A finales del mes de julio, la Generalitat, en colaboración con el Ayuntamiento de Gavà, ha iniciado unas obras de construcción de un nuevo edificio en una parcela forestal del municipio. La Plataforma Aturem el Pla de Ponent, en la que participa el grupo ecologista Les Agulles (Ecologistes en Acció del Baix Llobregat), ha denunciado esta actuación y a las entidades implicadas, acusándolas de “mala fe”.
La Plataforma ha tildado estas obras como “el peor plan urbanístico especulativo de Cataluña”, al construirse “500 viviendas sobre el último conector ecológico del Garraf-Delta”.
Según la Plataforma, estas obras se han realizado “en plenas vacaciones de verano”, durante la última semana de julio y la primera de agosto, unas fechas “pensadas estratégicamente para evitar cualquier protesta del vecindario”. Así, la Plataforma ha denunciado que las entidades han programado estas obras en periodo vacacional “para que no se pueda activar la oposición ciudadana que ha estado luchando durante 20 años para pararle los pies a este megaproyecto”.
Estos trabajos conllevan “la tala de más de 50 árboles con motosierras”, según ha revelado la Plataforma, una tala “que se ha realizado en unos días en los que Gavà se encontraba en riesgo alto de incendios forestales”. Según la normativa, este nivel de riesgo implica la prohibición de realizar tareas en el medio natural con maquinaria como las motosierras, que son “susceptibles de generar incendios forestales”.
Aturem el Pla de Ponent ha denunciado, pues, la decisión de la Generalitat y el Ayuntamiento de seguir con las actuaciones a pesar de las restricciones del Departamento de Acción Climática, el único autorizado para permitir las obras en situación de riesgo por incendios. Los activistas de la Plataforma han asistido al lugar de los trabajos forestales y han descubierto que la empresa que ejecuta los trabajos no dispone del permiso de Acción Climática. “Los responsables no han sido capaces de confirmar la existencia de este permiso, ni de mostrar la autorización debida”, ha revelado la organización.
Por lo tanto, aún no se ha confirmado ni desmentido la existencia de los permisos de Acción Climática. No obstante, la Plataforma ha asegurado que “se reserva el derecho a efectuar las correspondientes denuncias si no se demuestra la existencia de la autorización para realizarlas”. La organización asegura, pues, que tomará acciones legales contra “quienes hayan ordenado el inicio de estas obras, que tenían tanta prisa que podrían haber causado un incendio grave en una zona altamente poblada”.
Los portavoces de Aturem el Pla de Ponent han declarado que estas actuaciones son “un nuevo caso de mala fe de la administración”. “La Generalitat y el Ayuntamiento podrían haber incurrido en una ilegalidad por el riesgo de incendio forestal”, han añadido. Así, con estas premisas, la organización ha denunciado la “incapacidad para dialogar con las organizaciones” de la alcaldesa de Gavà y de su equipo de gobierno.