Acaban de ajustarse el uniforme celeste de vigilante -renovado hace un año- en un vestuario donde puede leerse en la pared del fondo una pintada: “Ni oblit ni perdó”. Es un homenaje a mano alzada en memoria de Núria López, la cocinera de la prisión tarraconense de Mas Enric asesinada por un interno el pasado 13 de marzo. Por las mentes de los trabajadores, todavía “psicológicamente muy afectados”, pasan como en una moviola las escenas de lo ocurrido, desde los homenajes de duelo conjunto hasta las protestas organizadas tras el horrendo crimen: manifestaciones, protestas, encierros, bloqueo de los accesos a la prisión con barricadas de fuego... Y las imágenes se llenan de mucho “dolor”, coinciden los funcionarios. No faltaron las lágrimas entonces ni tampoco ahora. “Ha sido muy duro, está siendo muy duro”, relatan.
La reacción del personal de Brians-1 y Brians-2 ante el pavoroso crimen fue un estallido “de ira, de indignación y de rabia contenida” que aún perdura, alentado por una administración y unos sindicatos “que no están ni han estado a la altura”. Las primeras sensaciones de las plantillas al saber del asesinato de Núria fueron “consternación, incredulidad e impotencia” a partes iguales. Aunque suene a lugar común, el personal penitenciario define el crimen como “una muerte anunciada”, por cómo se están poniendo de difíciles las cosas en las prisiones, que son un reflejo elevado a la máxima potencia de lo que pasa en la calle. “Pero nunca pensamos que la víctima sería una cocinera. Creíamos que los vigilantes, los educadores o los psicólogos teníamos más números”, reconoce un funcionario.
El colectivo laboral de ambos penales se siente “abandonado y frustrado”. Los más veteranos incluso admiten que están “quemados”. “Aquí el rechazo a los políticos es enorme, porque desprecian nuestro trabajo. Los escuchas hablar, sus excusas, sus mentiras, y hay algo que te come por dentro”, ratifica un vigilante con años de experiencia. Y eso a pesar de las terribles vicisitudes a las que deben hacer frente en su jornada diaria. “Ahí fuera se desconoce lo duro que es esto”, añade.
Y es que el sistema penitenciario catalán está obsoleto. Eso dicen los que lo sufren desde dentro. Las prisiones están masificadas y son lugares de trabajo cada vez más peligrosos para el personal. Y no se actúa pese a las continuas denuncias. Así que el mensaje del grafiti del vestuario se está siguiendo a pies juntillas. Ni se olvida, ni se perdona. Es imposible. Trabajar en el “hormiguero” penitenciario (en las dos cárceles de Sant Esteve cumple su pena un tercio de los 8.000 presos catalanes, a razón de 1.000 internos en Brians-1 y otros 1.550 en Brians-2) entraña un riesgo altísimo, porque los presidiarios son cada vez más violentos y desde el crimen se respira “mucha tensión”.
Lamentablemente, lo de Núria no es un hecho aislado. Es el más grave de todos, pero hay una larga lista de precedentes. Los ataques al personal penitenciario están a la orden del día en toda la red catalana y más aún en Brians. A mayor concentración de presos, mayor historial de acometimientos a funcionarios. Es matemático. “Prácticamente todos los funcionarios hemos sufrido algún tipo de agresión, no tiene porque haber habido sangre o partes de lesiones. Hay otras cosas, insultos, amenazas de muerte... “No se nos respeta”, revela una funcionaria de Brians-2. Nadie está a salvo, como demuestra el apuñalamiento de Mas Enric. Y ahora todos lo saben, en especial los técnicos, que se creían a salvo. “Ahora nos confiesan que se sienten solos”. Se han dado cuenta de que no siempre tienen un vigilante cerca. Solo un walkie. “No eran conscientes del peligro que corren desde que se redujo la plantilla de vigilantes”, hace unos 15 años, asume otro de los custodios de Brians. Se han hecho conscientes a la fuerza. Hay “miedo” a que se reproduzca en Brians un incidente como el de Tarragona.
La preocupación no carece de fundamento. En los últimos seis años, las agresiones y las tentativas de agresión se han disparado un 330%, según datos de la propia administración penitenciaria. Las cifras cantan. En 2016, se contabilizaron 151 agresiones y tentativas a trabajadores de las cárceles catalanas, mientras que en 2023 la cifra creció hasta las 1.241 incidencias, un 20% más que en 2022. Donde más sangrantes son los números es en los dos centros de Brians, que concentran 546 de esos ataques, casi la mitad (el 44%) del total.
