Las aportaciones expertas son el cimiento de una buena gestión, pero gobernar requiere audacia, asumir riesgos. Si los que pilotan una sociedad no arriesgan difícilmente la llevaran al buen puerto del progreso y acomodarse en la condescendencia -“Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy”- suele ser el detonante de la decadencia.
No hay actos sin consecuencias,y es menester que en la toma de decisiones se dejen a un lado arbitrariedades, prebendas e improvisación y se aten los machos de la ponderación. Porque a la hora de la planificación, el diseño y la ejecución de una infraestructura; el daño nunca es cero. Se trata de evaluar el impacto de ese perjuicio y contrastarlo en la balanza con los beneficios. Y ahí también hay un ápice de riesgo y un espacio reservado para el error, incluso imperdonable.
En 1974 se decidió, por la vía de la unilateralidad, convertir la Vall de Joan -un enclave del parque natural del Garraf, entre Gavà y Begues- en el enorme patio trasero metropolitano donde deshacerse de la basura de millones de ciudadanos durante décadas. Los ecologistas, los expertos y el emergente tejido asociativo se opuso al plan, esgrimiendo argumentos geológicos contrastables: el macizo es calcáreo (“un queso de gruyère”, como lo define en esta misma edición Josep Maria Comas, de la Unió Muntanyenca Eramprunyà) y que la porosidad del suelo era el caldo de cultivo perfecto para las filtraciones de lixiviados y de biogás, incluso después de que cesaran los vertidos.
Los argumentos y el tiempo les han acabado dando la razón a los detractores, el vertedero es un coladero de contaminación que no se apagará en 30 años Está claro que la decisión de abrirlo fue un error y que
no calibró el desastre que estaba por llegar. Fue una apuesta política que hizo saltar la banca y falló el tiro.
Medio siglo después, el Área Metropolitana de Barcelona vuelve a enfrentarse a un dilema similar o de mayor envergadura si cabe, porque lo que ahora está en juego es el futuro y la economía del motor de Cataluña: la ampliación de la tercera pista del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat y la construcción de una nueva Terminal Satélite para vuelos transoceánicos, una condición sine qua non para que la instalación se codee con las élites como un hub (aeropuerto de enlace entre vuelos regionales e intercontinentales) o descienda irremisiblemente a una irrelevante segunda división aeronáutica.
De nuevo urge una decisión política y asoma la espada de Damocles de los daños ambientales. Más de 200 entidades de la sociedad civil catalana -entre ellas los 35 agentes económicos de más peso- acaban de hacer público un manifiesto a favor de una “imprescindible” ampliación del aeropuerto, que salvaguarde la infraestructura (que supone el 7% del PIB y aspira a alcanzar el 9%), y no deje escapar una inversión de 1.700 M de euros que generará riqueza, empleo y nuevas inversiones. En la cara B del proyecto, la cruz de que alargar la tercera pista arrasará la laguna protegida de La Ricarda. A bote pronto, da la sensación de que trasladar el humedal a otro punto de la reserva del Delta -es artificial- es un mal menor si se compara con el abismo económico de condenar al aeropuerto al ostracismo. No habrá hecatombe ni heridas sangrantes como las perpetradas a la Vall de Joan.
El Ayuntaniento de El Prat se opone, pese a que los 25 M de euros de IBI que recauda de AENA avalan un jugoso porcentaje de su presupuesto. Gavà, Viladecans o Castelldefels, que sufren tanto o más que El Prat la contaminación acústica y no acústica de los vuelos, apenas ven un euro, pero se beneficiarían -como el resto de la región metropolitana- del rédito de la ampliación. De nuevo se trata de barajar economía e impacto medioambiental y elegir la carta correcta con una decisión política. Hay riesgos. Seguramente el premio no será gratuito ni vendrá solo. Y equivocarse no es una opción. Alea jacta est. III