La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat descarta cualquier tipo de irregularidad con los salarios de los ediles de gobierno de Sant Andreu de la Barca coomo denuncio la coalición Fem Sant Andreu, vinculada a ERC.
Los sueldos del exalcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca (PSC), y de los concejales de su equipo de gobierno “se ajusta a la legalidad”. Así lo ha confirmado la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que ha dado la razón al Ayuntamiento en un procedimiento abierto tras una denuncia del grupo municipal de Fem Sant Andreu (una coalición de ERC y el partido local Vecinos Por el cambio) ante la Oficina Antifraude, que se ha demostrado que estaba infundada. El ayuntamiento ha lamentado que desde este partido, que funciona como marca blanca de los republicanos en el municipio, se haya aireado una denuncia infundada “sin preservar la presunción de inocencia ni esperar a que la ley se pronunciara” del anterior primer edil.
La actual alcaldesa de la ciudad, Ana Alba (PSC) ha explicado que la Comissió Jurídica Assessora (el organismo autonómico independiente que vela por la legalidad de la actuación de las diversas administraciones catalanas) ha determinado “con rotundidad” que “no ha habido ninguna irregularidad” en el cobro de los salarios municipales. Alba ha insistido en que el dictamen jurídico avala “que la institución ha actuado en todo momento de manera correcta”.
La resolución desbarata la campaña de desprestigio contra el anterior alcalde iniciada por el entorno de ERC durante los peores momentos de la pandemia del covid-19, porque Llorca se mostró muy crítico con la gestión de la crisis por parte de la Conselleria de Salut, en manos de los republicanos. La Comissió Jurídica Assessora pone al descubierto el juego sucio. “Se ponía en tela de juicio la honorabilidad de los dirigentes políticos y la rigurosidad de la institución”, ha criticado la líder socialista, algo que ha quedado plenamente desmentido por las más altas instancias.
Comisión competente
El grupo municipal de Fem San Andreu denunció ante la Oficina Antifraude irregularidades en las retribuciones de los dirigentes políticos y el asunto se derivó a la Comissió Jurídica Assesora, que es la competente en la materia y quien ha acabado dando la razón al consistorio, al aseverar que los sueldos de Enric Llorca y su equipo se ajustan a derecho.