Capítulo aparte merecen, por lo alarmante, las agresiones sexuales a trabajadoras penitenciarias, que se han triplicado en el último año (suben un 312,55%) en toda Cataluña. De los 25 ataques sexuales graves de 2023, cinco se produjeron en Brians-1 y otros cuatro en Brians-2, con lo que ambos centros de Sant Esteve Sesrovires acaparan el 36% de estos incidentes.
Estos guarismos son la demostración empírica de que “la actual política penitenciaria es un absoluto fracaso y nadie asume responsabilidades,” empezando por la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, denuncia Francesc F., portavoz de la plataforma profesional Marea Blava, que ha liderado las protestas tras el asesinato de Núria y que se creó como respuesta a la “nefasta” gestión de uno de los anteriores directores de Brians-1. Algo falla. “Nos sentimos dejados de la mano de Dios. La administración no nos defiende ni hace nada cuando nos agreden. Ni en los juicios”, destapan.
Otro síntoma de que la improvisación gobierna en la política penitenciaria, acostumbrada a los parches en lugar de a sesudas soluciones a largo plazo: como el asesinato de Núria se produjo en una cocina, han sacado de ellas a todos los presidiarios con delitos violentos, pero los han trasladado a otros destinos laborales en los centros igual o más peligrosos que los fogones, porque los reos tienen libre acceso a “armas” como unas tijeras. En teoría “hay una normativa que fija una serie de requisitos para que los internos puedan acceder a estos puestos pero se está incumpliendo con la excusa de que son casos excepcionales”, denuncia un funcionario. Además, esta táctica contradice los acuerdos firmados tras la muerte de la cocinera.
“Vamos a peor”, se resignan. El abandono que históricamente viene denunciando el personal de prisiones (pendiente desde hace 18 años de que se aplique el convenio de 2006) cayó en un pozo sin fondo cuando, en 2016, ERC asumió las competencias del Govern en materia penitenciaria, según la plantilla. Desde entonces, la cuerda no ha hecho más que tensarse para “cabreo” general, señalan desde Marea Blava.
En paralelo, la población reclusa ha mutado. Las cárceles catalanas son actualmente una “brutal” torre de Babel, con presos extranjeros de 99 nacionalidades diferentes, que superan en número a los autóctonos (hasta el 75% son de fuera) y con cada vez más delitos a las espaldas. Antes, lo “habitual era que los presidiarios foráneos no tuvieran un pasado delictivo”, destaca Francesc. Ahora, manda la reincidencia. Prisiones de jóvenes y centros de menores son una violenta cantera de futuros reos. “Impensable hace 20 años. Lo que entonces funcionaba, ahora no sirve. Y no se actualiza”, revela el portavoz de la plataforma.
¿Qué ha cambiado? Fácil. Que ahora predomina un nuevo perfil de interno: presos sin arraigo ni familia que los espere fuera y que parasitan en los módulos. Son condenados que no tienen nada que perder y que consideran que “se está bien” entre rejas, muchísimo mejor que en la calle. Hasta demasiado bien. “En Europa no se creen que Brians-2 tenga piscina y un polideportivo impresionante. No hay ningún pabellón así en un municipio con 1.500 habitantes”, dispara Francesc.
A parte de dar comodidades a los presos, el sistema penitenciario no ha armado ninguna respuesta para tratar de revertir este giro radical y conductual en los internos. “La escuela, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo para adaptarse a los cambios del alumnado, a la llegada de extranjeros con otras culturas y otros valores. Pero las cárceles no. Si cambia la población reclusa, deberían cambiar también las políticas penitenciarias (basadas en la reinserción), que sí funcionan con los presos autóctonos, pero no con los extranjeros (sudamericanos, magrebís y europeos del este, principalmente), porque conservan intactas sus costumbres de origen” entre las rejas, revela Francesc F.
El camino a la prisión en esta década es un viaje sin retorno. Los menores extranjeros no acompañados (los populares menas) que entran ilegalmente en el país caen atrapados por las redes delincuenciales desde que ingresan en los centros de menores, convertidos en la puerta de acceso por la que transitar hasta la cárcel pura y dura. “Se hacen adultos sin haber conocido otra cosa”, entran y salen de prisión sin ruborizarse.
Esto genera un aumento de las conductas marginales, que rechazan la segunda oportunidad que concede el sistema penitenciario. La mayoría de los reclusos va a prisión a cumplir sentencia y tiene un comportamiento aceptable porque quiere salir pronto, aseguran quienes les vigilan. Pero hay entre un 5% y un 10% de presos de alta conflictividad y otro 10% de reos de notable conflictividad cuyo modus vivendi es la propia cárcel, el lugar donde se sienten cómodos, donde no tienen que esforzarse para subsistir y donde tienen sus necesidades básicas cubiertas. “Se ríen de todo”, exhorta Francesc F.
