Tras un largo periodo sin celebrarse, este martes 28 de mayo se ha vuelto a reunir el Consell Agrari de Sant Boi en la sala de Plenos municipal. Varios ediles de la oposición -desde VOX a ERC- frente a los del PSC y Comuns al mando; siete técnicos agrarios y representantes sindicales de la UP, JARC y Patronal. Más allá del somero orden del día; en la previa entre los asistentes se comentaba el despliegue de nueve pozos de Aigües de Barcelona (Agbar): seis en Santa Coloma de Cervelló, dos en Sant Joan Despí y uno en Sant Feliu de Llobregat. Todos autorizados por las autoridades competentes.
El primero de la serie estaba con el terreno ya comprado y pagado, en un buen trato. Seguirían los otros para reforzar con agua del acuífero, la red de captación en periodos difíciles, como en la actual sequía. Las partes concernidas estaban satisfechas. Nada que ver con los tres pozos saboteados en Castelló d’Empuries por dos dirigentes campesinos, detenidos y multados por los daños con 900.000 euros. Siempre existe el temor con los pozos por la posible sobreexplotación de los recursos hídricos y la problemática de la salinización de los acuíferos. Son dos situaciones zonales diferentes, seguro, pero con riesgos que pueden ser parecidos para el agro.
En el orden del día se planteaba activar en la Cooperativa de Sant Boi un pozo para regar y las preparaciones de fitosanitarios, su coste sería 41.000 euros.
El arreglo de los caminos rurales en muy mal estado, fue abordado, junto con el mal uso (prohibido) por parte de los transportistas privados, que los utilizan para acortar distancias.
También surgió la posibilidad de percibir 300.000 euros de los Fondos Next Generation, para promocionar los productos del “Parc Agrari”. El “mercat de Pagès” lleva ya 12 años funcionando. Se plantearon las exenciones para los vehículos en las ZBE para los usos agrarios. Y se consideraron en estas, a los payeses pre-jubilables.
Se preguntó sobre la denegación de permiso, para instalar una granja avícola ecológica, frente al fabricante de abonos BURÉS, por la posibilidad de contagios víricos.La instalación de la firma BURÉS ha dado pie a generación de polvaredas y pestilencias, sin que hasta ahora se hayan corregido posibles deficiencias en su funcionamiento.
En relación a ello se comentó, la aparición de una directiva UE, impulsada por la Diputación de Barcelona para orientar y ayudar a los Ayuntamientos afectados por hedores para elaborar reglamentos locales y disponer de aparatos de medición de olores (olfatómetros). Se recordó el cierre (julio 2001) de la compañía Proteínas y Grasas Gimeno en relación a una problemática similar. Desde entonces sus ruinas siguen pendientes de demolición.
La responsable técnica R. Cifuentes, se mostró interesada en aplicar la directiva UE potenciada por la DIBA.
Surgieron alusiones al Grupo Ametller por la instalación de una balsa de riego en sus terrenos, cuando hacía poco que se le había denegado su construcción a un empresario local. La técnica Cifuentes despejó el malentendido y confirmó la legalidad de la balsa de riego de los Ametller. La inversión del grupo se estima en un mínimo de 1.500.000 euros o más. Los propietarios de más de 40 hectáreas se maravillan de la capacidad financiera y vanguardista de los Ametller. Aunque consideran positiva su reinstalación.
A las preguntas del técnico Escoda del IACSI sobre las ordenanzas del Parc Agrari, se le replicó que se están redactando de nuevo. A partir de la polémica sobre la plantación de marihuana. El representante del JARC, M. Bosch recordó las alegaciones contra la ordenanza hecha a espaldas del sector. Ya sobre el final, se consideró la posibilidad de crear una Vicepresidencia y la señora Perxacs recordó la inminencia de un Consejo Agrario a celebrar en la masía de Can Comas, sede de la gerencia del Parc Agrari.