A causa de la escasa oferta residencial y la alta demanda, Begues fue declarada a finales de 2021 un área de vivienda tensa. Esta declaración permitiría aplicar en el municipio la ley del 2020 de la Generalitat de Cataluña, que autoriza la imposición de restricciones al incremento de las rentas en los contratos de arrendamiento.
Varios aspectos de aquella ley fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Específicamente, se alegó invasión de competencias en relación al mecanismo establecido para el control de las rentas. Como resultado, la limitación de los alquileres quedó sin efecto y se generó la necesidad de una nueva regulación a nivel estatal. En esta nueva ley, se le otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad de establecer los criterios para delimitar las zonas de mercado tensionado.
Cuando la Generalitat de Cataluña decidió aplicar unos criterios técnicos que excluían a Begues del mercado residencial tensionado definido como continuo metropolitano, se produjo una sorpresa. El Ayuntamiento de Begues presentó alegaciones al decreto de la Generalitat, argumentando que los precios de la vivienda en Begues no han aumentado en proporción a la renta del municipio, y que sigue existiendo una baja oferta y una alta demanda.
Se ha señalado que los datos estadísticos utilizados por el Departamento de Territorio para establecer los criterios de delimitación de una área de vivienda tensa no se ajustan a la realidad. Esto se debe a que la población de Begues ha experimentado un crecimiento diferente a la oferta de vivienda.
Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento han sido desestimadas por la Generalitat este agosto, dejando definitivamente a Begues fuera de la declaración de área de vivienda tensa y, por lo tanto, sin posibilidad de aplicar medidas de regulación de los precios de alquiler.
El Ayuntamiento no se quedará con los brazos cruzados a pesar de esta resolución. Ya se ha encargado a los servicios jurídicos municipales que agoten las vías administrativas y legales ante los Tribunales para recorrer esta decisión en defensa de los intereses municipales.