Pocas veces se destaca en las estadísticas –no es un parámetro que mejore ninguna imagen- que en el Baix Llobregat cumple condena un tercio de la población reclusa de Cataluña, estimada en unos 8.000 presos.
Las prisiones de Brians-1 y Brians-2, ambas ubicadas en Sant Esteve Sesrovires, acogen a 1.000 y 1.550 internos, respectivamente, y son dos auténticos “hormigueros”, en palabras del personal que las atiende. Pero, pese a que las estadísticas abruman por lo su peso, lo habitual es esconderlas bajo la alfombra, aunque al hacerlo se oculte también lo que sucede dentro de las propias prisiones.
Las cárceles no gozan de buena fama ni de buena prensa. Son ese tipo de equipamientos que nadie quiere cerca (como las narco-salas o los tanatorios) pero que son imprescindibles para que nuestro modelo de sociedad funcione, y en este caso concreto, para que los condenados paguen por sus delitos y, si es posible, para que se reformen y sean capaces de reinsertarse en la sociedad con una segunda oportunidad. Pero para todo eso hace falta el despliegue en los centros penitenciarios de un equipo de profesionales –con los funcionarios de prisiones a la cabeza- que debe hacer frente a trabajos ingratos, desmotivadores y con poco o nulo reconocimiento social y de la propia administración.
La realidad es mucho menos utópica que los planteamientos buenístas oficiales que presuponen que las cárceles son balsas de aceite y los reclusos corderos a redimir. Al contrario. La vida carcelaria es propensa a la conflictividad y a la violencia, porque un elevado porcentaje internos está entre rejas por delitos de sangre o violaciones. Se les priva de libertad, porque al otro lado de los muros no han respetado las normas más básicas de convivencia, ni las leyes y porque, en demasiados casos, tampoco han mostrado respeto alguno por la vida humana. Encima, la población reclusa se ha contagiado de la desbordante falta de respeto por la autoridad y por el resto de conciudadanos, tan palpable ahora en las calles, y la han elevado a su máximo exponente, con el personal penitenciario en el punto de mira.
Los episodios más virulentos en las dos prisiones del Baix: agresiones -siempre dolosas- al personal penitenciario, a reyertas y ajustes de cuentas (algunos con muertes) entre reclusos o motines no suelen trascender. De modo que la opinión pública no es consciente de que la agresividad en el interior de los penales está disparada, hasta el punto de que las agresiones y las tentativas de agresión a funcionarios se han disparado un 330% en los últimos seis años. En 2023, el 44% de esos ataques a vigilanes en Cataluña se produjeron en Brians-1 y Brians-2.
Pero la violencia nunca había llegado al nivel extremo del pasado 13 de marzo, cuando un preso que cumplía condena por asesinato –y que según las posteriores investigaciones nunca debería haber estado ahí- apuñaló mortalmente a la cocinera Núria López, en la prisión tarraconense de Mas Enric. Es el primer asesinato de un empleado penitenciario ocurrido en una cárcel catalana. El horrendo crimen ha desencadenado una justificada oleada de protestas del personal penitenciario que tiene como uno de sus epicentros a los penales de Sant Esteve Sesrovires.
Desde el primero momento, el Govern de la Generalitat –y en concreto la Conselleria de Justícia- pareció más preocupado por salvar los muebles (por puro electoralismo) que por esclarecer lo ocurrido en la cocina de Mas Enric y asumir responsabilidades, como han denunciado y como exige la plantilla de prisiones. Se impone que quien deba, tome cartas en el asunto con seriedad y con rigor. Y es que el asesinato de Núria ha destapado que casi la mitad de los reclusos asignados a las cocinas y a otros talleres de las prisiones con acceso a armas (o a objetos que puedan utilizarse como tal) acumulan en su historial delitos violentos, incluso de sangre.
La vida de Núria es irrecuperable, pero sí puede evitarse que haya otras muertes El ruido de fondo es que hay miedo a que pueda repetirse un suceso similar aquí, porque la espiral de violencia carcelaria aumenta exponencialmente, como han alertado a El Llobregat portavoces del personal de Brians-1 y Brians-2. Es cierto que se están revisando las listas de los destinos laborales de los presos dentro de cada cárcel. Pero no es menos cierto que mientras esto ocurre, la misma administración que debe velar por la seguridad del personal penitenciario se sigue saltando las normas y colocando a presos peligrosos cerca de armas potenciales, según han denunciado los propios funcionarios.
Tal vez todavía no sea tarde para poner remedio a una situación tensa que requiere resolución, decisión y cabeza. Y es que, bajo ningún concepto, puede volver a repetirse un asesinato tan absurdo y tan evitable como el de Núria. Sería señal de que las cosas se están haciendo aún peor de lo que parece. III