Corresponde al juzgado determinar si ha habido o no hechos delictivos y, mientras tanto, solo nos cabe conceder a los implicados la presunción de inocencia. Cs somos prudentes y mientras dure la investigación judicial no le estamos reclamando la dimisión a la alcaldesa y el resto de implicados para evitarles un daño irreparable si finalmente no se le abriera, a alguno de ellos, juicio oral. Lo que sí le hemos sugerido a Núria Marín es que renunciara temporalmente al cargo de alcaldesa, conservando su acta de concejal, mientras dure la investigación, para preservar la imagen del Ayuntamiento, lo cual ya ha rechazado.
A los representantes políticos nos corresponde evaluar el funcionamiento de las instituciones para tratar de garantizar el uso lo más eficiente posible de los recursos públicos al servicio del interés general del conjunto de la ciudadanía. El caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet está dejando patente la nociva confusión entre administración, partido político y entidades privadas. Los Consells Esportius son, teóricamente, entidades privadas para la promoción del deporte escolar que emanan de la ley catalana del deporte de 1988 y que se nutren fundamentalmente de subvenciones públicas. Sin embargo, los órganos de dirección del Consell Esportiu de l’Hospitalet están copados por concejales del gobierno y destacados militantes socialistas. Tras más de 40 años gobernando la ciudad el mismo partido político, es notoria la confusión que se puede generar entre los intereses del Ayuntamiento, de la entidad y del partido de gobierno. Independientemente de las responsabilidades penales que pueda acabar determinando el juzgado, desde Cs entendemos que hay que replantear el funcionamiento de estas entidades privadas para garantizar su independencia y que no puedan ser usadas como un resorte de los intereses clientelares de los partidos políticos. Algunos partidos han propuesto reproducir la representación política del pleno municipal en el Consell Esportiu. En Cs creemos que hay que ir en la dirección opuesta: liberar de la tutela política a la sociedad civil para garantizar su independencia. III