El responsable de Marea Blava reconoce que están desbordados. “No estábamos acostumbrados a esto. Antes era anecdótico tener presos por violencia doméstica o por agresiones sexuales, pero ahora está lleno”, lo que ha cambiado las dinámicas del penal. En este contexto, los puñetazos y los insultos están a la orden del día. “El riesgo es cada vez mayor. Las agresiones están creciendo en contundencia y en número, de forma exponencial”, advierte Francesc. Y cita algunos ejemplos ilustrativos ocurridos en Brians. Hace diez años, un interno le clavó un punzón en la cabeza a un funcionario durante una intervención (para reducirlo), pero por suerte, éste llevaba casco y esquivó una muerte casi segura.
Otro caso. En 2022, el triple homicida de Ciutat Vella, John Musetescu (condenado a 95 años), agredió a cinco vigilantes con un arma punzante que se había construido con una reja de ventilación. Se lanzó en plancha contra uno de ellos e intentó rajarle el cuello. Pero el funcionario logró frenar el golpe, mortal de necesidad, con el antebrazo. Le fue de poco. Le salvó que, en el momento del asalto, estaba respaldado por otros dos compañeros, que repelieron el ataque y redujeron a un agresor “con intenciones homicidas”. Porque lo habría degollado.
Aunque el episodio más cruel, y que está considerado como la segunda agresión más grave después del mortal apuñalamiento de Núria, es sin duda el de Julián, quien fuera jefe de unidad en el módulo 4 de Brians-2. El 5 de diciembre de 2021, Julián fue empujado violentamente por un preso que pretendía quemarse a lo bonzo con gel hidro-alcohólico y al caer se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, quedando inconsciente. El funcionario fue evacuado en helicóptero de la prisión hasta el Hospital de Bellvitge y nunca se ha reincorporado a su puesto de trabajo. Sufre secuelas permanentes desde entonces.
En el arranque de esta espiral de violencia carcelaria, las agresiones al personal de vigilancia se producían en los módulos de primer grado -los Departaments Especials de Règim tancat (DERT)- que son los que acogen a los presos más inadaptados, con problemas de conducta o implicados en peleas, y donde se dispone de más medidas de seguridad y de celdas individuales. Pero en los últimos dos o tres años el reguero ya se ha extendido a los módulos ordinarios, donde las agresiones eran prácticamente anecdóticas. “Ahora, casi cualquier preso se revuelve contra el funcionario” y le suelta un golpe de puño. También reciben “palos” cuando median en las reyertas.
Francesc apunta como una de las causas de que se estén extendiendo los comportamientos violentos el incomprensible “buenismo” de las políticas penitenciarias, muy laxas con los presos. “Los DERT están saturados y se ha subido el listón de exigencia (de gravedad) para ingresar en ellos, en lugar de habilitar más (las nuevas prisiones apenas tienen). Así que los presos más peligrosos están mezclados con los comunes y la tensión aumenta”, reivindica el portavoz de Marea Blava. Otra cosa que sucede es que, directamente, no se cumplen las sanciones, y presos castigados temporalmente con reclusión en módulos de primer grado se van de rositas. Es lo que ocurrió con el asesino de Núria (Iulian S.O., de nacionalidad rumana y con el asesinato de una mujer en Valls a las espaldas), quien evitó el módulo de aislamiento tras agredir a otro preso que también trabajaba en las cocinas de Mas d’Enric solo unos meses antes del crimen, algo por lo que nadie ha pedido disculpas.
Aunque la amenaza es global, hay funcionarios que lo pasan peor que otros. Como, por ejemplo, los que custodian los módulos de salud mental., “Son auténticos héroes, por el brutal desgaste que supone un trabajo que no se les reconoce”, subraya Francesc. Paradójicamente, al sistema penitenciario parece que le preocupa más la salud mental del interno que la del funcionario que ejerce “en un ambiente hostil”. La confirmación la da el elevado índice de bajas laborales del personal de prisiones: un 16%, el doble que el de otros colectivos.
De modo que no resulta extraño que el asesinato de la cocinera haya sido la chispa que ha prendido la mecha de un polvorín que ya llevaba tiempo al borde de la erupción. Y todo ha estallado por los aires, con Brians a la cabeza. Tiene su lógica. “No hay ningún antecedente de asesinato de un trabajador penitenciario en Cataluña en los últimos 40 años”, subraya Francesc F. Para más inri, Iulian se cebó con el eslabón más débil.
