El Ayuntamiento de Martorell ha presentado una moción para solicitar que las viviendas y terrenos urbanizables propiedad de SAREB sean cedidos al parque público de las administraciones autonómicas o locales, con el objetivo de ponerlos en circulación para alquiler social. Además, la moción también incluye la petición de crear un censo de estos activos y dotar a las administraciones locales con los recursos económicos necesarios para su gestión.
En el último Pleno Municipal Ordinario de la legislatura 2019-23, celebrado el 15 de mayo, la moción presentada por Movem Martorell y ERC fue aprobada por unanimidad. Las cinco fuerzas políticas presentes en el consistorio -Junts per Martorell, PSC, Movem Martorell, ERC y C's- votaron a favor después de que se aceptaran algunas enmiendas propuestas por el gobierno y los proponentes.
El alcalde Xavier Fonollosa expresó que la SAREB fue creada como una solución financiera del Estado, pero desde 2012 no ha cumplido su función y esto ha resultado en miles de viviendas deterioradas en un momento en que hay una gran necesidad de vivienda. Como resultado, las administraciones locales se ven obligadas a enfrentar los problemas y es crucial recuperar el control público de la entidad. Si esto se hubiera hecho desde el principio, la situación actual podría haber sido evitada.
La regidora de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha pedido que se realicen las modificaciones legales necesarias para permitir la cesión, gestión y uso de todas las viviendas y suelo urbanizable de la SAREB al parque público autonómico o municipal con el fin de destinarlos al alquiler social.
Se está pidiendo la formación de una comisión parlamentaria que se encargue de supervisar el cumplimiento de ciertas medidas. También se solicita que se modifique el propósito de la SAREB para convertirla en una herramienta pública que garantice el derecho a la vivienda. Además, se requiere la elaboración de un censo que incluya todas las propiedades inmobiliarias y terrenos urbanizables.
El Ayuntamiento ha acordado solicitar que la cesión de los activos incluya "los recursos necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas y su función de alquiler social", según afirmó el regidor de Planificación Urbanística y Vivienda, Albert Fernández.
Fernández propuso que los recursos se destinen a fortalecer el equipo de Servicios Sociales Básicos para garantizar que se atiendan todas las solicitudes de suspensión de desalojos y se ofrezcan soluciones a las personas sin vivienda alternativa.
La concejala del PSC Manoli Franco destacó que la SAREB debe ser una herramienta al servicio del interés público y no un banco malo. Además, señaló la importancia de poner fin a las prácticas poco éticas en relación a la vivienda, ya que es un problema que afecta a gran parte de la sociedad española.
El regidor de ERC, Soulimane Messaoudi, agradeció el amplio consenso generado en el Pleno por la moción propuesta. Él destacó que estas viviendas no pueden pasar a los fondos buitre, como ha sucedido en Madrid. Los fondos buitre no entienden la problemática del pueblo en materia de vivienda, un tema que afecta a muchos colectivos y que siempre estarán dispuestos a abordar.
El regidor de Ciutadans, Juan José Pérez, mencionó que el problema se originó con el colapso del sistema financiero y las cajas de ahorros dirigidas por políticos con una regulación poco estricta, lo que llevó a la quiebra de estas entidades. Además, señaló que el acceso fácil al crédito permitió la corrupción y la especulación.
La SAREB se estableció con el propósito de adquirir una parte de los activos problemáticos y tóxicos que poseía la banca, lo que ayudó a resolver sus balances negativos. Esto dio lugar a la creación de un "banco malo" que permitió a las entidades liberarse del lastre de estos activos que les causaban pérdidas.
Ruiz señaló que la financiación del proyecto fue mayoritariamente pública, alcanzando el 95,3% del total. Sin embargo, en abril de 2021 la Unión Europea obligó a SAREB a integrar su contabilidad como parte de las administraciones públicas, lo cual tuvo un impacto negativo en las cuentas públicas con un aumento del déficit de 9.891 millones de euros en 2020.
En una moción aprobada por unanimidad, se señaló que el traspaso de los inmuebles y suelo urbanizable de la SAREB a la administración fue mucho más caro del coste real. Se compraron inmuebles, suelo y créditos por 18.000 millones de euros más de lo que valían.