El sector agrícola del Baix se conjura para frenar la ampliación de las ZEPA

Seguramente, la Conselleria de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya no sabía que se estaba metiendo en un berenjenal -y valga la ironía- cuando este verano anunció a bombo y platillo una ampliación unilateral de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat a costa del Parc Agrari del Baix. Pero lo hizo y es muy probable que, si la presión del sector se agrava, se vea obligada a recular o a atenerse a las consecuencias. Y es que el Govern no encumbró una ampliación cualquiera, sino una expansión casi colonial que convierte las 935 hectáreas protegidas actuales en 2.372, más del doble. Desde entonces, el sector agrícola no ha cejado de enarbolar su oposición frontal a un proyecto que tildan de “engaño” que sumirá en “la ruina y la decadencia” más absolutas a la agricultura de la comarca, la gran despensa del área metropolitana.
Los payeses han presentado más de 200 alegaciones contra la iniciativa y cuentan con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (que rechazó el plan en el último plenario), de tres de los ayuntamientos más afectados (Sant Boi, Viladecans y Gavà) y de numerosas entidades como Foment del Treball o la patronal AEBALL (que también temen por el futuro de infraestructuras como el corredor mediterráneo). Incluso el grupo metropolitano de ERC -partido en el que milita la titular de Acció Climática (Teresa Jordà)- ha dado marcha atrás y ha votado contra el proyecto, al percatarse de la magnitud de la tragedia o tras comprobar que se está actuando contra la voluntad de todo un territorio. Y es que el sector agrícola del Baix amenaza con llegar “hasta las últimas consecuencias” si prospera la iniciativa del Govern tal y como está planteada.
El detonante del conflicto es una simple denuncia de los ecologistas de Depana generada por la dejadez de la reserva natural del Delta (abandono de los humedales de Ca l’Arana y la Illa del Molí, en la desembocadura del río Llobregat) y por la construcción de un parking provisional del Aeropuerto de El Prat en la zona protegida de Can Sabadell. La queja verde fue respondida en 2021 por una carta de emplazamiento de la Unión Europea (responsable último de la reserva) que es la esgrimida por Acció Climàtica para justificar la expansión de la ZEPA.
Pero es incierto. O directamente, falso. La misiva europea solo reclamaba que se subsanaran algunas irregularidades (ya se está en ello). Nada de ampliaciones. La carta de emplazamiento ni delimita el área protegida ni mucho menos la redimensiona. El proyecto de la Generalitat “se base en hechos irreales”, denuncia Baldiri Ros, presidente del Institut Agrícola Català de Sant Isidre y vicepresidente de Foment del Treball.
El malestar entre los agricultores del Delta con la Conselleria d’Acció Climàtica es tremendo. El proyecto fue sacado a exposición pública en vísperas de las vacaciones de agosto, casi de tapadillo, “Se nos ha engañado”, exclama Ros. “Se nos prometió (tras el anuncio del plan de ampliación) que habría debate con el territorio y no lo ha habido. Nos han dejado en la estacada, se nos ha pasado por encima. Si quieren ampliar la ZEPA, que lo hagan. Pero que no vengan diciendo que lo pide Europa, porque eso es mentir”, exhorta el presidente del Institut Agrícola.
La patronal agraria sostiene que el redactado del plan de ampliación de las ZEPA es un auténtico despropósito: “No tiene base científica y está lleno de irregularidades. Parece que se haya hecho deprisa y corriendo. No se aguanta por ninguna parte”, subraya Baldiri Ros. Esta falta de consistencia del redactado ha dado pie a la presentación de un aluvión de alegaciones durante el periodo de exposición pública que concluyó el pasado 31 de octubre.
La clave de bóveda del asunto es que una reserva natural “es incompatible con la agricultura moderna tecnificada, de invernaderos y regadío”, advierte Ros, porque ata a los productores de pies y manos. Limita hasta la tipología de los cultivos o el uso de abonos y pesticidas. “Ampliar la ZEPA lastrará el crecimiento económico y la viabilidad. No se podrá invertir en el sector y al final se acabarán abandonado los campos de cultivo. Será la ruina total”, vaticina el presidente del instituto de Sant Isidre.
