Sería todo un lujo poder consultar a un oráculo infalible para que vaticinara qué va a pasar con la cansina ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat. Porque parece que al final va a ser una cuestión de cara o cruz.Hay dos bloques enfrentados. Están los que abogan -sin gritar mucho- por alargar la tercera pista (500 metros hacia la Zona Franca y construir una nueva terminal satélite para vuelos intercontinentales porque abre la puerta a que el aeropuerto pinte algo en el panorama aeronáutico internacional. Y quienes defienden dejar las cosas como están, para que la prolongación de la tercera pista no afecte al Parc Agrari del Baix Llobregat y a la laguna protegida de La Ricarda, Y eso, aunque haya que renunciar a una jugosa inversión de 1.700 millones de euros (la mayor inversión del Estado en una década) y la creación de más de 80.000 empleos directos, según un estudio de la Universitat de Barcelona. El viejo dilema de “patos o prosperidad económica”.
Los dos antagonistas están delimitados más por motivos ideológicos que técnicos. Los detractores han echado mano de sus radicalizados voceros (no demasiados, pero ruidosos y mediáticos) para hacer proselitismo con un lema tan falaz como el de “un sol poble” que obnubila al independentismo: “En El Prat y en todas partes decimos no a la ampliación del aeropuerto”. O sea, que, según los ecologistas, los comunes, la mitad mínimo del Govern de la Generalitat y la alcaldesa-activista de Barcelona, Ada Colau, nadie está a favor del proyecto. Ni el Gobierno, ni AENA, ni los empresarios y el mundo económico, ni un prudente PSC, ni buena parte del territorio, esa a la que nunca se le pregunta.
En aras de un poco plausible acuerdo se han creado dos comisiones (una impulsada por la Generalitat y otra por el Ayuntamiento de Barcelona) para definir el futuro de El Prat, a las que se augura poco recorrido. Más que nada porque la decisión debe tomarse ya. El plazo para acometer la posible ampliación finaliza inexorablemente el 30 de septiembre, día en que el consejo de ministros debe dar luz verde al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del próximo quinquenio, una hoja de ruta donde encajará o no el proyecto barcelonés.
El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), asegura que “el parque agrario, la protección del delta del Llobregat y la competitividad del aeropuerto no son incompatibles”. Una de las posibles alternativas -pero que requiere del beneplácito de la Comisión Europea- es compensar la pérdida parcial de la Ricarda (irrecuperable) con un nuevo humedal hasta diez veces más grande.
La directora del aeropuerto, Sonia Corrochano, insiste en que la unidad es básica para que la ampliación prospere. “Si alcanzamos un consenso, la Comisión Europea no puede decir que no”, augura. El presidente de Aena, Maurici Lucena, precisa que todo pasa porque el Govern respalde sin fisuras el proyecto. “Es vital”. El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler (Comuns) está en las antípodas: “Es imposible ampliar la tercera pista, saben que Europa no lo permitirá”. La pelota de la ampliación está, claramente, en el tejado de la política. III