Según los resultados de la Encuesta de Victimización del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, más del 20% de los habitantes del área metropolitana declaró haber sido víctima al menos de un hecho delictivo en 2021. La mayoría por robo (o intento) de bolso o cartera. Casi el 37% de los hechos tuvieron lugar en calles o plazas; el 30,2% en viviendas y el 16,3% en el transporte público.
Según los datos recopilados en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la delincuencia convencional ha crecido hasta en un 13,9% en algunos municipios como L’Hospitalet o El Prat, que atribuye los malos datos a que en su término municipal conviven dos puntos que atraen a los delincuentes (el centro comercial Splau y el aeropuerto Josep Tarradellas), pero ahí están. En compensación, el análisis ministerial detecta un leve descenso de hurtos y delitos en el resto del arco metropolitano.
Se barajan varias hipótesis sobre este aumento de la sensación de inseguridad y algunas se asientan sobre argumentos políticamente incorrectos sobre los que se pasa de puntillas, por temor a ser cancelado. Y en este saco cabe la droga, el aumento de la inmigración ilegal (que tiene como punta de lanza a los populares ‘menas’), la falta de efectivos policiales, la pérdida de autoridad de los agentes, la marginalidad... Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que la tasa de condenados judiciales en España de nacionalidad extranjera es 2,6 veces mayor a la de los que disponen de la nacionalidad española, pese a que el colectivo foráneo solo representa el 13,1% del censo. Es decir, el índice es 17 veces mayor en números absolutos.
El aviso de lo que podría estar por venir llega de Suecia, donde la violencia callejera (con tiroteos y bombas casi a diario) ha crecido desorbitadamente y se está cobrando excesivas muertes (42 en lo que va de año), incluyendo adolescentes e inocentes. La situación es “extremadamente grave”, según Anders Thornberg, jefe de la policía nacional sueca, que vincula el estallido con la rivalidad entre pandillas, dirigidas desde el extranjero, que reclutan para sus ataques a jóvenes de barrios pobres de inmigrantes.
Suecia parece estar muy lejos, pero no es así. Hace unas semanas en las fiestas de Sant Miquel de Molins de Rei, una refriega acabó con actos vandálicos, saqueo de establecimientos, quema de contenedores y ataques a la policía. En previsión de que pudiera pasar lo mismo en las fiestas de Sant Feliu de Llobregat se montó un dispositivo policial especial que no evitó que se produjeran hechos similares pero redujo su impacto. En paralelo, una multitudinaria pelea entre marroquíes y dominicanos en pleno corazón de Manresa desató la indignación de los vecinos, que se echaron a la calle en una manifestación apolítica tildada de histórica (reunió a más de 2.000 personas bajo el lema “Manresa dice basta”) para denunciar la inseguridad en las calles y exigir medidas drásticas para atajar la problemática. Un día antes, una contra-manifestación organizada por un centenar de entidades sociales -que tildaron de “xenófoba y racista” la primera protesta- apenas reunió a 200 personas. Eso sin olvidar las decenas de apuñalamientos de las pasadas fiestas de la Mercè, en Barcelona.
A la vista de todo esto, ¿se constata que hay una mayor sensación de inseguridad en las calles tras el repunte de la criminalidad y la violencia? ¿Hay alguna relación entre inmigración y delincuencia o se trata de un bulo xenófobo? ¿Estamos ante sucesos aislados o de verdad tenemos un problema? ¿Se actuó bien en Molins de Rei y Sant Feliu? ¿Se pueden controlar y prevenir estos episodios extremos? ¿Puede hacerse algo para revertir la situación? El debate está servido.