La amenaza es real. El Parc Agrari garantiza a día de hoy el abastecimiento de frutas y verduras del área metropolitana (aporta el 40% del producto que recibe Mercabarna y provee a cadenas de km0). Es un privilegio. Si desaparece, se dependerá completamente del exterior, algo que la Guerra de Ucrania ha demostrado que es suicida. Carles Faura, presidente de la Cooperativa Agraria de Viladecans, incide en que, en momentos como el actual, los productos de proximidad del Delta “son vitales, porque las personas necesitamos alimentarnos. No se puede reducir una producción agrícola que hace mucha falta”. Y mete el dedo en la llaga: “No puede compararse garantizar la alimentación de dos millones de personas con la protección de las aves”. Ese es el quid de la cuestión.

En misa y repicando
Se da la circunstancia de que Teresa Jordà es a la vez la consellera que debe velar por los intereses de la payesía y de los ecologistas. Mal asunto. “No se puede estar en misa y repicando. Si quien nos debe ayudar (Jordà) se ha puesto de parte del medio ambiente y no de los agricultores, entonces, ¿quién nos defiende?”, se pregunta Josep Pañella, presidente de la Cooperativa Agropecuària de Gavà.
“Si no se apoya a la producción de la payesía local, entonces no habrá payeses. Y sin agricultura no se comerá”, reitera Pañella. Es lo mismo que piensa Lluis Solanas, presidente de la Cooperativa Agraria de Sant Boi. “Los payeses mantenemos el territorio y si al final lo que se acaba priorizando son las aves y no agricultura, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué pasará con nuestras propiedades’ ¿Y con el valor de los terrenos? ”, se interroga Solanas con preocupación. Igual lo que hace falta es crear “una Zona de Especial Protección para Agricultores”, ironiza.
Los payeses del Delta del Llobregat llevan años reivindicando el abandono que sufren por parte de la Generalitat: no se invierte desde hace décadas en mejoras hidráulicas (lo que provoca inundaciones en los campos cada vez que llueve con una cierta intensidad) ni se hace el preceptivo mantenimiento de los cauces de las rieras (con los riesgos que ello conlleva). Y lo que resulta más paradójico, el gobierno autonómico ni siquiera gestiona las actuales ZEPA. “Es una mofa. Si no hay presupuesto para 900 hectáreas, ¿cómo se van a poder gestionar casi 3.000?”, destapa Baldiri Ros. “Lo que realmente pide Europa es un plan de gestión y que se cumpla”, insiste.
Y es que el sector agrícola vive en una constante situación de indefensión porque esta falta de gestión acaba traduciéndose en dejación funciones de la propia administración. Hace unos años, una bandada de patos procedentes de la reserva natural arrasó completamente las plantaciones de lechugas del Parc Agrari. Nadie compensó a los agricultores por las pérdidas. Ros recuerda con amargura que “se presentó un recurso, pero como no hay plan de gestión no se sabía de quien era la responsabilidad y quien tenía que pagar. Y no se ha pagado”. Lo mismo le ha ocurrido hace nada a Lluís Solanas, en Sant Boi, con una piara de jabalíes que le ha arrasado de raíz diez melocotoneros de sus campos. Y tampoco hay indemnización.
Como la unión hace la fuerza, los payeses del Baix están dispuestos a llegar hasta donde haga falta si se amplía la ZEPA a costa del futuro y la rentabilidad de un sector que ya está en riesgo extremo porque falla el relevo generacional y porque se echa en falta un auténtico interés de las administraciones responsables. “Estamos preparados para ir al contencioso si la Generalitat no reacciona y no reflexiona”, avanza Baldiri Ros. Y si la consellera Jordà sigue en sus trece, no pasa nada. “Lucharemos hasta que no se suspenda la ampliación de las ZEPA”, asegura Josep Pañella, desde Gavà. Advertida queda.