Los funcionarios prácticamente nunca están solos en un módulo. Si hay una agresión el compañero de al lado puede avisar. Pero Núria estaba desamparada en la cocina cuando fue atacada. Nadie pudo socorrerla. El rumano, que ya la había amedrentado otras veces, la acorraló en una cámara de refrigeración de la cocina, fuera del alcance de las cámaras, y la atacó “con intencionalidad asesina” con un cuchillo y después se suicidó. Los dos cadáveres fueron encontrados cuando ya no se podía hacer nada por ellos. “Una de las cosas que más nos indignó es que desde minuto uno, la propia administración puso al mismo nivel la muerte de Núria y el suicidio de su asesino. Y no se ha corregido esa falta de respeto a la víctima ni tampoco se asumen responsabilidades por ello. Es bochornoso”, critica un veterano funcionario de Brians-2.
El malestar del colectivo tras lo sucedido es tan mayúsculo que el grueso de los trabajadores no reconoce el pacto alcanzado entre la conselleria y los sindicatos para poner fin a las incisivas y masivas protestas del personal de toda Cataluña. “No nos sentimos representados por los sindicatos, han actuado de mala fe y de espaldas a la plantilla”, denuncian. “No se trata de dinero, se trata de dignidad. ¿Matan a una compañera y me subes el sueldo? Es infame. Los sindicatos han caído en la trampa del acuerdo salarial y la plantilla no lo acepta”, sentencia Francesc F. “No pedimos mejores condiciones laborales, queremos dimisiones que no llegan”, apostilla.
Lo que sí exigen los vigilantes de prisiones es ser reconocidos como agentes de la autoridad, como en el resto de Europa, donde son un cuerpo policial. “Dignificaría el trabajo”, porque ser agente de la autoridad confiere el testimonio de veracidad (lo que dice es cierto), contempla responsabilidades y sanciones en caso de ser agredido (es disuasorio) e incorpora el concepto de indemnidad, que conlleva que la administración pague de forma subsidiaria las indemnizaciones por daños que los presos (por ser insolventes) nunca abonan a los agredidos. Hasta el día de hoy, ha habido 23 intentonas legislativas para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad y ninguna ha prosperado. Pero el personal penitenciario no baja la guardia. Avisa de que no se va a rendir, que va a luchar hasta las últimas consecuencias por esto y por su propia dignidad. “Tots Som Una, Tots som Núria”.
| El primer homenaje con los presos encerrados |
| Como si no hubiera pasado nada. Así amanecieron las dos prisiones de Brians el día después de la muerte de Núria, cumpliendo con las rutinas programadas y las hojas de servicio. Todo una falsa apariencia. La “total normalidad” no era más que la consigna oficial, ajena al sentir común de toda la plantilla, que guardaba un sepulcral silencio. Así que el personal decidió pararlo todo, casi espontáneamente. Se cerraron los talleres en los que trabajan diariamente los presos, el polideportivo y la escuela de formación ocupacional en señal de duelo. Después, los vigilantes escoltaron por grupos al resto del personal de la cárcel hasta L’Olivera, una plaza interior del recinto. Allí rindieron el desgarrador primer homenaje a su compañera asesinada. |
| El asesino no debía estar ahí |
| La plantilla de las prisiones acusa a la consellera de Justícia en funciones, Gemma Ubasart, de mentir para justificar que Iulian S.O. estuviera en las cocinas de Mas d’Enric para asesinar a Núria López. Según fuentes penitenciarias, el preso “nunca debería haber trabajado en la cocina”, por su carácter y porque no aceptaba someterse al tratamiento preceptivo. Además, el 31 de octubre de 2023 el reo agredió a otro recluso del mismo servicio y en vez de cumplir 11 días en una celda de aislamiento (como fija el artículo 108c del Reglamento Penitenciario), se reincorporó a su puesto en cocina “al día siguiente”. El personal sostiene que Iulian S.O. se benefició de “privilegios o tratos de favor” que se han tratado de ocultar, como que el agresor volvió a la cocina este 5 de enero “sin pasar por el proceso de readmisión laboral obligatorio. Lo hizo por el proceso de urgencia, que “no se ajusta a su perfil”. Esta irregularidad, que inhabilita para trabajar en la cocina , ya habría evitado el crimen. Además,se incumplió el protocolo de reincidiencia con el preso, pues no se le volvió a hacer el test que valora el riesgo de que reincidiera (RisCanvi) tras la pelea porque la psicóloga estaba de baja y la subdirección de Tratamiento no buscó alternativas en tres meses. De ser así, se habrían encadenado “negligencias” que salpican a Ubasart. |