El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha firmado un acuerdo con Aigües de Barcelona para garantizar ek suministro a quienes no pueden pagarlo. La compañía deberá informar sobre los pagos atrasados antes de realizar los cortes. Los servicios sociales municipales determinan si una persona o familia es vulnerable y, si es así, la empresa debe garantizar el suministro.
El Ayuntamiento de L'Hospitalet y Aigües de Barcelona han acordado renovar el protocolo para luchar contra la pobreza energética. Esta iniciativa pretende garantizar el suministro de agua a aquellas personas y familias que se encuentren en situación económica vulnerable, cumpliendo así con la Ley 24/2015 para afrontar esta emergencia.
El miércoles 15 de febrero, Nuria Marín y Felipe Campos firmaron un acuerdo de cuatro años. La alcaldesa y el director de acción social de Aigües de Barcelona sellaron el convenio.
La alcaldesa Nuria Marín ha destacado el acuerdo entre el Ayuntamiento y Aigües de Barcelona como una unión que une el conocimiento de la situación social de la ciudad con los recursos de una empresa pública para beneficio de personas vulnerables. Según Marín, esta empresa es un ejemplo de compromiso social y ayuda a familias necesitadas.
El Ayuntamiento del L'Hospitalet y Aigües de Barcelona han renovado el convenio firmado en 2017 para abordar la emergencia de pobreza energética. Esta renovación continúa con la colaboración iniciada en 2012, cuando se firmó un acuerdo para aplicar el Fondo de Solidaridad en el municipio.
El Ayuntamiento de L'Hospitalet y Aigües de Barcelona han trabajado juntos para que 4.923 familias del municipio puedan beneficiarse de la tarifa social del agua. Esta tarifa ofrece a las personas en situación vulnerable una reducción considerable en su factura de agua.
La firma de un nuevo acuerdo entre las empresas suministradoras y los ayuntamientos cumple con la Ley 24/2015, que establece que deben establecerse convenios para mejorar los protocolos de apoyo a personas con dificultades para pagar los servicios básicos. Esta ley obliga a las compañías suministradoras a informar a los ayuntamientos sobre los impagos antes de proceder a cortar el servicio. Los servicios sociales de cada localidad determinan si se trata o no de una persona o familia vulnerable, y en ese caso, la empresa tiene que garantizar el suministro.