La pandemia ha impactado en nuestras vidas hasta el punto de obligarnos a reconocer que se acabó el tiempo de los juegos florales. Necesitamos resultados, certezas, objetivos realizables a corto plazo, previsiones que se cumplan. Es como si el Coronavirus nos hubiera zarandeado para que giremos nuestra mirada hacia el mundo político y exijamos unos mínimos: la política no es una fiesta y no conviene prescindir del sentido común. Lucir cargo cuando la sociedad transita sin zozobras, es trabajo para cualquier predicador. Gobernar cuando los problemas nos desbordan, requiere formación, experiencia, trabajo, carácter y objetivos realizables.
Hemos empezado enero con dos sucesos que ejemplifican lo que convendría dejar atrás:
-Uno. La Consellera de Salut, Alba Vergés, anunció que la campaña de vacunación empezaría el 27 de diciembre en la residencia Feixa Llarga de L’Hospitalet de Llobregat, y que en las dos primeras semanas de la campaña, se vacunarían 104.000 personas. Quince días después sabemos que durante la primera semana tan solo se vacunaron 7.774 personas; y que las dosis administradas suponen el 13% de las recibidas por la Generalitat de Catalunya… Seguro que el retraso está justificado por problemas logísticos, las propias fiestas de fin de año, o el cierre de la frontera inglesa. Seguro que sí. No obstante, estos datos evidencian que quienes programaron la campaña, no tienen la competencia necesaria para evaluar la situación. Las previsiones de un gobierno, el que sea, nunca deberían presentar desviaciones del 85%.
-Dos. El sentido común nos dice que cuando las limitaciones obligan a restauradores, hoteleros, actores, músicos, deportistas y ciudadanos en general, no puede ser que alguien desde fuera de España organice en una nave abandonada de Llinars del Vallès una fiesta “rave”, con intención de que dure tres días y que acudan centenares de personas de toda Europa. (¿Por qué lo organizaron en Catalunya y no en Alemania o Francia?). No puede ser que la policía tarde 40 horas en disolver el sarao y que a la salida, los asistentes no fueran detenidos; se marcharon con un acta administrativa de sanción (será curioso saber dentro de unos meses, cuántas de esas multas se van a cobrar en los domicilios alemanes, franceses o italianos de muchos de los asistentes). A los autores de un acto de desobediencia que, supuestamente han puesto en riesgo la salud pública, sea por Covid, sea por distribución de estupefacientes, ni tan siquiera se le lleva a comisaría para tomarles declaración… Por el contrario, pocos días antes, la alcaldesa de L´Hospitalet había sido llevada a comisaría para “tomarle declaración” sobre un asunto que ya estaba siendo instruido en los juzgados de la ciudad desde hacía meses. Lo dicho: hemos de recuperar el sentido común en la gestión pública.
Amigos lectores, es tiempo de prestar atención a la política; de explicar las cosas como son. De centrarnos en nuestro trabajo sí, pero exigiendo que quienes nos gobiernan sean idóneos para ocupar el cargo que desempeñan. De todos nosotros depende. III