Golpe de timón del Ayuntamiento de Viladecans para poner fin a la okupación ilegal del antiguo restaurante Casino d’ Alba-rosa, en el barrio del mismo nombre, y que está provocando graves molestias a los vecinos. Los servicios jurídicos municipales de Viladecans acaban de abrir un expediente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con el fin de que el popularmente conocido como ‘banco malo’ inicie el procedimiento al que está obligado “por ley” para desalojar a los okupas, han explicado fuentes municipales.
La puerta legal para finiquitar la ocupación del inmueble, sito en el número 20-22 de la calle de las Gardenias y que lleva más de 15 años abandonado, es la aplicación de la ley 1/2023 de 15 de febrero (que modifica la ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código Civil de Cataluña. En concreto, esta ley obliga los grandes tenedores (como la Sareb) “a iniciar acciones para desahuciar ocupantes de inmuebles sin título habitando que provoquen alteraciones de convivencia y faculta en los ayuntamientos a tomar la iniciativa, en caso de que no lo hagan”, han subrayado las mismas fuentes.
A raíz de las numerosas quejas vecinales, el Ayuntamiento de Viladecans también ha reforzado las actuaciones dirigidas a que las personas que okupan irregularmente el Casino de Alba-rosa “abandonen el edificio y dejen de causar molestias al vecindario del entorno”, ha asegurado un portavoz. Entre estas medidas destaca el refuerzo de la vigilancia policial en la zona y la realización de una inspección técnica del edificio que permita evaluar el deficiente estado en el que se encuentra.
La nueva ley 1/2023 de 15 de febrero faculta los consistorios a promover desalojos cuando se deba hacer frente a okupaciones conflictivas si el propietario (si es un gran tenedor, como en este caso) “no actúa en un plazo de treinta días”, recoge el texto legislativo, de forma que la propiedad no pueda desentenderse de sus propiedades como acostumbra a hacer, el Ayuntamiento de Viladecans es uno de los primeros que recurre a este nuevo ordenamiento jurídico para poner final a una okupación molesta.
El primer paso que ha dado el consistorio en aplicación de esta nueva ley ha sido requerir tanto a la Sareb como a los okupas a que acrediten “dentro de un periodo de tres días” que la ocupación disfruta de “título habilitante”, es decir de algún tipo de consentimiento formal o contractual. A la vez, los servicios jurídicos municipales han alertado al ‘banco malo’ de que dispone un plazo máximo de un mes justificar que ha iniciado los trámites por el desahucio.
En el caso de que no lo haga, el consistorio local “interpondría una demanda de desahucio ante el juzgado”, han corroborado fuentes municipales. Si esta demanda fuera autorizada por el propio juzgado, el Ayuntamiento pondría en marcha los trámites del desahucio, haciendo subsidiaria del mismo a la Sareb, que tendría que asumir los costes.
Además de acogerse a esta nueva ley y dar los primeros pasos en este sentido. El Ayuntamiento de Viladecans ha reforzado el dispositivo policial presencial. Durante todo el día, patrullas de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra se turnan para evitar que se produzcan nuevas acciones vandálicas y que los okupas del Casino d’Alba-rosa sigan manteniendo discusiones a gritos o enfrentamientos que tensionan la zona y provocan molestias al vecindario.
La vigilancia policial del entono del casino se intensifica” entre las seis de la tarde y las tres de la madrugada”, que es la franja horaria más conflictiva, ha destacado un portavoz municipal. Cada vez que los policías detectan un problema, redactan el preceptivo informe, que muchas veces acaba acarreando una sanción para los infractores. Todas estas actas se van añadiendo a un expediente administrativo que se va a poner en manos de la Justicia para que fuerce el desahucio.
En paralelo, los arquitectos municipales han podido acceder en el edificio para evaluar su estado de habitabilidad y han podido redactar un informe técnico. Según esta inspección, el antiguo restaurante “no sufre el riesgo de derrumbe, pero presenta un estado de deterioro que aconseja que no se habite”.
En los últimos años, el consistorio viladecanense ha mantenido activo un dispositivo de control del estado del inmueble y también de la valla exterior del recinto, que se ha traducido en la ejecución de diversas “actuaciones puntuales de mantenimiento” de la cerca.
Desde la Oficina de Distrito III (al que pertenece el barrio de Alba-rosa), y en colaboración con los servicios jurídicos municipales y los cuerpos de seguridad, se han organizado varias reuniones con la Associació de Veïns d’Alba-rosa y una asamblea general abierta al barrio para informar del problema y consensuar acciones conjuntas, encaminadas a acelerar la des-okupación del edificio, una vez acreditada la existencia de “problemas continuados de convivencia”, según las mismas fuentes.
“El Ayuntamiento de Viladecans y el vecindario están de acuerdo en que se trata de un problema grave y en que Justicia tiene que actuar rápidamente para obligar a la Sareb a tomar decisiones, como por ejemplo desahuciar y desalojar a los okupas y vigilar para evitar una nueva ocupación”, ha revelado un portavoz.