Y es que el secarral que nos azota desde agosto de 2022, cuando las reservas de agua de los pantanos empezaron a desplomarse y las nubes se cerraron a cal y canto, no ha cesado. La pesadilla sigue. Las lluvias de los últimos meses han sido insuficientes –porque no ha llovido en la cabecera de los ríos, que es donde hacía falta- y los embalses menguan de nuevo. La retirada de las medidas de excepcionalidad, que prohibían el riego de jardines y huertas, el llenado de piscinas o que restringían el consumo de agua por persona, entre otras, nos hizo creer –falaciosamente– que ya estaba, que ya se habían acabado las rogativas, y entraríamos en el otoño sin más preocupaciones que ir preparando la Feliz Navidad. Pero los Reyes Magos nos van a traer más de lo mismo: excepcionalidad y restricciones si no llueve a ‘bots i barrals’ y donde tiene que hacerlo, en el Pirineo.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este verano ha sido insólito: se ha posicionado como el sexto más cálido desde que se documentan las temperaturas y también como el sexto más lluvioso del siglo XXI. Y el otoño recién estrenado apunta a que se parecerá al estío en lo cálido -con temperaturas superiores a lo normal- pero no en lo seco: se espera solo un poco más que las lluvias rácanas del año pasado. Eso hará que, según las previsiones (si se mantienen la pauta de consumo y el índice de precipitaciones del 2023), a final de año los pantanos estén de nuevo semivacíos, al borde de los 140 hm3 que señalan el inexorable reinicio de la fase de excepcionalidad.
Aunque hay que seguir ojo avizor y no bajar la guardia, desde todos los ámbitos se está llamando a la prudencia y a aceptar lo que se nos viene encima con cierta normalidad. Porque las prisas son malas consejeras. En los peores momentos de la sequía, al final el Govern de la Generalitat, entonces comandado por Pere Aragonès (ERC), se puso manos a la obra. No sin cierta precipitación, concretó un plan de medidas que al menos sirvió para parar el golpe hasta que arrancó a llover, pero con la vista puesta en 2027, que es cuando se prevé que entren en servicio las infraestructuras que se han programado, como las desaladoras de la Tordera y el Foix. El nuevo President, Salvador Illa, se ha comprometido a poner una marcha más y ha anunciado un Plan de Respuesta Urgente contra la Sequía (PRUS) dotado con 70 millones de euros en ayudas solo para el Priorat, una de las comarcas más castigas. Aun así, los engranajes de la coordinación entre los diferentes usuarios del agua -agricultura, industria y ciudadanía- deberían engrasarse aún más, conformando un organismo que los englobe a todos, como sugiere el vocal del Consejo Nacional del Agua, Jordi Codina
Y es que hace falta una democratización también del suministro de agua. Por ejemplo, a los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat se les ha vetado el uso de agua del acuífero del Delta para el riego –en caso de excepcionalidad- y se les ha abocado al agua regenerada, de unas propiedades y una calidad que no satisfacen las necesidades de los cultivos. Por eso piden que se les deje mezclar el agua subterránea con la procedente de la desaladora de El Prat. Otro gallo cantaría si funcionara la desalobradora de Sant Boi construida en 2009 (y que sigue sin estrenarse, como denunció El Llobregat en su edición de marzo) porque al menos el problema de la calidad del agua de riego ya estaría resuelto.
Hablar del acuífero del Delta supone abrir otro melón y otro debate: el del precio del agua. Porque los usuarios de pozos del acuífero disponen de un ingente suministro a un precio hasta tres veces por debajo del que pagarían si se conectaran a la red de distribución como todo hijo de vecino. Se supone que durante la etapa de excepcionalidad también se ha restringido el uso de agua subterránea, pero hay suspicacias porque es muy difícil probar si en realidad se ha cumplido.
En unos tiempos en los que el recibo del agua está grabado con cánones e impuestos (se paga más por la carga impositiva que por el consumo) parece lógico pensar que un bien de utilidad pública como el acuífero del Delta debería poder repartirse mejor –entre los payeses, por ejemplo– cuando vienen mal dadas, recordando a sus beneficiarios la suerte que tienen de poder disponer de un bien tan escaso y preciado por debajo de su precio de mercado. Eso sin olvidar que el acuífero del Delta puede agotarse si acaba sobre-explotado o si alguna de las recientes prospecciones de Sant Boi y Santa Coloma de Cervelló bombean agua con todo el músculo del que disponen y lo vacían. Porque poder, pueden.
Y hay que ir pensando también en soluciones definitivas. Quien sabe si en la interconexión puntual de cuencas, como sugiere el Observatorio Intercolegial del Agua, un ente que aúna a los colegios de ingenieros, agrónomos y economistas catalanes. III