A propósito de esa inflación indiscriminada de contenidos que viajan por la red, se ha hablado mucho en los últimos meses de las consecuencias que esa sobreexposición tiene especialmente para los menores de edad. Y existe consenso en que algunas de esas consecuencias son la adicción a la pornografía desde edades muy tempranas, la práctica de diversas formas de ciberacoso y la normalización y legitimación de conductas y patrones estereotipados, en muchos casos poco saludables.
Por todo ello, es razonable y acorde con la dimensión del problema que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente un anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales. El Gobierno no podía hacer oídos sordos a una problemática que está generando una considerable alarma social. El anteproyecto incluye medidas concretas como tipificar como delito la difusión sin autorización de imágenes pornográficas generadas por IA o elevar de 14 a 16 años la edad para consentir el tratamiento de datos personales. El objetivo de la normativa se orienta, pues, al reconocimiento de derechos de los menores en el ámbito digital garantizando entornos seguros y saludables.
Pero quizá la mayor virtud del anteproyecto es que centra de manera adecuada el debate sobre el uso de los canales y plataformas digitales. En primer lugar, reconociendo la importancia que tiene hoy adquirir competencias digitales ya desde la educación primaria, es decir, reivindicando el potencial pedagógico de las herramientas tecnológicas. Y a continuación y en segundo lugar, señalando que es el uso irresponsable o tendencioso de estas herramientas lo que está en el origen de las problemáticas que afectan especialmente a los menores.
De esta manera, el texto lanza un mensaje acertado de corresponsabilidad: estamos ante un problema que más allá de su necesaria regulación requiere de la complicidad efectiva de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad.