La red de cámaras inteligentes de Sant Boi peligra por la parálisis del TCCSP

El borrador de la ZBE con el que se trabaja es una propuesta “seria” y a la vez “una apuesta clara por reducir la contaminación, porque la contaminación mata”, incide Carcelén.
Los límites del área restringida a los vehículos contaminantes están prácticamente definidos, pero no serán definitivos hasta que el proyecto pase por el preceptivo periodo de exposición pública. Todo ello condicionado a la aprobación de la ordenanza que regulará el espacio, de la que faltan “detalles técnicos por abordar”, que se están dirimiendo con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha redactado el texto básico. “Queremos que la ordenanza tenga todas las garantías jurídicas”, subraya el primer teniente de alcalde.

Aunque falta definición, la ordenanza no solo recogerá medidas económicas sino también sociales. “Nos preocupa que en Sant Boi hay muchos autónomos, muchos profesionales de la logística y del reparto que tendrían problemas para sustituir su vehículo contaminante. Por eso habrá ayudas, cuando el coche sea un instrumento de trabajo o se utilice por necesidad”, avanza José Ángel Carcelén.
Para financiar la implantación de la ZBE, Sant Boi tiene concedida una subvención de los fondos europeos Next Generation que asciende a 2,4 millones de euros. Hasta ahora, todo iba viento en popa, hasta el punto de que recientemente se adjudicó la colocación de las cámaras inteligentes que han de regular el área restringida (tanto en el perímetro como en el interior de la misma). Pero la otra empresa que optaba al concurso ha denunciado el procedimiento de licitación ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), que ha paralizado cautelarmente el proyecto.

El tribunal (que es un órgano administrativo y no jurídico) se creó para velar por la transparencia de las adjudicaciones públicas y debía responder a cualquier disputa en un plazo máximo de 15 días para no perjudicar los procedimientos. Pero la realidad es que el TCCSP está colapsado y tarda muchos meses en resolver. “Es un escándalo”, denuncia Carcelén. Razón no le falta, porque si el organismo no responde antes del verano “se pueden perder los fondos Next Generaliton”, reconoce el edil, lo que daría al traste con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones.

Si el TCCSP cumple y se recibe la subvención europea, según lo previsto, las cámaras podrían comenzar un periodo de pruebas el próximo mes de julio y en diciembre ya estarían funcionando “a pleno rendimiento, pero sin que haya todavía sanciones”, avanza Carmen Ruiz Aguinaga, responsable del Servei d’Espai Públic i Mobilitatdel Ayuntamiento de Sant Boi. Eso permitiría que la ZBE arrancara a finales de año o como muy tarde “durante el premier trimestre de 2024”, puntualiza Ruiz.
Una de las iniciativas esenciales vinculadas a la ZBE y al plan de movilidad de Sant Boi (que se aprobará en marzo o en la próxima legislatura) es el proyecto de construir un tercer aparcamiento disuasorio en el perímetro del área restringida, que se uniría a los existentes en la estación de los FGC y al recién estrenado en la Ronda Sant Ramon, junto al Parc de la Muntanyeta. Este tercer párking se ubicaría en la calle Pablo Picasso (en el barrio de Marianao), frente al campus del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu y el cementerio.

Pese a que el proyecto está en fase muy inicial, Carcelén avanza que será “subterráneo” y que para financiarlo se solicitarán fondos europeos. También se debe definir aún cuál será el modelo de gestión del equipamiento, si incluirá algunas plazas de rotación o para residentes, ya que la ‘pacificación’ viaria del barrio ha eliminado muchos aparcamientos de la vía pública. Además, los estudiantes, profesores y usuarios del hospital también requerirán de sus servicios.