Este problema se agudiza en las sociedades industrializadas de régimen económico capitalista donde la falta de planificación y la aplicación en el ámbito de la economía política de la "ley del más fuerte" viene a imponer una serie de condicionantes ante los que muchos individuos se ven impotentes, incapaces de seguir el ritmo que marca el sistema. A partir de estos derrumbamientos psicológicos de la persona ante la imposibilidad de integrarse en la sociedad, aparece el fenómeno de la marginación social. Las propias sociedades industrializadas favorecen la creación de diferentes núcleos de personas marginadas de la mayoría "integrada". Esta situación, al contrario de lo que en ocasiones se piensa, asegura la estabilidad del propio sistema. Entre los jóvenes las causas que pueden provocar inadaptación social son mayores que en la población adulta, que ya juega un rol determinado en el contexto social.
El individuo joven que está viviendo un período de formación tiene ante sí la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, necesidad frustrada en la actualidad debido al paro. Es presionado por el contexto social para adaptar su vida a los patrones al uso: felicidad=consumo, consumo=dinero, dinero=trabajo. En este proceso, en que el joven se convierte en adulto aparecen de forma más patente las contradicciones "joven-sistema establecido". Es aquí cuando puede aparecer, y en muchos casos surge, el rechazo del joven hacia la sociedad manifestándose de diversas formas y en distintas intensidades: delincuencia, drogadicción, "pasotismo", indiferencia, etc.
En este apartado vamos a intentar fijar la atención sobre dos hechos: la delincuencia juvenil y la drogadicción. Dos fenómenos que son utilizados a menudo para identificarlos con comportamientos de la juventud, sobre todo cuando se hace desde perspectivas que abusan de equívocos, tópicos y lugares comunes.
Hablamos antes de cómo los núcleos de marginación favorecen la estabilidad del sistema. Para referirnos a la delincuencia juvenil tendríamos que avanzar un paso más e intentar situar el problema en el marco de una sociedad, la nuestra, que determina los niveles de calidad de vida en función del lugar que cada individuo y cada familia ocupa en el sistema de producción. No podemos hacer abstracción del problema de la delincuencia juvenil y no reconocer que existe una relación efecto-causa entre el incremento del nivel de delincuencia y las deficiencias de todo orden, incluido el nivel económico familiar, que se viven en los llamados "cinturones industriales", núcleos urbanos creados por la especulación urbanística y los intereses del sistema. Es un hecho que el carácter delictivo o antisocial de los jóvenes que delinquen y pertenecen a estratos sociales no favorecidos económicamente no viene dado por causas insospechadas, sino por encontrar el caldo de cultivo apropiado en un entorno social degradado en el que han vivido desde su nacimiento.
Reconocerlo no supone negar la peligrosidad social del joven que está acostumbrado a delinquir habitualmente, pero sería un planteamiento injusto ignorar que esta misma delincuencia juvenil tiene su origen en las malformaciones sociales provocadas por el hacer de aquellos que, contando en sus manos con el poder económico, con frecuencia se escandalizan y "exigen el imperio de la ley" o una mayor seguridad ciudadana.
Llegados a este punto, es importante que retornemos al tema expuesto al principio de este trabajo: ¿La juventud es una clase social?
El fenómeno de la delincuencia nos viene a demostrar una vez más que dentro de la juventud se manifiestan claramente la existencia de diferentes clases sociales determinadas por el nivel social del joven independizado o bien por el de la familia de la cual depende. El mismo acto antijurídico, cometido por jóvenes de distintas clases sociales, a menudo encuentra reacciones públicas y jurídicas diferentes.
Al pertenecer a una familia de "buena posición", fácilmente será entendido como una "chiquillada propia de la edad" y la mediación familiar terminará por solventar el problema. En otro caso, pertenecer a una familia de "baja condición social" significa presuponer un espíritu delictivo del joven en cuestión.
