Ante la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del Baix Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y en la provincia de Barcelona, la formación VOX ha lanzado una ofensiva para evitar que se sigan implantando en los municipios donde todavía no se han adoptado. La formación ha presentado una serie de mociones para paralizar su implantación y sancionar a las ciudades donde ya están vigentes.
Según VOX, estas Zonas de Bajas Emisiones "limitan derechos fundamentales como la libertad de circulación, generan desigualdad y perjudican a la clase media trabajadora, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas del centro de las ciudades". La formación ha defendido que esta medida "se ve condicionada por las capacidades económicas del titular del vehículo", asegurando que "limita la movilidad por la ciudad según el poder económico". Bajo estos argumentos, VOX ha tildado a esta medida de "discriminatoria" y "clasista", sosteniendo que "afecta principalmente a la clase trabajadora, que no tiene los recursos para comprar un vehículo menos contaminante". Ante esto, el partido ha argumentado que "existen medidas regulatorias alternativas menos invasivas y restrictivas para mejorar la calidad del aire y fomentar una movilidad sostenible sin causar tantos perjuicios".
La formación sostiene, además, que tanto la legislación europea como la nacional no imponen a los ayuntamientos restricciones ni multas si su contaminación no supera ciertos criterios establecidos. Son los propios Ayuntamientos de cada municipio quienes establecen, a través de Ordenanzas, el posible régimen sancionador. Así, la formación ha reconocido que "se respeta la autonomía local para aplicar multas a los conductores que no cumplan con las restricciones". Es por ello que VOX ha presentado esta propuesta a través de sus grupos municipales como medida de presión a los gobiernos locales.
Esta propuesta coincide con el castigo de la Justicia a las Zonas de Bajas Emisiones, tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a devolver las multas impuestas desde enero del 2020, fecha en la que ha entrado en vigor la ZBE en la capital catalana.