L'Hospitalet ha aprobado una nueva Ordenanza de residuos que obliga a separar y depositar correctamente la basura en los contenedores, e incrementa las sanciones aplicadas a las personas infractoras (que pueden alcanzar los 3,5 millones de euros). Como novedad, la normativa obliga a los edificios de la ciudad a instalar una cámara de residuos en la planta baja para facilitar su transporte y recogida. La ordenanza contempla también la extensión de la recogida puerta a puerta y un posible sistema de identificación para los usuarios de los contenedores.
El Pleno municipal de L’Hospitalet ha aprobado, este lunes 23 de septiembre, la nueva Ordenanza reguladora de los residuos municipales. Según la nueva normativa, todos los comercios, empresas y particulares de la ciudad están obligados a separar sus residuos y a depositarlos en el contenedor que les corresponde. El incumplimiento de la normativa conllevará una multa que puede llegar a los 3,5 millones de euros.
Así, esta Ordenanza recién aprobada recoge todos los aspectos relacionados con la recogida de residuos en L’Hospitalet, incluyendo su transporte, su recogida selectiva y su reciclaje, con algunos elementos que hasta ahora se incluían en la Ordenanza de civismo y convivencia. La Ordenanza contempla también todo el régimen sancionador que se aplicará en caso de infracciones a la norma, atendiendo al nivel de gravedad de las faltas cometidas.
Según ha explicado el Ayuntamiento, el objetivo principal de esta nueva regulación es reducir la cantidad de residuos para mejorar la calidad y limpieza del espacio público de la ciudad, así como fomentar la separación correcta de la basura generada en la ciudad para su futuro reciclaje. En la votación celebrada en el Pleno, esta normativa ha contado con el voto a favor de los grupos municipales del PSC y LHECP-C y el voto en contra del PP y VOX, mientras que la formación ERC+EUiA se ha abstenido.
Según la Ordenanza, todos los ciudadanos, tanto particulares como empresas y comercios, deben separar sus residuos según las fracciones que se distinguen en los contenedores: orgánica, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y fracción resto. Una vez separadas convenientemente, deben depositarse en los contenedores habilitados para cada una de ellas. La normativa incluye también los contenedores específicos para el residuo textil, las baterías y pilas, el aceite usado de cocina y la recogida ‘puerta a puerta’ de residuos voluminosos (muebles, aparatos electrónicos, etc.). Todos estos contenedores y servicios de gestión de residuos deben usarse como rige la normativa para evitar las sanciones.
Del mismo modo, la nueva ordenanza establece que los nuevos edificios deben tener, por norma, una cámara o espacio destinado a instalar los diferentes contenedores para el uso comunitario, y evitar así que los residuos lleguen a la vía pública. Esta cámara de residuos deberá estar situada en la planta baja de los edificios, para facilitar la recogida y transporte de los contenedores hasta el punto de la calle en el que pare el camión de recogida de las basuras. Quedan exentos de esta norma todos los edificios construidos recientemente en núcleos antiguos o de densificación urbana.
Una vez definidas las directrices y normas, la ordenanza también recoge las posibles faltas, así como las multas a aplicar en caso de incumplimiento de la normativa. Según la ordenanza, queda prohibido abandonar residuos fuera de los contenedores; tirar residuos potencialmente peligrosos a los contenedores o papeleras; tirar bolsas de basura dentro de las papeleras en vez de en sus respectivos contenedores y depositar cajas o paquetes en las papeleras de la ciudad. Tampoco está permitido coger residuos de los contenedores, ya que una vez depositados pasan a ser propiedad municipal y requieren autorización.
Estas infracciones conllevan sanciones económicas que varían según el nivel de gravedad de la falta. Las infracciones leves suponen una multa que puede llegar hasta los 2.000 euros; las graves oscilan entre los 750 y los 100.000 euros. Las faltas más graves suponen una multa de, como mínimo, 1.500 euros, aunque pueden llegar a alcanzar los 3.500.000 euros.
La ordenanza contempla también cambios en el método de recogida de los residuos: en determinados grupos de la ciudad, el método tradicional podría cambiarse por el modelo ‘puerta a puerta’ que ya lleva un tiempo aplicándose en varios barrios del municipio y en varias ciudades del Baix Llobregat. Además, la ordenanza está abierta a un posible sistema de identificación de los usuarios en los contenedores, que podría llegar a implementarse en un futuro para cumplir los objetivos de recogida selectiva que plantea la ordenanza.