Resulta pues necesario que hablemos de distintas delincuencias juveniles; las reacciones sociales ante delitos semejantes son diferentes y distintas también las motivaciones en cada grupo social de delincuentes. Conviene pues diferenciar dos planos:
El legítimo principio de defensa social no es en modo alguno incompatible con el reconocimiento de las causas que motivan la delincuencia juvenil en las zonas industrializadas. Tendría que ser tan enérgica la represión de la delincuencia existente como la lucha contra las causas que crean las condiciones para la delincuencia del mañana.
Resulta oportuno recoger aquí las respuestas que en el estudio "¿Por qué hay delincuencia?"(1), se ofrecen como causas de la delincuencia juvenil:
En este mismo estudio del IRES, se hace referencia a la importancia de la prensa en la medida en que es capaz de reforzar un estado de opinión según el cual "justicia, vicio, joven, delito, perversidad, etc" son conceptos que se mezclan de forma indiscriminada y que generan actitudes revanchistas y al mismo tiempo ineficaces. Denunciar esto no es negar a la sociedad el derecho a defenderse de todo individuo que realice actividades delictivas. Recalco la necesaria actitud de defensa social frente a la delincuencia; no nos puede conducir a opinar que la delincuencia juvenil tiene su origen en el "vicio y perversión de las clases bajas".
A menudo se fomenta desde la administración la opinión de que la delincuencia juvenil se solucionará con una política de "mano dura". Las expresiones políticas de las fuerzas más conservadoras, que tanta responsabilidad tienen en la generación de la delincuencia juvenil, son también quienes más insisten en intensificar indiscriminadamente los métodos represivos como medio de garantizar la seguridad ciudadana.
De las discusiones previas sobre el proyecto de Código Penal, hay que resaltar el intento de rebajar la edad penal a los quince años (Art. 26,3° del proyecto de CP). Unión de Centro Democrático defendió la propuesta, si bien con significativas oposiciones dentro de su grupo. Carmen García Moreno, directora general de la Juventud, se opuso a la intención de fijar la edad penal en los quince años. Nadie que siga de cerca la problemática de la juventud puede mantener, sin sonrojarse, que la solución al problema de la delincuencia juvenil se vaya a encontrar en el incremento de las medidas coactivas. Ya he apuntado anteriormente algunas de las causas inmediatas que, a mi entender, originan la delincuencia juvenil; quisiera ahora hacer algunas consideraciones sobre la eficacia del marco jurídico en cuanto a la rehabilitación del joven delincuente: en los artículos 133, 135, 136, 148, 149 del mencionado proyecto de Código Penal, consta la "letra de la ley" en lo referente a las medidas de seguridad y la jurisdicción del Tribunal Tutelar de Menores. Otra cosa bien distinta es la puesta en práctica: los centros del tutelar de menores no tienen asignación presupuestaria suficiente, la escasez de personal especializado es una constante. En los casos de jóvenes reincidentes, el tribunal, carente de medios para tratar específicamente a estos jóvenes y, ante la alternativa de internarlos junto con aquellos que delinquen por primera vez -potencialmente, con mayores posibilidades de readaptación-, opta por delegar su responsabilidad en la jurisdicción ordinaria, con lo cual terminan por consolidar, con su estancia en la cárcel, una personalidad delictiva.
Para entender el problema de la delincuencia juvenil, no podemos desligarnos del contexto social en el que se produce. Retornando a la cuestión planteada al principio del trabajo, conviene que nos planteemos de nuevo si la juventud es una clase social, y resultaría hiriente contestar que sí a la luz de los problemas expuestos. Hemos visto como los barrios obreros, con sus deficiencias asistenciales, son caldo de cultivo para los fenómenos de marginación juvenil; una vez más, los estatus sociales nos demuestran su capacidad para influir en la vida del individuo.
Por último, quisiera referirme al equívoco que se produce cuando a nivel de calle se identifican conceptos como delincuencia juvenil, pasotismo y juventud perteneciente a zonas suburbiales. Es cierto que muchos jóvenes pueden reunir estas tres características, pero no por ello hemos de reconocer en estas definiciones contenidos idénticos.
Otro componente importante en la marginación de la juventud se produce a través del fenómeno de la drogadicción. En la medida en que avanza el desarrollo capitalista el consumo de droga se extiende entre la juventud. Es conveniente profundizar en el problema y exponer a la luz de la opinión pública sus motivaciones.
