayan las dificultades que encuentran en la digitalización de sus procesos, debido a la brecha digital existente en buena parte de sus plantillas, incluso entre los jóvenes, que usan la tecnología sin ser conscientes de lo que hacen. Unas necesidades que se agrandan en puestos más cualificados, porque las empresas tienen que buscar candidatos para cubrir sus vacantes en otros países digitalmente mejor preparados que nosotros.
La “mili” está de moda en Europa
El pasado verano, Emmanuel Macron comenzó en Francia un Servicio Nacional Universal, heredero de la antigua “mili” pero con contenido social. Después de que un puñado de países europeos, encabezados por Suecia, hayan restablecido el servicio militar obligatorio, que también Alemania se lo esté planteando y que otros tantos nunca lo abolieran, como Dinamarca, Finlandia, Suiza, Noruega o Grecia; está claro que la “mili” vuelve a estar de moda en Europa por distintos motivos. Quien suscribe, propone modestamente el establecimiento de una “mili” digital obligatoria en nuestro país, en la que el campamento suponga un adiestramiento en las habilidades y competencias tecnológicas básicas para desenvolverse en la vida cotidiana y laboral.
La fase de formación elevaría nuestras capacidades, empezando desde la básica de la alfabetización digital, que no solo consiste en instruir en habilidades técnicas en el manejo de herramientas y aplicaciones, sino también en educar de una manera holística y general, resaltando aspectos como el respeto a los demás, la responsabilidad y trascendencia de determinados actos, o proporcionar criterios para encontrar las fuentes más fiables y rigurosas de información en la Red.
Igualar a todos
Superada la formación en cada caso, todos los ciudadanos deberíamos realizar servicios de guardia y vigilancia digital en las instalaciones más sensibles de nuestro país, siempre supervisados por especialistas en la materia. Se trata de cubrir una doble necesidad. No olviden que las amenazas actuales, basadas en el terrorismo, la ciberguerra y las ‘fake’, se unen a las carencias digitales de la mayoría de la población. Pero ahora no podrían librarse de la “mili” digital los ricos o los muy formados, porque el servicio a la comunidad sería obligatorio, aunque el adiestramiento quedara superado por una demostrada capacitación. Por fin la “mili” nos igualaría a todos. Y hasta cotizaría a la Seguridad Social, como ocurre con la anterior que suprimió Aznar en 1996.
La propuesta contribuiría también a que todos aportáramos nuestro granito de arena por el bien común. Sería una fórmula de altruismo nacional o republicano, según se mire, de los que aman a su país. Y quien considere esta idea una marcianada, que mire a su alrededor y, por ejemplo, juzgue el deseo de la alcaldesa de L’Hospitalet de hacer una playa en el corazón del puerto barcelonés. Al menos, la “mili” digital sería útil. III