La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad que se estableció en el año 2012 como resultado de los acuerdos entre el estado Español y la UE para el rescate financiero. Fue creada en respuesta al estallido de la burbuja inmobiliaria.
El propósito de esta iniciativa era obtener los bienes dañinos de las instituciones financieras para limpiar sus registros contables (particularmente en el caso de aquellas entidades, como Bankia, que ya estaban bajo control gubernamental); por este motivo se le llama "el banco malo", aunque en realidad no era un banco con licencia bancaria.
En el año 2012, hubo quienes opinaron que la operación de la SAREB era una forma encubierta de nacionalización y una estrategia para compartir las pérdidas del sector financiero que había sufrido las consecuencias de la especulación inmobiliaria. Este fenómeno es común en el neoliberalismo, donde los beneficios son privados y las pérdidas son públicas.
También se criticaba que la maniobra impedía que estas 500.000 viviendas se pudieran destinar a fines sociales (como crear un parque público de viviendas de alquiler social en condiciones) y que el objetivo de desinvertir la SAREB para recuperar la inversión era una quimera.
Diez años después, muchas de las viviendas que se mencionaron anteriormente terminaron en manos de fondos buitre. La SAREB fue nacionalizada convirtiéndola en una inmobiliaria pública con una deuda declarada de 35.000 millones de euros. Esta deuda se convierte en una deuda pública, lo que significa que es responsabilidad de todos nosotros. Desafortunadamente, esto no ha ayudado a solucionar el problema de la vivienda y ha aumentado aún más la ya elevada deuda pública.
La Sareb, a pesar de estar financiada con dinero público, desahució a muchas familias de sus pisos. Esto sucedió a pesar de que el derecho a la vivienda está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución.
El PSOE ha anunciado ahora su intención de vender los pisos de la Sareb a los ayuntamientos para destinarlos al alquiler social. Sin embargo, estos pisos ya fueron rescatados con dinero público durante la crisis económica y ahora se espera que los ayuntamientos vuelvan a pagar por ellos con dinero público. Esto ha generado críticas por considerarse un negocio con la emergencia social en lugar de una solución real. Algunos argumentan que el Estado debería ceder los pisos para ayudar a las personas necesitadas en lugar de especular con ellos. Además, se cree que este anuncio es más bien una estrategia política en época electoral.
El dinero público, en particular el de las administraciones que realizan gastos sociales como los ayuntamientos, debería utilizarse para ayudar a las personas y no para pagar viviendas que ya son propiedad pública.
El Departamento de Territorio de la Generalitat ha lanzado una convocatoria para adquirir bloques de viviendas plurifamiliares propiedad de grandes tenedores para destinarlos a alquiler asequible. Estos edificios deben estar en alguno de los 162 municipios con alta demanda y carencia de oferta de alquiler protegido. El objetivo es movilizar la oferta vacía y fomentar la rehabilitación urbana, sin exigir nada a los ayuntamientos.
Los pisos de la Sareb que ya son de propiedad pública deben ser utilizados para garantizar el derecho a la vivienda. Para ello, se propone ceder la gestión de estos pisos a los ayuntamientos para que puedan ponerlos a disposición de la población vulnerable. Además, se sugiere que no sea obligatorio para los ayuntamientos destinar parte de su presupuesto a pagar por estos pisos que ya son públicos.
Desde ERC Gavà se presentó al Pleno una declaración en febrero del año pasado para integrar los pisos restantes de la Sareb en una bolsa de vivienda pública gestionada por los ayuntamientos. A pesar de no votar en contra, el PSC de Gavà desestimó los pisos restantes como "desechos" y no creía que valiera la pena ilusionarse demasiado. ¿Ahora quieren que los ayuntamientos paguen por estos "desechos"?