Especialmente para las organizaciones agrarias, las patronales, el propio Consell Comarcal, los Ayuntamientos de Gavà, Viladecans y Sant Boi y el Parc Agrari, que perdería gran parte de sus cultivos para disparar las zonas protegidas de 935 a 2.372 hectáreas, en el caso de una hipotética aprobación de su ampliación. “Cometerían un atentado contra el futuro económico de la comarca de primer nivel”, lamenta Baldiri Ros, presidente del Institut Agrari Català de Sant Isidre y vicepresidente de Foment del Treball, sobre la intención de la Generalitat de Cataluña de crear una nueva ZEPA que “no solucionará” la problemática del deterioro del Delta, y que además supondría “la ruina y la desaparición de un sector económico de vital importancia”.
“Con esta ZEPA no se puede hacer una agricultura moderna y competitiva, de acuerdo con lo que realmente se tiene que hacer en un territorio tan próximo a Mercabarna, Barcelona y un área metropolitana, con casi cinco millones de habitantes. Hay una total y absoluta postura negativa porque destruirá toda la agricultura de la zona”, destaca Baldiri Ros sobre un proyecto “sin base científica”, según un dictamen encargado por el Institut Agrícola de sant Isidre y firmado por el ornitólogo Jordi Sargatal, uno de los expertos más reconocidos en la materia. Entre las principales conclusiones del dictamen se urge a implantar un plan de gestión y acotar la ampliación de las ZEPA a los espacios reclamados por Europa, que son la playa de Ca l’Arana (El Prat) y el nuevo cauce del Llobregat. “Con esto seguramente recuperaremos todo el deterioro producido durante estos 20 años, donde no se ha hecho nada relevante para evitar la degradación de unos hábitats que se tendrían que haber vigilado y gestionado”, añade.
En este transcurso de tiempo, el Parc Agrari del Baix Llobregat ha proseguido su lucha para frenar la ampliación, con más de 200 alegaciones. “Espero que esto les tiene que hacer pensar. Están empeñados en esta situación. Tuve conversaciones con el conseller y le dije que no me podía demostrar que dentro de una ZEPA se podría hacer una agricultura competitiva. Pero es que además desaparece más de un tercio de la huerta de Cataluña”. Esta perplejidad tampoco ayuda a las futuras inversiones en la comarca. “Hay gente que está esperando tener seguridad jurídica. Aquí tenemos el ‘hub’ agroalimentario, que es un proyecto para potenciar la agricultura de esta zona y su comercialización. Hay empresas interesadas en el tema pero mientras no se clarifique esta situación, difícilmente harán inversiones. Hay dos seguras que han mirado cosas. Esperamos y deseamos que el Govern ponga cordura y no nos deje tirados porque, aunque tengamos las ZEPA, no resolveremos el problema y por tanto seguiremos teniendo la infracción y la multa”.
Para Baldiri Ros, es esencial hacer funcionar la actual ZEPA, recuperando la biodiversidad y “toda la potencia que tenía antes de su deterioración”- De este modo “probablemente podrán demostrar” que ha sido a raíz de la gestión de la actual ZEPA. “Estas son las bases. El Govern no quiere negociar con los ayuntamientos. Se han cerrado en banda. Es una decisión política. No sé la razón. Todos les decimos con informes científicos en la mano de que hacerlo no es necesario para resolver la problemática del deterioro del Delta, que no quieran hacerlo”, añade el presidente del Institut, quien lamenta el “abandono” de las infraestructuras hídricas. “La Agencia Catalana del Agua (ACA) no ha hecho ninguna inversión en 15 años. No se explica que quieran ampliar la ZEPA y no hacer nada para regenerar la actual”. Para Ros es esencial hacer funcionar la actual reserva natural recuperando la biodiversidad y “toda la potencia que tenía antes de su deterioración”. De este modo, “probablemente” podrán “demostrar que esto ha ocurrido por la gestión actual”.
Una disconformidad que también llega en la otra cara de la moneda. Las entidades ecologistas como SEO Birdlife, Depana, Ecologistes de Catalunya y Salvem l’Olla del Rei), pidieron el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, que se haga efectiva la ampliación de las ZEPA. Estas entidades firmaron un manifiesto en el que lamentan el retraso de más de un año en la ampliación de los espacios protegidos en el delta del Llobregat. Tras recibir una carta de la Comisión Europea, en febrero de 2021, la Generalitat propuso en verano de 2022 ampliar la ZEPA del delta del Llobregat, lo que para los ecologistas supondría un paso firme “contra la especulación urbanística, la consolidación de una agricultura sostenible y de proximidad, la mejora de la salud pública del área metropolitana, el refuerzo de la conectividad ecológica del territorio y la preservación de las zonas húmedas del delta del Llobregat”.
Por su parte, el Parc Agrari mantiene el optimismo para hacer realidad el ‘frenazo’ de la ampliación y que “la agricultura de esta zona pueda tener una remontada importante”, aunque dentro de esta ecuación también tiene su peso la ausencia de encaje del cumplimiento de las normas autonómicas y estatales, con las de menor rango, que establece el Plan Especial. Una problemática que derivó en expedientes sancionadores a empresarios agrícolas, que no podían cumplir la reglamentación, y que llevó al espacio natural protegido a solicitar una moratoria para adaptar la normativa en una zona de cultivo de 3.473 hectáreas, que se extiende a lo largo de 14 términos municipales.
Entre las contradicciones está las instalaciones destinadas a la higiene, rechazadas bajo la jurisdicción del parque, también la existencia de un lugar para archivo de toda la documentación, existencia de edificaciones para almacenamiento de productos fitosanitarios y vallas de protección de los cultivos, reduciendo la altura de 1,80 a 1.5 metros.
La entidad envió el pasado mes de mayo una carta dirigida a los alcaldes de Viladecans, Gavà, Sant Boi, Vallirana y la presidenta del Consell Comarcal, por su “responsabilidad como pieza esencial de la gobernanza del Baix Llobregat”. Allí, Baldiri Rosa instaba a no poner en peligro a los trabajadores o arriesgarse a perder las cosechas por no cumplir lo requerido por las reglas aseguradoras. “Ofrezco todo el apoyo que sea necesario para emprender los cambios en la normativa del Parc Agrari para paliar los efectos que la actual normativa está causando, así como futuros problemas en pleno desarrollo de las infraestructuras, innovación y aplicación en el sector agroalimentario para acometer el hub”.
Cinco meses más tarde, la situación continúa encallada. ”Estamos trabajando con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y ayuntamientos la modificación de la normativa para poder adaptar la agricultura a las circunstancias actuales. Pero si encima ahora nos declaran ZEPA toda la zona agrícola de Viladecans, Gavà y Sant Boi, esto es la ruina de un sector, que ya demostró su valía durante la pandemia, donde no se detuvo el suministro de materias primas y productos de campo”. III
El contrataque parlamentario |
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La propuesta de la Conselleria de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sigue sin generar consenso un año después y ha derivado en el retraso de la aprobación de la ampliación de los espacios protegidos. Una incertidumbre que se ha traducido en un golpe parlamentario, con el rechazo absoluto de Junts, PSC, Ciutadans y VOX al proyecto de la consellera Teresa Jordà, de ERC. Una calma tensa, que ahora va a dar paso al contraataque parlamentario tras el anuncio de una moción que presentará el PSC en la cámara catalana, en paralelo a otras proposiciones que se elevarán a los diferentes consistorios. |