Para nadie es un secreto que tras el problema de la drogadicción se ocultan un conjunto de intereses que van desde lo económico hasta las mismas necesidades que tiene el sistema de imponer su ideología. Muchas son las preguntas que nos podemos plantear: ¿Qué sustancias podemos considerar como droga? Frente a este problema, ¿cuál es el bien jurídico que el ordenamiento legal ha de tender a proteger? ¿Por qué se consume droga? ¿Quién se beneficia con ello?
Ante el sinfín de interrogantes que nos sugiere este tema, me conformaré con aportar algunas reflexiones en torno a los datos estadísticos recogidos por el Ministerio de Cultura en su estudio "Juventud y droga en España"(2).
Uno de los puntos de controversia entre los propios especialistas en la materia es la postura por adoptar al respecto de cuáles son las sustancias que se han de considerar como "drogas". La diferenciación entre drogas duras y blandas, en función de su capacidad para generar hábito en el consumo, es también motivo de discusión. En nuestro Estado, las organizaciones juveniles progresistas han reivindicado con insistencia la despenalización de las llamadas drogas blandas, como el consumo de fumar porros, y lo han hecho en base a un argumento difícil de rebatir: la constatación de que el consumo de alcohol, estando legalizado, perjudica a la salud del individuo en mayor medida que el porro de hachís o marihuana. En base a este criterio, ¿hemos de penalizar el consumo de esta sustancia? La reivindicación así planteada por las organizaciones juveniles no pretende fomentar el consumo de droga, sino denunciar una arbitrariedad legal.
Veamos qué opinan los propios jóvenes ante el problema:
Pregunta: ¿Qué crees tú que es más perjudicial para la salud?
| Las bebidas alcohólicas | 60,30% |
| El tabaco | 5,60% |
| El porro | 28,%7 |
| No contestan | 5,40% |
Una segunda constatación es el incremento que se advierte en el consumo. Un 74% de la juventud tiene la certeza de que la drogadicción va en aumento.
El 34,6% de los jóvenes españoles han probado la droga -una chica de cada dos chicos-. Es significativo también que un 54,3 afirme que no la ha probado ni piensa probarla, junto a un 9,6 que, sin haberla probado, manifiesta su deseo de hacerlo.
Del estudio comentado anteriormente resalta, por lo significativo, el consumo de aquellos jóvenes entre doce y dieciséis años. Resulta preocupante el hecho de que esta tendencia se consolide y sirva a los intereses económicos que controlan y se lucran con el mercado de la droga en detrimento de la formación y seguridad de los más jóvenes.
La juventud siguen manifestando una escasa información científica sobre lo que es la droga. Se detecta además un desconocimiento en cuanto a los motivos del consumo. Es constatable la incidencia del paro obrero sobre el consumo de la droga. Los jóvenes parados conforman un sector social en el que quien consume lo hace asiduamente y, al mismo tiempo, invierte mayor cantidad de dinero. Solo el 2,8% de los drogadictos afirman que el aumento del paro juvenil sea la causa principal de su adición al consumo.
Conviene destacar también que el período del servicio militar suele ser el momento de la iniciación al consumo para un sector de jóvenes bastante significativo (5'6%).
El Estado Español necesita encontrar un marco jurídico que contemple el fenómeno de la delincuencia juvenil y de la drogadicción no como delitos "propios de la perversidad moral del individuo", sino como resultados de una sociedad que se desarrolla económicamente y descuida los problemas sociales que genera. La Ley de Peligrosidad Social de 4 de agosto de 1970 resulta un instrumento arcaico e incapaz siquiera de servir para abarcar la dimensión real del problema.
Se impone pues una profunda reflexión y la consiguiente puesta en marcha de medidas que tiendan a combatir el problema en sus raíces, no a reprimir "algunos efectos molestos".
(1) IRES. Colección La Rambla nº 9.
(2) Juventud y droga en España, Dirección General de Juventud y Promoción sociocultural (Enero 1980).